Tricornios y votos

J. M. Ruiz Soroa, EL CORREO, 19/8/12

La sociedad vasca no es una sociedad ‘normal’ en el sentido sociopolítico del término

Las reacciones negativas que provoca el proyecto del Gobierno de integrar en el censo electoral vasco a quienes tuvieron que expatriarse por fuerza de la presión terrorista son en verdad dignas de estudio, por la sencilla razón de que ponen de manifiesto un hecho básico que casi nadie quiere aceptar: que la sociedad vasca no es una sociedad ‘normal’ en el sentido sociopolítico del término, sino una profundamente ‘anormal’ por cuanto ha experimentado durante casi medio siglo un proceso terrorista de marcaje y depuración étnica con consecuencias a largo plazo. Nuestra clase política nacionalista o vasquista está dispuesta a parlotear sin cesar acerca de la necesaria ‘memoria’ de lo ocurrido, pero se niega rotundamente a hacer esa memoria. Y así se convence de que ésta es una sociedad normal, como cualquier otra europea, que no merece contar con censos de expatriados.

Una simple comparación: la denominada Ley de Memoria Histórica 52/2007 reconoció la nacionalidad española a los hijos y nietos de los exiliados de España desde 1936 hasta 1955, con lo que, automáticamente, les incluyó en el censo electoral. Más de 400.000 personas han solicitado acogerse a esta recuperación en los primeros tres años de vigencia de la ley. Absolutamente nadie, ni fuerzas políticas ni doctrina constitucionalista, encontraron en su momento razón de crítica alguna para este reconocimiento retrospectivo de la nacionalidad y voto españoles, de puro evidente que era su justicia. Nadie criticó el hecho de que, según las normas reglamentarias de desarrollo, se estableciera una presunción de veracidad del exilio forzoso para todos los salidos de España entre esos años, sin necesidad de aportar ‘certificados’ de exilio político. Lo cual era bastante razonable dado que a nadie se le otorgan este tipo de certificados en el curso ordinario de las cosas. Nadie dijo: ¡Cuidado, así se cuela cualquiera!

Más aún, a los miembros de las Brigadas Internacionales se les concedió la nacionalidad española por el mero hecho de haber sido brigadistas en la Guerra Civil, sin necesidad de renunciar a la que poseyeran ya. Un reconocimiento a su abnegado altruismo (que no excluye casos concretos de salvajismo).

¿Escucharon ustedes por aquellos años alguna crítica a esa ‘adulteración’ del censo? No. Y es que todos sabíamos que la sociedad española no era una sociedad plenamente ‘normal’ desde el momento en que en su pasado había tenido lugar una expulsión de parte de esa sociedad por razones ideológicas. A pesar de que habían transcurrido más de cincuenta años, se aceptó corregir los efectos de una realidad histórica torcida, lo cual honra al Gobierno que lo propugnó y realizó. ¡Qué distinta es la situación ahora, a pesar de que los exiliados viven todavía! ¿Será que hay que esperar a que sólo queden los nietos para reconocer la vergüenza histórica de una sociedad?

Pero no acaban aquí los motivos de interés que suscitan las reacciones contra el proyecto gubernamental. Hay otro que me resulta singularmente llamativo, porque pone de manifiesto hasta qué punto es cierto (como dicen Gaizka Fernández Soldevilla y Raúl López Romo en ‘Sangre, votos y manifestaciones’) que ha sido ETA la principal agente de socialización en Vasconia durante un largo período, hasta el punto de que hoy (por duro que pueda parecer el decirlo) la sociedad piensa dócilmente en los términos establecidos por ETA, los acepta como propios sin reflexionar en que son las palabras y los conceptos de ETA y no los suyos originales. Me refiero a esa exclamación entre dolorida y asqueada que profieren casi todos los comentaristas, sean nacionalistas, vasquistas o mediopensionistas al hablar del proyecto: «Entonces, dicen, con este nuevo censo, ¡¡podrían votar los guardias civiles y policías que estuvieron destinados cinco años en Euskadi!! ¡¡Qué horror!!».

No se trata de que la idea sea en sí misma absurda. Es patente que los guardias civiles no se domiciliaban legalmente en Euskadi, basta recordar cómo se los llevaban cadáver a su pueblo para enterrarlos allí. Por otro lado, es bastante estúpido imaginar siquiera que la Guardia Civil y la Policía se van a censar todos de golpe, al silbato del Gobierno, en el censo de exiliados para poder así votar al PP. No, no se trata de eso. De lo que se trata es de la asunción subliminal por parte de casi todos de que la imagen de ‘policía’ o ‘guardia civil’ es la de un alien repugnante e incompatible por sí mismo con la sociedad vasca ( ‘txakurra’). Por eso éste es el reproche de más seguro impacto que puede dirigirse al proyecto del Gobierno: que puede provocar que un guardia civil vote en vasco. Y es que son las palabras marcadas por ETA y los abertzales las que nos piensan a la sociedad vasca, no nosotros los que pensamos libremente.

Si pensásemos por nosotros mismos, resultaría que han sido precisamente la Guardia Civil y la Policía las que nos han liberado del terrorismo. Han sido ellos los que han muerto a granel y sin alharacas –y sin desearlo– por esta sociedad. Hasta es posible que pensásemos que se merecerían ser declarados ciudadanos vascos honorarios, como lo fueron los brigadistas internacionales de la guerra. Es una idea bastante razonable que, sin embargo, sé que provocará el rechazo indignado o la rechifla de casi todos los lectores. Lo dijo ETA y lo repetimos todos en su momento, «que se vayan, se vayan…». Y seguimos pensando en sus términos, por mucho que parloteemos a tontas y a locas de ‘memoria’.

Digno de estudio, sí señor.

J. M. Ruiz Soroa, EL CORREO, 19/8/12