EL CORREO, 25/3/12
El Gobierno vasco anunció la pasada semana que reformará la ley de víctimas para favorecer el retorno de los amenazados
El consejero de Interior, Rodolfo Ares, anunció la pasada semana que el Gobierno vasco reformará la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo con el fin de incluir una batería de ayudas que favorezcan el regreso a Euskadi de las personas que por la amenaza de ETA se vieron obligadas a dejar su tierra, muchas hace décadas. Entre esas medidas, el acceso a una vivienda de protección o a la renta de garantía de ingreso.
EN CORTO
JOSÉ VIRGILIO MENÉNDEZ
«La primera sensación al marcharme fue de derrota; crees que eres un cobarde y que dejas a la gente tirada para huir»
J. K.
«Se ha mirado para otro lado. Si de verdad queremos una sociedad que avance, no podemos tapar lo que ocurrió»
CARLOS FERNÁNDEZ
«Nunca renuncié a mi derecho a votar en Euskadi; era algo que tenía claro, jamás se lo di a ellos»
Ahora bien, la incógnita no solo reside en conocer el número, aunque solo aproximado, de personas que tuvieron que irse del País Vasco, sino también en saber cuántas decidirán emprender el camino de vuelta tras el cese de acciones armadas decretado por la banda terrorista. EL CORREO se ha puesto con contacto con tres de los llamados ‘exiliados’ por el terrorismo para conocer de primera mano su desgarradora experiencia y comprobar que el sentir y los temores de este colectivo de víctimas son muy variados.
José Virgilio Menéndez Exconcejal del PP
«Cuando te vas como yo, las ganas de volver son mayores»
José Virgilio Menéndez acababa de llegar a su domicilio, situado en Fadura, cuando un artefacto colocado en el descansillo de la vivienda, que compartía con su madre y hermana, arrancó la puerta de cuajo. Pocos minutos después, y sin apenas tiempo para reaccionar, una segunda detonación en el garaje común del complejo residencial destruyó su vehículo. Más de 200 vecinos tuvieron que ser desalojados en plena madrugada como consecuencia de aquel sabotaje sin precedentes contra el por aquel entonces concejal del PP en Getxo.
El doble ataque se produjo el 10 de abril de 1999, en plena tregua de ETA -la banda no hizo pública su decisión de romper el alto el fuego hasta el mes de diciembre-. Pero no fue la única amenaza que sufrió por parte del entorno de la banda, desde que con solo 19 años entrara a formar parte de las Nuevas Generaciones del PP. José Virgilio Menéndez fue edil en Galdakao, asesor del grupo popular en el Ayuntamiento de Bilbao y concejal en Getxo. «Me hicieron pintadas y había manifestaciones delante de casa casi cada semana; el acoso era permanente y me sentía muy desprotegido», recuerda. En enero de 2000 su nombre apareció «muy señalado» en varios papeles incautados al ‘comando Bizkaia’ y desde la delegación del Gobierno le recomendaron que se marchara «una temporada». «Sabía que aquello acabaría en un atentado», admite. A los 29 años, cogió las maletas y puso rumbo a Madrid «con lo puesto», a casa de unos familiares. «La primera sensación fue de frustración y de derrota, porque te vas, crees que eres un cobarde y que dejas a la gente tirada para huir», admite. «La segunda, de alivio. De estar vigilado por tus vecinos pasas al anonimato», explica. José siguió en la vida política, vinculado al Ministerio de Trabajo y al Gobierno de la Comunidad de Madrid, «pero no tiene nada que ver» con la labor que desempeñaba hasta la fecha. «La motivación que tienes para meterte en política en el País Vasco es otra cosa, quieres luchar por la libertad y la democracia», señala.
Desde que se vio obligado a abandonar Euskadi, el exedil del PP siempre ha tenido en el horizonte la «vuelta». Suele viajar cada cierto tiempo al País Vasco a visitar a algunos familiares. Su madre tuvo que vender el piso de Getxo y seguir los pasos de su hijo porque tampoco pudo aguantar la presión de los radicales. «Sientes nostalgia, la morriña que dicen los gallegos. Cuando te vas de un sitio como me tuve que ir yo, tus ganas de volver son mayores. Cada vez que miras atrás sufres la misma rabia; yo no siento Madrid como mi tierra», remarca.
Sin embargo, José es consciente de la dificultad que supondría ahora mismo una mudanza para regresar a Euskadi. Tras doce años en el ‘exilio’, casado y con hijos, quiere que el día que dé ese paso «sea en firme». Está al tanto de la reforma de la ley de víctimas del terrorismo en la que trabaja el Gobierno vasco para favorecer el retorno a Euskadi de los damnificados. El exconcejal popular reconoce que, en su caso, más que ayudas económicas, lo importante es que se lleve a cabo una «compensación moral»: «Reconocer cómo nos fuimos y restaurar nuestros derechos, entre ellos el de voto», subraya.
«No sé cuántos somos, pero ETA ha logrado sus objetivos al echarnos de nuestra tierra. La democracia está en deuda con nosotros. Sin duda, los perjudicados han sido los no nacionalistas», censura. José es «optimista» respecto al final de ETA. Ahora bien, tiene claro que «la convivencia normalizada tardará su tiempo». En su mente están ahora las próximas elecciones autonómicas. En concreto, el temor a «que se repita la pinza PNV-Batasuna». «La izquierda abertzale no ha hecho aún el recorrido democrático», apostilla. Y el «miedo a lo desconocido» pesa mucho todavía.
J. K. Ertzaina
«A mi hija de nueve años le dijeron que era la hija de un ‘zipaio’»
Hace diez largos años que J. K. -prefiere guardar el anonimato-, ertzaina de profesión, abandonó Euskadi. «El acoso y derribo» que sufrió por parte del entorno de ETA no le dejó otra opción que abandonar la localidad vizcaína de Durango y trasladarse a Cantabria. «Diez años de mi vida que me han quitado, diez años de impotencia, de indiferencia», resume. Las amenazas empezaron en 1996. «Al principio eran llamadas a casa, por la tarde, por la noche… Primero, insultos; luego, amenazas más graves», relata. J. K. tuvo que cambiar de número telefónico y evitar que apareciera en la guía. Más tarde llegaron las pintadas en el portal de casa y las amenazas a sus familiares. «A mi hija, que tenía nueve años, la dijeron que era la hija de un ‘zipaio’ y que sabían dónde vivía», revela.
En 1998 le quemaron parte del coche y apenas dos años después detuvieron a un grupo de jóvenes por kale borroka que portaban el número de la matrícula de su vehículo nuevo y la dirección de su casa. El agente solicitó hasta en dos ocasiones al Departamento de Interior que le proporcionara toda la información recogida por la lucha antiterrorista en la que se mencionara su persona. Los datos se remontaban a 1995, cuando ya apareció en unos papeles de ETA. Además, en el año 2000 la Policía gala detuvo a dos terroristas que llevaban un apunte con su nombre.
J. K., al igual que la mayoría de los amenazados, no pudo soportar la presión, sobre todo por el daño que ésta producía en su familia. Su mujer dejó el trabajo, malvendieron el piso, que ya tenían pagado, y dejaron Euskadi. «Estuvimos todo un verano buscando otra vivienda y otro colegio para mis dos hijos, que no entendían nada; y todo ello sin tener ningún tipo de ayuda porque no nos consideraban víctimas», relata. La nueva ley aprobada por el Congreso en septiembre del pasado año reconoce por primera vez a los amenazados como víctimas.
Una década después, reconoce que «le ha cambiado el carácter». Su mujer tuvo que acudir a lo largo de cinco años a un psicólogo. «Durante mucho tiempo se ha mirado para otro lado mientras sufríamos en la sombra», reprocha. El agente admite que él no quiere volver al País Vasco. «Ya no me siento de ningún sitio», lamenta. Pero su pareja sí. «Tenemos a toda la familia allí», apunta. Una pregunta le asalta de inmediato: «Pero, ¿cómo vuelvo?». Asegura que «no se trata de dinero». Y enumera, entre otras medidas, el acceso a una vivienda de protección o a becas de estudio para los hijos.
J. K. ve «bien» la decisión del Ejecutivo de Vitoria de reformar la ley para facilitar el retorno de los ‘exiliados’ por la amenaza de ETA. Aunque como suele pasar en estos casos, «hasta que no lo veo…», matiza. Pese a las dudas que, por ahora, pueda suscitar el paso anunciado por el consejero de Interior, el ertzaina sostiene que «todo lo que sea reconocer lo ocurrido será bienvenido». Tiene claro que «si de verdad queremos una sociedad que avance, no podemos tapar lo que ha pasado».
Carlos Fernández de Casadevante Profesor universitario
«Me vi obligado a irme ante la indiferencia de todo el mundo»
Hasta 1998 Carlos Fernández de Casadevante (Irún, 1956) trabajó como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco en San Sebastián, que tuvo que abandonar por las amenazas del entorno de ETA. El acoso empezó con dos anónimos y una pintada en la pared de su despacho, en la que se le tildaba de «carcelero por llevar el lazo azul». «Los terroristas habían secuestrado a personas inocentes y ellos nos llamaban a nosotros carceleros», critica. Fue el caso del empresario José María Aldaia, el abogado Cosme Delclaux o el funcionario de prisiones José Ortega Lara.
El detonante que motivó su marcha a Madrid, en concreto, a la Universidad Rey Juan Carlos, fue el hallazgo, también en su despacho, de un paquete del que sobresalían unos cables cortados. Tenía 42 años y su vida hecha en Euskadi. «Me vi obligado a hacer algo que no quería», resume. Cogió un tren y dejó atrás a su mujer, que trabaja en el País Vasco, y a sus cinco hijos, entonces de entre 2 y 16 años. Su casa pasó a ser una habitación de alquiler, «ante la indiferencia de todo el mundo».
«El desarraigo es total», asegura Carlos, que prefiere el término de «desterrado» al de ‘exiliado’. Expresidente del club de fútbol Real Unión, «los dos primeros años» fuera de Euskadi «fueron los más duros». «Te pierdes el estar con los tuyos, los detalles. Son las cosas pequeñas de la vida las que echas en falta», se sincera. Tras catorce años en Madrid reconoce que «la herida ahora duele, pero no sangra». Eso sí, Carlos sigue estando empadronado en el País Vasco, lo que le permite votar en su tierra. «Nunca renuncié a ese derecho, lo tenía claro; jamás se lo di a ellos», subraya.
Catedrático de Derecho Internacional, entiende que haya personas que pasaron por su misma situación y que deseen volver a Euskadi. Pero no es su caso. «Ni me lo planteo, quiero vivir en libertad», afirma. Para Carlos, «todo sigue igual e incluso peor, porque quienes apoyaron a ETA están ahora en las instituciones. El clima de opresión, sobre todo en los municipios pequeños, es el mismo, aunque algunos no quieran verlo», sostiene. Para él, la situación de Gipuzkoa es especialmente dura, con Bildu gobernando en feudos tan destacados como la Diputación y el Ayuntamiento de San Sebastián. «Las elecciones fueron el fracaso de la sociedad vasca», lamenta. A su juicio, lo único que ha cambiado en Euskadi es que ETA «no mata», pero ni la banda ni la izquierda abertzale tradicional «han reconocido aún el daño causado».
EL CORREO, 25/3/12