LA RAZÓN, 3/4/12
La Razón accede a las conversaciones de Manex Castro, condenado a 382 años, en las que muestra su nerviosismo por el parón del «proceso». Los reclusos cargan contra el actual Ejecutivo popular por el «incumpliento» de promesas hechas en la anterior legislatura.
MADRID-Los presos de ETA están nerviosos. Las expectativas que tenían de ser trasladados al País Vasco, como paso previo a su excarcelación; la supresión de la «Doctrina Parot» y otros beneficios, contemplados en el «proceso» que socialistas y nacionalistas pactaron, a través de intermediarios, con la banda y su entramado durante la anterior legislatura, no se han cumplido.
Tras la llegada del Partido Popular al Gobierno, al ganar las Elecciones Generales por mayoría absoluta, la política penitenciaria se ajusta a lo previsto en las leyes, en las que están contempladas, sin «atajos», las vías para acceder a dichos beneficios.
Los comentarios que se escuchan entre los reclusos son, según fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN, cada día que pasa más radicales.
Además, se sospecha que los mensajes que estos individuos trasmiten a la «dirección» de la banda no piden, precisamente, profundizar en «vías pacíficas».
La lucha callejera («kale borroka») se incrementa, en número de actos e intensidad, día a día, lo que se relaciona con la falta de avances del «proceso», en especial en el asunto de los reclusos.
En Picassent
Uno de estos individuos, Manex Castro Zabaleta, que cumple condena en la cárcel valenciana de Picassent por intentar asesinar a 23 agentes de la Ertzaintza, hizo, días pasados, unos comentarios, a los que ha tenido acceso este periódico.
Las referidas fuentes señalan sus palabras como un ejemplo claro de lo que está ocurriendo en el llamado «Colectivo de Presos Políticos Vascos»(EPPK).
«El Gobierno de Rajoy nos está dando largas y burlándose de nosotros. ETA, como organización, debería reaccionar». La frase de Manex Castro no tiene desperdicio y demuestra la información tergiversada que, en su día, fue facilitada a los presos, en el sentido de que, ganara quien ganara las Elecciones Generales, el «proceso» y la liberación de los reclusos continuaría sin ningún tipo de contratiempo ni retrasos.
El problema se agrava si se tiene en cuenta que los internos también echan la culpa de lo que ocurre a la llamada «izquierda abertzale» (Batasuna), que participó, de forma importante, en la gestación de los pactos durante la anterior legislatura: «La izquierda abertzale se está acomodando en sus butacas. No vemos clara su estrategia», dijo Manex Castro en los citados comentarios.
LA RAZÓN ya adelantó que el equilibrio entre los «posibilistas» (Arnaldo Otegui, cuyo liderazgo está más que cuestionado y cuya puesta en libertad no resolvería nada, sino que, probablemente, contribuiría a incrementar el problema y la reacción de los sectores más radicales; Rafael Díez Usabiaga y Rufino Echeverría); y los sectores más «puristas» o «radicales» ha cambiado por completo desde que se inició, en 2009, el llamado «proceso».
Si hace semanas estaban equilibrados, hoy ya son más influyentes los partidarios de pasar a la presión directa al Gobierno.
Sin perdón
Manex Castro, además, dejaba claro que «no vamos a pedir perdón a las víctimas. Sí lo haríamos, si fueran colaterales. Soy un militante de ETA que he luchado por la independencia y lucharé».
Sobre este individuo, al que se relacionó con los asesinatos del militante socialista Isaías Carrasco y el empresario Ignacio Uría, pesan ya varias condenas: nueve años de prisión por participar en el atentado cometido contra la sede del PSE en Lazcano (Guipúzcoa), el 23 de febrero de 2009. Y otra de 382 años por colocar ese mismo año dos bombas trampa en el monte Santa Bárbara de Hernani, en Guipúzcoa, para asesinar a los ertzainas que inspeccionaran la zona tras otra explosión en un repetidor.
Documento de ETA
Los presos de ETA estaban convencidos de que el «proceso» no se iba a parar, y así se pone de manifiesto en el último documento que la banda mandó a las cárceles (lo que demuestra que sigue ejerciendo el control de los reclusos): «tenemos que tener en cuenta, a medida que el proceso democrático avance, que la posición de los estados es cada vez más débil, y que la represión les supondrá, cada vez, un mayor coste político. Así las cosas, la clave real para acabar con la represión es avanzar en el proceso democrático con pasos firmes». Lo que está ocurriendo demuestra lo erróneo del análisis que se había hecho y con el que se pretendía tener tranquilo al «colectivo».
«Responder a la represión»
Sin embargo, los cabecillas terroristas contemplaban la posibilidad de que las cosas no fueran por el camino que ellos habían pactado con nacionalistas y socialistas: «es necesario crear una nueva perspectiva y un nuevo modelo para responder a la represión. Un modelo que sea capaz de activar a todas las fuerzas favorables al proceso democrático frente a la represión, de forzar a los estados a dar pasos para descartar la represión».
El incremento de la «kale borroka», con casi medio centenar de actos delictivos desde el supuesto cese armado de ETA, en octubre del año pasado, es una de las aportaciones de la banda para responder a esa supuesta «represión».
«Herramienta»
En el documento se hablaba de la creación de una «herramienta» «para activar la respuesta en casos puntuales. Siendo, además, un acuerdo entre los agentes, dicho acuerdo tiene que estar abierto a la implicación de personas de numerosos sectores y ámbitos ideológicos y, sobre todo, promover iniciativas y movilizaciones para activar de una forma amplia a los ciudadanos, cada vez que se produzca la represión: detenciones, torturas, euroórdenes, prohibiciones, persecución, violencia policial…». Lo que queda claro, al margen de los textos teóricos, es que Manex Castro hace un llamamiento a ETA para que presione al Gobierno de Mariano Rajoy.
PERFIL
Manex Castro
382 años por intentar una matanza
Manex Castro, junto a otros dos miembros de la banda, intentó una auténtica matanza de ertzainas en la localidad guipuzcoana de Hernani. El plan consistía en provocar una primera explosión, con el fin de atraer a la zona a los miembros de la Policía autónoma. Los caminos por los que deberían pasar los agentes fueron sembrados de bombas trampa, que se activaban con el sistema de sedal. Si el funcionario no advertía su presencia (algo verdaderamente complicado, al tratarse de un material transparente), los artefactos, alojados en unas mochilas, explotaban; todos los que estuvieran cerca hubieran fallecido. La Audiencia Nacional le condenó a 382 años de cárcel.
LA RAZÓN, 3/4/12