Que el PSOE y el PP hagan un análisis diferente del proceso de 2006 es lógico, pero no que ello condicione los acuerdos del presente, como el suscrito entre los socialistas y los populares vascos para apoyar al lehendakari López y en los que la política antiterrorista compartida es la piedra angular.
El llamado ‘proceso de paz’ de 2006 iba tan mal que la tarde del 10 de diciembre el ministro noruego de Asuntos Exteriores hizo algo que no había hecho en los ocho meses de tregua: se reunió en Oslo con los representantes del Gobierno y de ETA, primero de forma conjunta y después con cada parte por separado, para alentarles a alcanzar acuerdos. El ministro, en su reunión con los etarras, alabó la figura de Rodríguez Zapatero y les invitó a aprovechar las posibilidades de solucionar el conflicto.
Las cosas iban tan mal que esa misma tarde ETA y los mediadores suizos discutieron porque estos últimos acusaron de inmovilismo a la banda terrorista, acusación que los etarras no estaban dispuestos a tolerar. De nada sirvieron los encuentros celebrados entre los días 11 y 15 de diciembre en la capital noruega, aunque en ellos acordaran volver a reunirse el 30 de enero siguiente. El proceso estaba ya sentenciado. De hecho, estaba en tiempo de prórroga porque la dirección de ETA hacía más de dos meses que había tomado el acuerdo de romperlo. La misma declaración de tregua, en realidad, había sido el inicio de la cuenta atrás, el comienzo de una sucesión de reproches por parte de la banda que acusó al Gobierno de incumplir desde el principio el compromiso de que no hubiera detenciones y de que Batasuna pudiera actuar como si fuera legal.
La banda apuntaba todos los agravios que percibía y cuando se cumplió el aniversario de la tregua los recopiló en un informe con las cuentas del gran capitán de la represión y lo presentó al Gobierno en las reuniones celebradas en mayo de 2007 en Suiza. En él incluyó 1.540 controles de carretera, 182 detenciones, 60 citaciones judiciales, 75 cargas policiales, 108 prohibiciones, una docena de accidentes de coche de familiares de presos, etcétera.
La historia del proceso de 2006 -iniciado en realidad en 2005 y terminado en 2007- es la historia de un fracaso. El proceso, además, enfrentó a los dos grandes partidos, al socialista y al popular, que mantuvieron posiciones irreconciliables. Sólo con el final del diálogo con ETA el Gobierno y la oposición volvieron a compartir la política antiterrorista en un acuerdo que, con algunos altibajos, se ha mantenido de manera satisfactoria durante estos últimos tres años.
La aparición de los documentos de ETA con los que la banda resumía el desarrollo de aquellos encuentros ha hecho retroceder la vida política a 2006 y ha reabierto los conflictos que entonces protagonizaron el PSOE y el PP. La polémica se ha instalado con la misma intensidad que si se estuvieran produciendo ahora mismo las reuniones con ETA y como si no hubieran existido los últimos tres años de políticas compartidas. El tiempo pasado ha vuelto.
Que el PSOE y el PP hagan un análisis diferente del proceso del 2006 es lógico, pero no hasta el punto de que ello condicione los acuerdos del presente, acuerdos como el suscrito entre los socialistas y los populares vascos para apoyar al lehendakari Patxi López y en los que la política antiterrorista compartida es la piedra angular.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 31/3/2011