Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 10/8/12
No es verdad que lo que desprestigia a los 8.116 alcaldes que existen en España y a los casi 69.000 concejales que componen sus corporaciones sean las recurrentes noticias sobre los sueldos de unos o de otros. Lo que, como colectivo, deja por los suelos su buen nombre son los múltiples abusos que se derivan del despropósito de que la ley permita que cada ayuntamiento haga mangas y capirotes con las remuneraciones de los miembros de las corporaciones locales, sueldos que solo dependen de un acto de soberana voluntad de quienes los perciben. ¿Se imaginan que sucedería si otros colectivos numerosos pudiesen fijar sus propias remuneraciones sin otra limitación que el sentido del ridículo? Pues pasaría lo que usted exactamente se imagina: que la cosa podría acabar por ser el despiporre que ya se da en el ámbito local.
Los defensores de la disparatada situación actual, que se va agravada seriamente por el hecho de que en España exista un número desproporcionado de municipios, la inmensa mayoría de los cuales tienen un censo de vecinos tan ridículo que en ellos resulta imposible el ahorro y la eficiencia, se amparan en un principio contenido en el artículo 140 de la Constitución: el de la autonomía local.
Y aunque es verdad que nuestra ley fundamental contiene ese principio como uno de los elementos fundamentales de la organización local, no lo es menos que los límites concretos del contenido de la aludida autonomía resultan imprecisos, lo que significa que corresponde al legislador estatal, con el eventual control del Tribunal Constitucional, fijarlos por ley según lo que la mayoría parlamentaria entienda conveniente.
Ese fue el objetivo de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, reformada luego en diversas ocasiones; norma cuyos ¡141 artículos! permiten comprobar el alto grado de detalle con que en ciertas materias se han regulado las obligaciones, facultades o competencias de los ayuntamientos españoles.
Pues bien, para acabar con el escándalo actual, sería suficiente con hacer lo que exige el sentido común y, sin duda, permite la Constitución: dividir los municipios españoles en varios grupos en función de su censo de habitantes y estipular la remuneración de los alcaldes y, en su caso, los concejales, de cada uno de esos grupos. Tan sencillo como eso.
Pero aquí, por lo que se va viendo, gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista, lo único sencillo es meter en cintura a parados, funcionarios, pensionistas y otras gentes de mal vivir, pero no tocarles un pelo a los miles de personas que constituyen la base, pagada con fondos públicos, sobre la que se sostienen los partidos. No vaya a ser el demonio que esa base se mosquee y ponga en peligro lo único importante: las elecciones y todo lo que tras ellas se reparte.
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 10/8/12