Un mapa de Europa muestra a Cataluña como una nación distinta de España, en un color diferente para que quede claro que no es el mismo país. Una lección falsa para los alumnos catalanes de Primaria, pero que se imparte en los colegios. Un ejemplo del adoctrinamiento político que emplea como punta de lanza los libros de texto. Y un problema ante el que el Gobierno reconoce su limitación e incapacidad de actuación. La competencia para supervisar libros de texto es de las comunidades y el Ejecutivo justifica que sólo puede intervenir si existe una denuncia previa.
Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, confirmó ayer que aunque un libro de texto enseñe lecciones que contravienen el rigor y el respeto de los valores constitucionales, la responsabilidad del Gobierno es subsidiaria y, por tanto, no puede actuar de oficio frente a cualquier distorsión en la enseñanza de la Historia común a todos los españoles. Sólo puede intervenir mediante la interposición de una denuncia que alerte de ello. «La función que tiene el Ministerio de Educación es una función subsidiaria, corresponde a las comunidades velar por ese rigor y al Ministerio de Educación velar por que las comunidades cumplan con ese rigor».
Un informe del sindicato catalán de profesores AMES ha comparado los manuales de Ciencias Sociales de 5º y 6º de Primaria de las siete principales editoriales que distribuyen en Cataluña. La conclusión es que en los textos que manejan los alumnos de entre 10 y 12 años hay «planteamientos ideológicos partidistas» y «tendenciosos».
Más aún, José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, confesó hace unos días en el Congreso que reciben presiones para ajustar los contenidos de los textos a los decretos autonómicos. Moyano expuso cómo «en una misma comunidad autónoma, al tener que ir a una Consejería de Educación», le han pedido «que se trate el contenido de una manera o de otra cuando ha habido alternancia política». «Eso ha ocurrido por parte de la Consejería de Educación y en función de la alternancia política. Hemos tenido en algunas comunidades que retirar libros en un momento determinado y cuando ha habido cambios políticos nos han pedido que se vuelvan a restablecer».
«Este Gobierno comparte algunas de las reflexiones realizadas», enfatizó ayer Méndez de Vigo sobre las denuncias realizadas por Moyano, mostrando su disposición a cambiar la ley para poner en marcha un sistema de control de contenidos de los libros de texto «más eficaz».
Las explicaciones del Gobierno crearon malestar en Ciudadanos, que cuestionó sobre este «adoctrinamiento político» en la sesión de control en el Congreso. «Aquí no vela nadie para garantizar el rigor de los libros de texto en Cataluña», denunció Juan Carlos Girauta, portavoz parlamentario de Ciudadanos. «Se resalta lo que nos diferencia, se oculta lo que nos une y se presenta a Cataluña como una entidad separada de España, en muchos casos enfrentada. Una nación es una trama de afectos y esos afectos se están diluyendo», desgranó en referencia a los libros de texto de Cataluña analizados por AMES.
El enfado de Ciudadanos, que ya abroncó al Gobierno por dejadez ante el decreto de plurilingüismo valenciano que priorizaba esta lengua frente al castellano, quedó patente horas después cuando registró una proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo a que actúe en Cataluña, «cumpliendo con diligencia el procedimiento expuesto en el Pleno del Congreso y que el Ministerio inste a su vez a la Alta Inspección Educativa para que envíe el requerimiento respectivo cuanto antes».
Ante casos de adoctrinamiento político en los libros de texto, cuando hay una denuncia el Gobierno pide la intervención de la Alta Inspección Educativa, que envía un requerimiento a la comunidad; si no hay acuerdo, el asunto termina en los tribunales. Según la ley, la Alta Inspección Educativa tiene como ámbito de actuación garantizar el cumplimento de las facultades que le están atribuidas en materia de enseñanza y la observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y demás normas básicas que desarrolla el artículo 27 de la Constitución.
En su iniciativa, Ciudadanos insta al Gobierno a que la Alta Inspección Educativa establezca un procedimiento de supervisión proactivo. «Las aseveraciones del informe de AMES nos parecieron graves y por eso preguntamos al Govern y al Gobierno. Pero la no respuesta del Gobierno nos parece gravísima. Por eso hemos presentado una proposición no de ley instando a que pidan la intervención de la Alta Inspección Educativa para aclarar los hechos y tomar medidas si se confirma que existen intentos de manipulación a injerencias políticas propias de la propaganda más rancia», explica Marta Martín, portavoz de Educación de Ciudadanos.