LA INFORMACIÓN 10/07/13
Las víctimas del terrorismo arremetieron este sábado contra Mariano Rajoy en los cursos de verano de la Fundación FAES, que precisamente clausurará este domingo el presidente del Gobierno, al tachar de «errónea» la política antiterrorista del Ministerio del Interior y denunciar la «impasibilidad y silencio» del Ejecutivo a la hora de frenar los objetivos políticos e ideológicos de ETA.
Todos esos reproches se pusieron encima de la mesa durante un coloquio sobre la derrota del terrorismo y la memoria de las víctimas de ETA organizado en el Campus FAES 2013, los cursos de verano que la fundación del expresidente del Gobierno José María Aznar celebra esta semana en la localidad madrileña de Guadarrama.
Moderado por el delegado del Gobierno en el País Vasco, el popular Carlos Urquijo, el debate sirvió principalmente para que las víctimas denunciaran que los pasos que se están dando para conseguir la desaparición definitiva de la banda terrorista suponen «la ignominia más absoluta» y, para colmo de las propias familias, está «financiada con el dinero de los contribuyentes».
El secretario general de la Fundación FAES, Javier Zarzalejos, fue el encargado de dar la bienvenida a los ponentes y abrió el turno de intervenciones con una reivindicación de la «generosidad moral» de las víctimas del terrorismo», que «a todos nos identifica y nos ennoblece» y que en momentos como el actual «se echa en falta».
El director del Área de Constitución e Instituciones de la Fundación FAES, Ignacio Astarloa, fue más allá al denunciar que existen «motivos para la preocupación» con el plan de convivencia que ha puesto en marcha en el País Vasco el lehendakari, Íñigo Urkullu.
Astarloa subrayó que, en el final del terrorismo, es importante el «cómo» se consigue y recalcó que sólo puede llegar con la entrega de las armas y la petición de perdón a las personas a las que se ha ofendido porque «no son lo mismo las víctimas que los asesinos».
Reinserciones interesadas
Por su parte, la abogada Carmen Ladrón de Guevara, especializada en la defensa de las víctimas del terrorismo, reclamó que el final de ETA sea «con ley y con Justicia» y advirtió de que la concesión de reinserciones desde el Ministerio del Interior «corre el riesgo de que acaben siendo utilizadas para fines bien distintos».
Ladrón de Guevarra manifestó que muchos etarras están buscando de forma premeditada «reinserciones interesadas», por lo que éstas pueden convertirse en «una puerta abierta a la injusticia y la impunidad» después de décadas de atentados en los que han muerto más de 800 personas.
El profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos Rogelio Alonso arremetió duramente contra el Gobierno de Mariano Rajoy al entender que su política antiterrorista es «contraria» a la que defendió cuando estaba en la oposición y tachó de «errónea» la dirección que esta siguiendo para acabar definitivamente con ETA.
Alonso denunció que los representantes políticos de la banda terrorista están sentados en las instituciones democráticas «sin condenar la violencia» y lamentó que el Estado «ha perdido la ventaja estratégica» que consiguió en el pasado al lograr que ETA llegara a cuestionarse si la violencia tenía sentido.
Además, recordó que el PP de Mariano Rajoy llegó a convocar una manifestación en 2007 contra la excarcelación del etarra José Ignacio de Juana Chaos y en su discurso en la madrileña Plaza de Colón afirmó que para contentar a las víctimas «las flores y los aplausos no eran suficiente». «Ahora es el momento de demostrarlo», remachó.
Sin estrategia contra ETA
La periodista Ángeles Escrivá coincidió con Rogelio Alonso en que la política antiterrorista del Gobierno de Rajoy es tan equivocada como ingenua, hasta el punto de cuestionar si realmente tiene una «estrategia elaborada para el día siguiente» de la desaparición definitiva de ETA.
Como ejemplo, explicó que la misma noche en que se produjo una importante detención de ETA recibió una llamada de un alto cargo del Ministerio del Interior, quien le presentó la operación policial como una prueba de que el Ejecutivo no bajaba la guardia contra la banda terrorista. Escrivá explicó que «no bajar la guardia no es sólo detener a etarras» porque el entramado de ETA trabaja en muchos más frentes.
Además, expresó su preocupación -en la misma línea que Astarloa- por el plan para la convivencia elaborado por Iñigo Urkullu en el País Vasco y se lamentó de que, el mismo día de su presentación, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, «sólo atino a decir que no negociará» con los terroristas, a modo de respuesta.
El periodista y escritor Raúl González Zorrilla añadió que el duo formado por ETA y Batasuna «ha triunfado en la batalla ideológica» y advirtió del peligro que se corre al mantener la actual política antiterrorista para conseguir una «paz falsa».
«Jamás podremos hablar de derrota del terrorismo si no han cumplido íntegramente sus penas, si las instituciones no se ponen manos a la obra para resolver los crimenes sin resolver, si nadie reconoce en voz alta que la democracia ha salido victoriosa y sus representantes han salido derrotados», dijo.
El periodista Florencio Domínguez ratificó que el final de ETA debe buscarse expresamente desde la acción policial, ya que está convencido de que la declaración de abandono de la violencia que la banda hizo pública el 20 de octubre de 2011 llegó gracias a la derrota de sus comandos.
Por último, la patrona de la Fundación Villacisneros Ana Velasco afirmó que «quien diga que el final de ETA consiste en su legalización lo que está haciendo es engañar y corromper» a la sociedad y criticó duramente la «impasibilidad y silencio» del Gobierno de Rajoy.
Alertó de que con la política actual no se logrará derrotar definitivamente al entramado de ETA en el País Vasco, ya que durante décadas «ha escrito una historia de sangre y odio y esa imperará en los lugares que pueda controlar».
Velasco apuntó que «de poco servirá que en el resto de España las víctimas del terrorismo sean reconocidas» si en Euskadi no se las respeta, si los cómplices de ETA siguen gobernando las instituciones o si los parques donde juegan los niños siguen teniendo el nombre de algunos de los más sangrientos criminales.
Pidió evitar «que los asesinos en serie paseen impunes» por las calles del País Vasco porque cree que el conjunto del Estado se lo debe a las víctimas «por dignidad, por decencia y por sentido de la Justicia». En la misma línea, el presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez-Pineda, se comprometió a ayudar a este colectivo en todo lo que necesiten porque, después de muchos años de asesinatos, «tienen derecho a que haya reparación y haya Justicia» en el final del terrorismo.