EL CORREO, 1/4/12
El ministro de Justicia reitera que el Gobierno mantendrá la misma «firmeza» y rechaza medidas de gracia para presos de la banda
«La decisión de crear ETA fue exclusiva de ETA y la decisión de disolverse corresponde a ETA». El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tiene claro que es la banda terrorista, y no el Gobierno, la que tiene que dar el paso definitivo hacia su desaparición. «Son ellos los que están fuera de la ley», remarca.
En una entrevista concedida a la agencia Colpisa, Gallardón se muestra «escéptico ante la posibilidad de reversión del alto el fuego», un temor que asegura no se desvanecerá hasta que ETA entregue las armas. Es consciente de la doble presión a la que está sometido el Gobierno central a la hora de gestionar el final del terrorismo -tanto de la izquierda abertzale como de los colectivos de víctimas-, pero su postura es clara. Rechaza en cualquier caso que el Ejecutivo vaya a adoptar medidas de gracia, como indultos o el archivo de causas, para facilitar la disolución de ETA, tal y como le exige la antigua Batasuna. «No está encima de la mesa», afirma. Y es que, según argumenta, «si no hubiéramos tenido gobiernos democráticos firmes a lo mejor la banda no habría tomado la decisión» de anunciar el cese de su actividad.
En lo que se muestra especialmente contundente es en el «importante papel» que el Gobierno concederá a las víctimas en el proceso del final de ETA. «Vamos a aprobar un estatuto de la víctima en esta legislatura, que permitirá no solo garantizar su reparación, sino también que su voz sea escuchada en materia penitenciaria (de los presos de ETA). A la hora de conceder un indulto, su opinión será tenida en cuenta», expresa.
‘Doctrina Parot’ y Otegi
Gallardón se refiere, aunque de forma muy escueta, al reciente espaldarazo que el Tribunal Constitucional ofreció este jueves a la ‘doctrina Parot’. Asegura que el Gobierno «aplaude» la sentencia, si bien prefiere no entrar a valorar si la decisión supondrá o no un paso atrás a la hora de cerrar el ciclo de la violencia. «Todo lo que sea aplicar la legalidad vigente es un requisito imprescindible para un Estado de Derecho», responde.
Como ministro de Justicia también opta por la prudencia a la hora de abordar cuestiones como la legalización de Sortu, aunque deja patente la postura de su partido. «Nuestra opinión en este caso es la misma que con Batasuna y Amaiur, no cumple los requisitos para ser legal», señala. Rechaza, por contra, pronunciarse sobre un hipotético indulto a Arnaldo Otegi para que pudiera ser candidato a lehendakari. El que sí se refirió ayer a esta cuestión fue el ministro del Interior. Jorge Fernández Díaz instó a «no olvidar que durante muchos años, antes de verse obligado a decir otras cosas, esta persona jaleó las actuaciones de ETA». «Y este comportamiento -añadió- tiene sus consecuencias penales».
EL CORREO, 1/4/12