EL CORREO 02/04/14
· Decidirá en cuestión de días si destituye a Txema Urkijo por una crisis que pone de relieve sus viejas desavenencias con Jonan Fernández.
· Josu Erkoreka: El Gobierno estudiará las «explicaciones» del asesor para «evaluar su gestión como cargo público»
La secretaría de Paz y Convivencia se ha convertido en el departamento presumiblemente menos pacífico del Gobierno vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, decidirá en breve sobre la continuidad de su asesor en materia de víctimas del terrorismo Txema Urkijo, tras conocerse que retuvo durante año y medio una carta del preso de la ‘vía Nanclares’ Kepa Pikabea con destino a un guardia civil herido en un atentado. El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, evitó ayer cualquier gesto de respaldo hacia el consultor y se limitó a señalar que su caso será «evaluado» tras escuchar sus «explicaciones»; un trámite cumplido este pasado fin de semana, durante el que Urkullu ha mantenido una larga reunión con él.
La polémica amenaza con poner en entredicho el futuro de Urkijo dentro del gabinete, al que entró hace doce años bajo el mandato de Juan José Ibarretxe y en el que ha permanecido con los sucesivos gobiernos del PSE y, de nuevo, del PNV. Pero también evidencia lo que es un secreto a voces desde hace tiempo: las fuertes desavenencias, incluso personales, entre el asesor y su jefe, Jonan Fernández, a quien el lehendakari situó por encima suyo en enero de 2013 como un fichaje estrella para dirigir el área de Paz en la fase posterior al cese de la violencia de ETA.
El único borrón –al menos, con difusión pública– en el historial institucional de este abogado alavés de 51 años que ha contribuido a normalizar las relaciones del Ejecutivo vasco con las asociaciones de víctimas salió a la luz la semana pasada, a raíz de que el guardia civil Miguel Ángel Madariaga mantuviera una reunión privada con Pikabea en la cárcel alavesa de Zaballa. El agente, herido durante los ‘años de plomo’ en un atentado en Andoain, preguntó al etarra el motivo de que no le hubiera respondido a dos cartas –la última fechada en junio de 2012– en las que le pedía información para aclarar varias acciones de la banda. Pikabea aclaró que sí lo había hecho mediante una misiva que entregó en su día a Txema Urkijo para que se la hiciera llegar a Madariaga.
El asesor del Gobierno vasco admitió que, en efecto, en aquella época se quedó con la carta porque entonces no consideró garantizadas las condiciones de «discreción» que le exigía el recluso para le entrega. Tras este reconocimiento, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) exigió su dimisión al considerar que actuó «como un gran censor» que pasó «por encima del derecho a la verdad y a la reparación». UPyD también ha pedido explicaciones al Ejecutivo.
Resulta significativo que ni Jonan Fernández ni ayer el portavoz del Gobierno hayan dado una mínima muestra de apoyo a su asesor desde que se destapara el escándalo. Es más, Erkoreka prefirió acotar el asunto y dijo que el lehendakari aguarda a conocer las explicaciones del consultor –paradójicamente, ya había hablado con él durante el fin de semana– antes de tomar «las decisiones oportunas». Y puntualizó que los hechos ocurrieron bajo el anterior mandato socialista, por lo que eran «desconocidos por este Gobierno».
El portavoz dejó traslucir, eso sí, y de un modo infrecuente cuando se trata de cargos de confianza, el malestar del gabinete jeltzale con su consultor. Erkoreka subrayó que la confirmación de que Urkijo retuvo la carta del preso etarra constituiría una «información relevante y fundamental para evaluar la gestión de un cargo público», aunque no quiso realizar «un pronóstico» sobre si tal actitud supondría una infracción al código ético firmado por los altos cargos del Gobierno.
Más allá de la ocultación, la polémica revela la discordia en el seno de la secretaría de Paz y la química inexistente entre el equipo de Jonan Fernández y Txema Urkijo, cuyas discrepancias son bien conocidas incluso en algunos círculos de víctimas del terrorismo. Casualmente, los dos se iniciaron en movimientos sociales, aunque de una ideología y metodología muy diferentes: Fernández, antiguo concejal de HB en Tolosa, en la plataforma Elkarri, y Urkijo como impulsor de Gesto por la Paz a finales de los años 80.
Este abogado de Llodio ingresó en 2002 en el área de Derechos Humanos del Ejecutivo de la mano de Joseba Azkarraga, consejero de Justicia por EA en el equipo de Ibarretxe. Tres años más tarde dimitió, aunque fue recuperado para formar parte de la dirección de Atención a las Víctimas como ‘número dos’ de Maixabel Lasa. Tras la etapa del socialista Patxi López y con el nuevo organigrama implantado por Urkullu, pasó a ser asesor de la secretaría liderada por Jonan Fernández, con el que ha pasado a desempeñar labores de menor relevancia, al menos pública, y con el no ha coincidido en actos oficiales en meses.
Nuevo enfrentamiento
Ayer, sin embargo, coincidieron en una reunión del Consejo de Participación de Víctimas. Quizás espoleados por la última crisis, ambos pusieron nuevamente de manifiesto su enfrentamiento durante la reunión. Urkijo puntualizó en varias ocasiones las explicaciones que ofreció su todavía jefe en relación a la atención a los afectados y sostuvo que el memorial «no es una prioridad» para el Gobierno de Urkullu, al que sí interesa la política penitenciaria.
Ahora, ese mismo Ejecutivo estudia cómo solucionar el futuro de Txema Urkijo, un «asunto comprometido», según fuentes próximas al gabinete, que aseguraron que el lehendakari no pidió la dimisión a su asesor en los encuentros –en persona y por escrito– que mantuvieron este fin de semana. En realidad, el gabinete parece esperar que sea él mismo quien –empujado por las críticas y la polémica– se marche. Algo que, al parecer, no figura en el radar de Urkijo. Tras doce años como cargo de confianza con gobiernos de distinta ideología, éste habría confesado a su círculo más cercano que no está dispuesto a dimitir.
EL CORREO 02/04/14