EL MUNDO – 20/03/15
· El caso es que el alarmismo de Valls tenía una profunda justificación política. Porque ayer el jefe del Ejecutivo francés presentó un polémico proyecto de ley que el próximo abril será votado en la Asamblea Nacional y que, en última instancia, lo que busca es conceder nuevos y extraordinarios poderes a los servicios secretos franceses en su lucha contra los yihadistas. El problema es que según las organizaciones en defensa de los derechos civiles, ese texto supone un flagrante atentado contras las libertades individuales.
La legislación que Manuel Valls –socialista, recordemos– quiere aprobar contempla, por ejemplo, que las conversaciones de una persona pueda ser grabadas y sus comunicaciones interceptadas sin la preceptiva autorización judicial, como hasta ahora era de rigor. Además, y siempre en nombre de la lucha contra el yihadismo, autoriza el uso de modernas tecnologías a la hora de espiar a posibles sospechosos de mantener contactos terroristas.
Así, los agentes franceses podrán utilizar el IMSI Catcher, un artilugio que permite registrar conversaciones telefónicas, por internet o mensajes de texto que se produzcan en determinada área. Y también podrán servirse en sus pesquisas de instrumentos como el Keylogger, un dispositivo que registra las pulsaciones que una persona realiza en un teclado, memorizarlas y enviarlas vía internet. Además, si el proyecto se convierte en ley, los miembros de los servicios secretos también podrán usar cámaras secretas o micrófonos ocultos para espiar a sospechosos. Todo ello, sin necesidad de que un magistrado valore si hay indicios suficientes de que una persona podría estar manteniendo relaciones con células terroristas.
«La guerra contra el terrorismo, Francia la conduce a través de la fuerza de la ley», destacaba ayer el primer ministro francés, saliendo así al paso de quienes critican el texto. «No habrá una vigilancia en masa», destacaba, rechazando asimismo que la normativa sea una versión francesa de la Patriot Act, la ley antiterrorista que Estados Unidos aprobó tras el 11 de Septiembre.
Pero Valls también defendía la necesidad de Francia de vigilar de cerca a las 1.900 personas que se estima que en el país mantienen relaciones con círculos yihadistas. Hace unos días, ya advertía que hasta 10.000 europeos podría tomar las armas y sumarse de aquí a fin de año a los terroristas del IS en Irak y en Siria.
Los argumentos del primer ministro francés no convencen a las ONG. «Con el pretexto de mejorar la vigilancia, vamos a poner en marcha un sistema que potencialmente acabará con la libertad», dice Pierre Tartakowsky, al frente de La Liga de Derechos Humanos. Los franceses, sin embargo, parecen respaldar mayoritariamente los planes de Valls. Según una reciente encuesta, siete de cada 10 franceses apoyan esa medida.