Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 29/7/12
Lo extraño no es que la actividad pública esté tan desprestigiada en España como muestran las encuestas: lo sorprendente es que, visto lo visto, no lo esté más todavía.
Aunque La Voz de Galicia no publicó ayer ningún hecho excepcional, lo que, tal y como van las cosas, es de agradecer, pues confirma el dicho anglosajón de que la mejor noticia es que no haya novedades (no news, good news) el lector pudo ver en este diario varias informaciones que indican que, en efecto, algo huele a podrido…, y no precisamente en Dinamarca, como en Hamlet.
¿O no da un pestazo del demonio esa indemnización de 208.000 euros que le pagarán a Carlos Dívar por haber ejercido un cargo del que tuvo que marcharse a mitad de mandato tras haber usado dinero público en su propio beneficio? En realidad, la indemnización a Dívar -que puede que, como sus viajes, sea legal, pero que resulta, al igual que aquellos, vergonzosa- pone en primer plano una cuestión de notable relevancia: la de por qué han de cobrar una indemnización o una pensión quienes acaban de dejar un alto cargo. Tal medida, siempre que fuera provisional, podría tener sentido en supuestos muy tasados (los de los expresidentes nacionales o autonómicos) como un medio para facilitar su reinserción en la vida laboral, lo que exigiría, en consecuencia, que su cobro estuviera condicionado a la no percepción de otras remuneraciones. Pero que Zapatero disfrute de una pensión vitalicia como expresidente y cobre otro tanto como miembro del Consejo de Estado, puesto que ocupa por idéntico motivo (no es posible encontrar otro) es tan bochornoso como que Aznar o González cobren como expresidentes al tiempo que obtienen sueldos millonarios del mundo de la empresa por utilizar sus influencias.
Cambiando de tercio, ¿ningún responsable público vio hasta ahora que el Canal 9 no debería haber funcionado durante años con casi 1.300 empleados cuando al parecer puede hacerlo ¡con 243!, que serán los que permanecerán en la televisión valenciana tras el ERE que en ella se prepara? ¿Es posible, según vamos viendo tras las comparecencias que se han producido hasta la fecha -entre otras, las de la exministra de Economía o la del exgobernador del Banco de España- que nadie admita ninguna responsabilidad política en el fiasco de un sector financiero necesitado de ayudas multimillonarias? ¿Nadie es tampoco administrativamente responsable de que sigan apareciendo docenas de miles de tarjetas sanitarias que los muertos les dejan a los vivos en herencia para su ilegal beneficio personal?
Son hechos como esos, que pueden leerse todos el mismo día en un periódico, los que han hecho de España un país de aprovechados y buscones, que necesita como el agua que la ley sea una garantía de justicia y no la patente de corso para el ejercicio de la piratería.
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 29/7/12