ABC 29/03/14
La «izquierda abertzale» tendrá su largamente ansiada «comisión de la verdad» que, promovida por el Gobierno vasco del PNV, revisará las miles de denuncias de torturas suscitadas en el último medio siglo, la gran mayoría por el entorno de ETA y Batasuna, contra los Cuerpos de Seguridad del Estado, también la Ertzaintza. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu, según la previsión presupuestaria de su Plan de Paz y Convivencia, destinará 150.000 euros para impulsar esta tarea, que tiene como principal hito la realizacion de una «investigación rigurosa e independiente» sobre la «incidencia real» de la «tortura» en España. Un «fenómeno factible» que «no puede considerarse superado» ni una cuestión «incidental o esporádica», dice el Ejecutivo de Vitoria.
· Metodología: Escucharán a quien afirme haber sido torturado, «(5.000 a 10.000 casos»), sin que lo acreditara un juez
· Acusación: El Gobierno vasco habla de «opacidad» e «impunidad» en las comisarías y ve «factibles» los malos tratos
El equipo de Jonan Fernández, el secretario de Paz de Urkullu, habla de «entre 5.000 y 10.000 alegaciones» de malos tratos a ciudadanos vascos, aunque solo una veintena han sido acreditados por un juez. Según «Euskal Memoria», la fundación de la «izquierda abertzale» que escribe su propio «relato oficial» del «conflicto» entre dos bandos (ETA y el Estado, ambos violentos), hay 4.774 vascos «torturados». Urkullu fiscalizará todas las denuncias desde 1960 hasta 2010.
Un estudio «científico»
El informe «científico» ha sido encargado al reputado forense Francisco Etxeberria, cuyo trabajo fue decisivo en los casos de los niños de José Bretón y en el de los etarras asesinados por el GAL Lasa y Zabala, o en la exhumación del expresidente chileno Salvador Allende. Etxeberria, quien ha tenido también un papel relevante en las fosas de la Guerra Civil, dirigirá un grupo de expertos de la Universidad del País Vasco (UPV), que iniciarán el estudio a partir de junio. En tres fases, se pretende establecer una «cuantificación solvente» del número de alegaciones de tortura, atendiendo únicamente al testimonio de los que afirmen haberlas sufrido. Para acreditar la «credibilidad» de los relatos se seguirá el «método de evaluación pericial» basado en el Protocolo de Estambul, internacionalmente aceptado.
El forense defendió ayer la «legitimidad» de su nueva tarea en pos de «los derechos humanos». «La tortura es el crimen mejor escondido desde el punto de vista institucional», dijo, negando que vayan a «competir» con los tribunales de Justicia, que ya estudiaron los casos denunciados. Aunque alegar torturas en las comisarías ha sido una práctica habitual de los miembros de ETA, como figuran en manuales de la banda, apenas una veintena de casos concluyeron en sentencia.
Con esta iniciativa, Urkullu satisface una de sus principales reivindicaciones históricas de ETA y Batasuna. El PNV ya pactó en febrero con Bildu en el Parlamento vasco la puesta en marcha del informe, que partirá de un peritaje anterior encargado en la etapa de Juan José Ibarretxe. Según se recoge en la dotación presupuestaria del Plan de Paz que lidera Jonan Fernández, el Gobierno vasco destinará tres dotaciones económicas de 50.000 euros por año, hasta 2016.
También anunció este mes su intención de investigar los crímenes de ETA sin resolver, para lo que encargó otro informe, dotado con 16.850 euros.
El Ejecutivo del PNV sostiene que la tortura en España es un «fenómeno factible» por la detención incomunicada de quienes son relacionados con delitos terroristas. Un espacio temporal «exento de control» y marcado por la «opacidad» que crea «condiciones de impunidad» y «propicia» prácticas de malos tratos, aseguró ayer Jonan Fernández en San Sebastián.
El objetivo final de Urkullu es adoptar medidas de «reconocimiento, reparación y prevención» para las personas a las que se acredite que sufrieron torturas.