Urquijo recurre contra otros siete ayuntamientos por enviar sus actas solo en euskera

EL CORREO – 14/01/15

· Son ya 13 los consistorios guipuzcoanos que han sido denunciadas por el delegado del Gobierno.

El delegado del Gobierno central en Euskadi, Carlos Urquijo, ha anunciado que recurrirá ante los tribunales la decisión de siete consistorios guipuzcoanos pertenecientes a la mancomunidad de ayuntamientos euskaldunes UEMA de remitir sus actas solo en euskera. Los recursos presentados por ese motivo contra Beizama, Amezketa, Elgeta, Gaintza, Oiartzun, Oñati y Usurbil se suman a los que hace un mes presentó por la misma razón contra los ayuntamientos de Aduna, Arama, Altzaga, Antzuola, Bergara e Itsasondo. Del mismo modo, a instancias de Carlos Urquijo, se ha recurrido también la decisión del Ayuntamiento de Zerain se incorporarse a UEMA, tal como se hizo en su día con el acuerdo que en el mismo sentido adoptó Berastegi.

Por medio de una nota, la presidenta de UEMA, Malen Belastegi, calificó ayer de «muy grave» la situación en la que quedan los citados municipios como consecuencia de la presentación de los recursos. «Se nos está diciendo que el euskera, en caso de que no se utilice también el castellano, no tiene valor oficial en las relaciones entre las administraciones», afirmó, apuntando que «tomando como base la actual Ley del Euskera no tenemos la seguridad de que los tribunales vayan a darnos la razón».

Valorar la posibilidad de modificar normativa es, de hecho, una de las alternativas que plantea Belastegi. Y asegura que no es suficiente «mostrar el apoyo a los municipios que han recibido los recursos». Recursos que «se acumulan unos sobre otros de manera que ya podemos decir que la actuación de Urquijo condiciona los esfuerzos de quienes trabajamos en la promoción del euskera».

También contra la Diputación

Aunque los tribunales no se han pronunciado todavía, el pasado mes de diciembre la comisión de coordinación de las Administraciones Públicas en materia de Política Lingüística, Hakoba, concluyó en base a un informe jurídico presentado por el viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, que redactar solo en euskera las actas de los órganos de decisión de los organismos públicos es legítimo y la causa abierta contra municipios que en algunos casos llevan años con esa práctica carece de fundamento legal.

Otras de las actuaciones institucionales relacionadas con el euskera cuestionadas por Urquijo es el plan de normalización del euskera de la Diputación de Gipuzkoa (EH Bildu). Ayer, la portavoz del ente foral, Larraitz Ugarte, aseguró que recursos como el anunciado por Urquijo «manifiestan un odio en contra» del euskera y mostró «la tranquilidad y confianza» del Gobierno foral ante un plan que, según señaló, «respeta toda la normativa, cuenta con el aval de los juristas que han revisado a fondo el acuerdo», asegurando que en ningún caso se pretende «marginar a las personas que hablan en castellano».

El delegado del Gobierno en el País Vasco ya dio a finales de noviembre del año pasado la orden a la Abogacía del Estado para que interpusiera un recurso contra la colocación de nueve paneles informativos en las carreteras de Gipuzkoa en los que se recuerda a los conductores que viajan por «Euskal Herria-Basque Country». Urquijo señaló entonces que dichos paneles «incumplen la Ley de normalización del uso del euskera». Estas señales vulnerarían el artículo que indica que «las indicaciones de tráfico instaladas en la vía pública estarán redactadas de forma bilingüe respetando en todo caso las normas internacionales y las exigencias de inteligibilidad y seguridad de los usuarios».

Una normativa que incumplirían los nueve carteles –con un coste de 91.000 euros– ya que las referencias a los lugares de interés que incluye están en euskera, al igual que la «marca nacional», que además está traducida sólo al inglés. Según la delegación de Gobierno, el proyecto no respeta tampoco el artículo 56 de la Ley de Tráfico, que señala que «las indicaciones escritas se expresarán al menos en el idioma español oficial del Estado».

EL CORREO – 14/01/15