Cristian Campos-El Español
 

La izquierda ha reaccionado con apacible serenidad a la carta de Pedro Sánchez. Entre sus moderadas peticiones, apenas un estado de excepción, el encarcelamiento de los jueces desafectos, la intervención de todos los medios de prensa privados y la ilegalización del primer partido del Congreso de los Diputados. Minucias.

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Cristina Buhigas, periodista de Público y Europa Press, ha pedido «una decisión de Sánchez que destruya legalmente a la ultraderecha de PP y de Vox y realice una segunda transición, como recomienda Javier Aroca«.

«Una decisión que destruya legalmente». Ahí es nada. Ya veo los titulares: Pedro Sánchez decide tras cinco días de reflexión destruir legalmente al PP.

A la izquierda siempre le puede la coquetería. Ellos quieren triturar a sus enemigos como cualquier otro hijo de vecino, pero sin tiznar la excelente imagen que tienen de sí mismos. Así que piden destrucción, masacres y degollinas, pero legales.

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Javier Aroca, efectivamente, va por ahí recomendando segundas transiciones como quien te recomienda un ibuprofeno. ¿Sospechas de corrupción en el PSOE? ¡Hagamos una segunda transición! ¿Un editorial de EL ESPAÑOL criticando la ley de amnistía? ¡Esto se merece una tercera transición! ¿Feijóo vota ‘no’ a un proyecto de ley del PSOE? ¡A por la cuarta transición!

Será por transiciones, oiga.

«Después de lo escrito por Pedro Sánchez, espero que el PSOE, su izquierda y la derecha democrática se den cuenta que ya es hora de la SEGUNDA TRANSICIÓN» dice Aroca en un tuit.

Ojo, «después de lo escrito por Sánchez», como si la carta hubiera aparecido en medio de una zarza ardiente y de ella hubiera emergido una voz aterradora, pero paternal: «Javier, yo soy el que soy y con esta carta te exijo una segunda transición».

Aroca escribe ‘segunda transición’ en mayúsculas para que todos comprendamos que la cosa va en serio. Que no está pidiendo una segunda transición de esas de broma, sino una SEGUNDA TRANSICIÓN como Pedro manda. Una de esas que destruyen legalmente a la derecha no democrática, que es la que le salga de las narices a él.

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El Gobierno se prepara para manifestarse este fin de semana contra la oposición, los jueces, el periodismo y la división de poderes en nombre de la democracia. Y uno comprende el razonamiento: sin jueces, ni oposición, ni periodistas, ni división de poderes, la democracia funcionaría como una seda. Como en Cuba, sin ir más lejos.

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Una colaboradora del programa de Silvia Intxaurrondo pedía «hechos concretos» a Sánchez. Y entre esos hechos concretos, «tocar al Poder Judicial».

Les dejo a ustedes la labor de imaginar qué quiere decir «tocar al Poder Judicial».

También pedía esa tertuliana «la intervención directa de medios que no son medios, de periodistas que no son periodistas, sino corruptos del periodismo, y ver qué es lo que hay que hacer para que dejen de ejercer las cloacas mediáticas, porque el lawfare no existe sin los periodistas corruptos».

La que así hablaba sin que Silvia ‘547.514 €’ Intxaurrondo intercediera en defensa no ya de la democracia, sino de la inteligencia, es Laura Arroyo, colaboradora de Canal Red y de Podemos. Con ese currículo, el expertise de Arroyo en separación de poderes, Estado de derecho y periodismo está más que acreditado y merece ser tenido muy en cuenta.

¡Destrúyase legalmente a jueces y periodistas! ¡Lo dice La 1!

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Tras lamentarse por los presuntos ataques a la familia del presidente, la SER decidió ayer que la mejor forma de predicar con el ejemplo era señalar a la hija del juez que ha osado investigar a Begoña Gómez.

Para que todos nos vayamos entendiendo rapidito.

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La izquierda española desprendió ayer, efectivamente, un fuerte olor a trumpismo.

Veremos quién interpreta el papel de hombre-bisonte este fin de semana.

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Hay que reconocer que no toda la izquierda ha reaccionado pidiendo un golpe de Estado que le evite al presidente la incomodidad que supone soportar a los jueces, a los periodistas y a la oposición.

Algunos le han compuesto un bolero, y no de forma irónica.

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Mención aparte para el propio partido del presidente, el PSOE, que 24 horas después de publicada la carta de Pedro Sánchez sigue creyendo que el presidente está realmente meditando si vale la pena o no ejercer la presidencia del Gobierno.

«Pedro, no te rindas. Claro que vale la pena» le dicen.

Hombre, eso que lo decida él, si acaso. Aunque no creo que los tiros vayan por ahí.

Lo cierto es que en el PSOE son hoy mayoría los que creen que el presidente ya ha decidido rendirse y que no le queda otra salida que la dimisión y la investidura de una sucesora (¿Pilar Alegría?), o la convocatoria de elecciones anticipadas.

Porque anunciar que se queda sería la prueba de que Pedro Sánchez, ese hombre enamorado, ha utilizado a su mujer como carnaza de una estrategia cesarista, por no decir bolivariana, que busca la adhesión a su persona como mesías del antifascismo.

Y eso, claro, no sería estético. Por no decir que sería megalomaniaco e incluso un poco machista.

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36 horas después de la carta de Sánchez sigo sin comprender en qué consiste esa presunta persecución de la que habla el presidente. ¿En las columnas de opinión de los periódicos? ¿En las tertulias en las que se critica tal o cual decisión de su gobierno? ¿En los chistes de dos hormigas de peluche? ¿En los editoriales de Carlos Alsina o de Vicente Vallés? ¿En la denuncia basada en recortes de periódicos de una organización de extrema derecha no ya minoritaria, sino unipersonal? ¿En la decisión de los jueces de aplicar las normas del Estado de derecho? ¿En la insistencia de la oposición en oponerse?

Dónde está ese agravio que yo lo vea.

Niego la mayor. No sólo no existe persecución alguna contra Sánchez más allá de la labor judicial, política y periodística habitual en cualquier democracia con separación de poderes, libertad de expresión y libertad ideológica, sino que el actual presidente del Gobierno ha sido uno de los políticos españoles que menos ha tenido que sufrir los inconvenientes que suele acarrear el cargo.

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«No es una decisión política, ni electoralista, ni tacticista, ni maquiavélica» decían ayer fuentes del PSOE. «Ni siquiera es una decisión forzada por la posible existencia de indicios de corrupción. Es una decisión personal. Personalísima, de hecho«.

Es una posibilidad, sí. El círculo afectivo de un presidente del Gobierno es muy estrecho y si las circunstancias judiciales y políticas amenazan con intoxicarlo, parece lógico cortar por lo sano y distanciarse de la fuente de la ponzoña.

Pero dos elementos discordantes cuestionan esa tesis y todas las demás que se han elaborado durante las últimas horas para explicar la extraña conducta del presidente.

La primera es que la levedad de la amenaza (la denuncia de corto recorrido de Manos Limpias) no se corresponde ni por asomo con la bomba termonuclear con la que el presidente ha respondido a ella.

La segunda es ese periodo de reflexión de cinco días. ¿Qué sentido tiene, a qué intereses obedece y en qué lo está ocupando el presidente más allá de en «hablar con su mujer»?

Aquí hay detalles que no se han explicado, que probablemente ni su círculo más cercano conoce, y que han provocado la extravagante reacción del presidente.