EL MUNDO 18/02/15
SANTIAGO GONZÁLEZ
Recordarán ustedes que el pasado miércoles el número dos del PSOE, César Luena, compareció ante los medios para anunciar la destitución de la Ejecutiva del Partido Socialista de Madrid. Y dijo Luena que la imagen pública del PSM corría riesgo de deterioro como consecuencia de las investigaciones acerca del sobrecoste del tranvía de Parla, así como aspectos de la operación Púnica que afectaron a su sucesor en la Alcaldía de la citada localidad madrileña.
Que Tomás Gómez es un desastre en el gobierno de las cosas públicas es un secreto a voces. No descarto yo la posibilidad de que los socialistas sean muy partidarios de la medicina preventiva, pero la parte del discurso de Luena que alentaba la sospecha sobre posibles responsabilidades de Gómez no estaba sustentada por hechos, ni siquiera por indicios. Tomás Gómez no estaba imputado en causa alguna. Es muy notable que, una semana después, la citación por el Tribunal Supremo en calidad de imputados, estos sí, de los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía antes de Susana Díaz, los mismos socialistas que jalearon la destitución de Gómez se han puesto exquisitos a distinguir entre imputaciones e imputaciones para hacer coincidir la imputación descalificatoria con la apertura del juicio oral.
Seguramente la Justicia española debería ser más precisa en su terminología y establecer una diferencia nítida entre los conceptos de investigado e imputado, que entraña la existencia de indicios, de una sospecha. La presidenta de la Junta explicó con pocas ambigüedades el 6 de noviembre último: «Cualquier persona que resulte imputada por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía va a tener que dejar el escaño. Esto no es Madrid ni Valencia y no va a haber imputados sentados en sus escaños». «En el momento de la imputación», dijo el joven Sánchez. El PP que reclama a Sánchez y a Díaz que pidan a Chaves y a Griñán sus actas de senador y diputado, no ha hecho nada parecido con el presidente de Ceuta, el senador Juan José Imbroda, por un presunto delito de prevaricación.
Mientras, los socialistas baleares van a constituir alianzas de amplio espectro para poder asaltar el poder municipal. La cuestión es meridiana. Ya habían renunciado a la decencia en anteriores elecciones autonómicas, ¿por qué habrían de ponerse estrictos en cuestiones puramente municipales? Dos veces se aupó al Gobierno balear Francesc Antich con los escaños de la Unió Mallorquina de Maria Antònia Munar, corrupta pregoná, sin hacerle ascos al tema. ¿Por qué no van a hacer pactos locales con Podemos? También Matas gobernó con el apoyo de Munar, en 2003, a pesar de que tenía mayoría absoluta, lo cual revela mucho vicio. Queda el consuelo de que dos de los protagonistas de esta historia están cumpliendo condena.
Pero Andalucía es mucha Andalucía. Y no les digo Ceuta, que está aún más abajo y es la ciudad natal de Chaves. Ya se lo recordaba Manolo el del Bulto a la locomotora que soltó un chorro de vapor a su paso en la estación de Atocha, después de haber traqueteado sin parar durante todo el viaje: «Esos cojones en Despeñaperros».