EL MUNDO Editorial 22/01/14
· Según un documento incautado a la abogada Arantza Zulueta que hoy desvela EL MUNDO, Sortu ha entregado al Gobierno vasco «una hoja de ruta compartida» para «llevar el conflicto político a su resolución», terminología que ya da idea de que la izquierda abertzale sigue aferrada a su mito de que lo sucedido en las últimas décadas en el País Vasco fue una especie de guerra entre ETA y el Estado.
Algunas de las exigencias de este documento recuerdan mucho a la Alternativa KAS, formulada en 1976 por un grupo de pequeños partidos de la izquierda abertzale y de la que nació Herri Batasuna. Por ejemplo, la exigencia de retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado en un plazo de diez años, que el documento de Sortu incluye en un capítulo títulado Desarme/desmilitarización. En él también aboga por «un proceso controlado, ordenado y consensuado que culmine en el desmantelamiento de las armas y estructuras militares de ETA». Obsérvese que no habla de la disolución de la banda sino de la liquidación de su aparato militar, ya que ETA, como ha dejado claro en su último comunicado, pretende seguir siendo una referencia en la vida política vasca.
Otra de las reivindicaciones de Sortu es la del derecho a decidir, que forma parte del «escenario democrático» y de la solución a ese «conflicto histórico» y que, según apunta el documento, debería ser el objeto de un pacto que no queda precisado entre Sortu y el PNV.
Sortu propone una fase inicial de acercamiento y excarcelaciones selectivas de los presos de ETA, que debería dar paso a la transferencia de la política penitenciaria a los gobiernos de Vitoria y Pamplona. Según esta hoja de ruta, ambos establecerían unas condiciones ad hoc para estos presos que permitirían su rápida liberación. Y Sortu da también mucha importancia a lo que llama «el relato», por el que, tras equiparar a víctimas y verdugos, el Estado tendría que pedir perdón – hacer «autocrítica», dice– por el daño supuestamente causado al pueblo vasco.
Como se puede observar, las peticiones de Sortu en este documento son las mismas que ha defendido siempre ETA y que pretende que sean asumidas por el Gobierno vasco. El Ejecutivo de Vitoria está intentando mantener una posición equidistante entre la izquierda abertzale y la legalidad constitucional, lo que es sencillamente imposible. Lo que Urkullu debería hacer es tirar a la papelera estas delirantes propuestas y negarse a blanquear las peticiones del brazo político de la banda.
De la misma forma, el Gobierno de Rajoy debería mantener una posición de absoluta firmeza frente a esas exigencias de Sortu, que sigue actuando como dócil ejecutor de los designios de ETA. Y ello debería empezar por hacer lo posible por impedir actos como el de Durango o las manifestaciones en favor de los presos, para lo que Rajoy dispone de la Fiscalía y de los servicios jurídicos del Estado. Sortu se aprovecha de los resquicios de la legalidad para intentar destruir la democracia y la convivencia, por lo que el Gobierno no debe bajar la guardia ante este caballo de Troya de ETA, que sigue sin pedir perdón por los crímenes de la banda y que pretende dar lecciones de democracia.
EL MUNDO Editorial 22/01/14