EL CORREO 14/10/14
FLORENCIO DOMÍNGUEZ
El escándalo de las tarjetas negras de Caja Madrid se ha convertido en una carga de profundidad que ha dejado tocados a todos, partidos, sindicatos y patronales, y que ha provocado la generalización de la desconfianza en la clase política y un grado notable de desmoralización ciudadana. Este episodio viene a sumarse a la lista de actuaciones de corrupción que cada día se amplía con algún caso nuevo.
Entre la ciudadanía se extiende la idea de que existe una corrupción generalizada a la que nadie escapa, sea cual sea el color político que represente. Son tantos los casos que han salido a la luz que ha perdido casi toda su eficacia el argumento, cierto, de que la mayoría de los cargos públicos son honrados, que hacen su trabajo por vocación de servicio, no por intereses personales, y que muchos sacrifican oportunidades profesionales por intervenir en política.
El hecho de que aparezcan salpicadas primeras figuras de la vida pública, como Pujol, Rato o el sindicalista Fernández Villa, por mencionar sólo las últimas hornadas, agudiza el desánimo social porque la gente de a pie se queda sin referentes. Y si, además, como ha ocurrido con las famosas tarjetas negras, las implicaciones salpican de golpe a todo el arco político y sindical, se esfuma la esperanza de que la regeneración ética y democrática se produzca mediante la alternancia en el poder. Hubo un tiempo en el que la corrupción no era castigada en las urnas porque las cosas iban bien para la mayoría de las personas y los electores preferían hacer la vista gorda. La crisis económica que padecen millones de familias ha reducido los márgenes de tolerancia y eso se empieza a reflejar en las encuestas.
El panorama queda despejado para el ascenso de los movimientos populistas que, a partir de la impugnación radical del sistema dañado, ofrecen recetas milagro para reconstruir un tejido social devastado por la crisis económica y la desconfianza en los partidos clásicos. Es a estos partidos a los que corresponde reaccionar con rapidez y contundencia si aspiran a frenar la pérdida de credibilidad. Recuperar la confianza evaporada no es fácil aunque haya ceses y dimisiones: la lentitud de la justicia para depurar responsabilidades penales no ayuda en ese proceso de saneamiento.