DIARIO VASCO, 2/10/11
Descarta beneficios con carácter general para los presos y los condiciona al arrepentimiento individualizado
Joaquín Giménez regresa a San Sebastián, cuya Audiencia presidió de 1986 a 1991, para participar en unas jornadas internacionales sobre ‘Justicia victimal’ en memoria de Antonio Beristain. Siempre añorante de esta tierra, habla para DV de la Euskadi sin violencia y del papel de la Magistratura.
LAS FRASES
CESE DEFINITIVO DE ETA
«No ha sido contrición por el dolor de los pecados, sino atrición por miedo al Infierno»
ADMISIÓN DEL DAÑO CAUSADO
«Claro que se puede conceder el perdón, pero el presupuesto es que hay que pedirlo»
POLÍTICA DE DISPERSIÓN
«Ha habido presos de ETA y prisioneros de ETA, de su discurso. Ahora hay que redimensionarla»
AFECTADOS POR LA VIOLENCIA
«Una víctima tiene todo el derecho a exigir. Pero la vida truncada no se va a resolver»
EL PP Y LA CADENA PERPETUA
«Es un discurso hueco. En estos momentos, España tiene la pena de prisión más larga de la UE»
–Usted fue objetivo de ETA. Es inevitable preguntarle por sus sensaciones ante el cese definitivo del terrorismo.
-Aquello fue un susto, una situación complicada para mí y mi familia. Hubo que comerse el miedo y decirse ‘aquí uno toma sus determinaciones y nadie lo va a hacer por mí’. Desde este punto de vista, sí tengo sentimientos compartidos con muchas personas que se han podido encontrar en una situación semejante. Esta vez parece un punto final definitivo, porque puntos y comas ha habido bastantes. Empleando una terminología eclesiástica, no ha sido por un acto de contrición, por dolor de los pecados, sino de atrición, por miedo al Infierno. A ETA no le quedaba más territorio, se había quedado aislada y sin discurso. Tratar de defender opciones independentistas con el coche bomba ya no saca parroquianos a la calle, afortunadamente. Hay que situar esta decisión relevante, satisfactoria, en su contexto.
-¿Se había imaginado este final?
-Algún día tenía que llegar, tras una forzada y progresiva maduración. A ello han coadyuvado la respuesta serena pero firme, y absolutamente garantista, del sistema judicial; el aislamiento del discurso etarra en el marco internacional; la postura de Francia. También la propia autorreflexión de aquellos presos de ETA que estuvieron en el generalato y que fueron expulsados por oponerse al terrorismo. Indudablemente, estamos mejor que antes. ¿Que se pueden hacer críticas a que ETA homenajea a los terroristas fallecidos, a los que están en prisión, con un silencio absoluto hacia las víctimas? No me sorprende, sinceramente, que esto aparezca en su comunicado. Lo que sí me sorprende es que esa falta de compasión se haya detectado en relevantes manifestaciones de miembros de la izquierda abertzale que desempeñan cargos políticos. Porque sí les es exigible una mayor sensibilidad: hay silencios que son culpables. Aunque uno no se hace demócrata de lunes para martes. El cambio, hoy por hoy, es solo dialéctico. Se tendrá que verificar con otras actuaciones democráticas.
-¿Va a variar en algo la respuesta de la Justicia por el anuncio de ETA?
-Los jueces siempre estamos entre pasiones encontradas (ríe). La Justicia tiene su propio discurso, que es el del quehacer diario de los valores constitucionales en el enjuiciamiento de quienes han delinquido. Si hay unas causas abiertas contra personas que han cometido hechos delictivos de raíz terrorista, las investigaciones tienen que seguir tramitándose, los juicios se van a celebrar, se dictarán sentencias con todas las garantías, si no hay pruebas se absolverá, y si las hay, se condenará. El Derecho tiene que ser declarado.
-¿Eso incluye las eventuales detenciones a partir de ahora de presuntos terroristas?
-Indudablemente. Si hay personas que tienen causas pendientes, que están en rebeldía, se las tiene que detener. El único límite es que el delito haya prescrito. En esto hay que ser claro, tajante y sin ninguna ambigüedad. Y no lo tienen que decir el Gobierno y la oposición, lo tenemos que decir nosotros.
-¿Percibe un discurso político confuso en este terreno?
-Bueno, a veces uno puede ser confuso intencionadamente; pero no, no percibo ambigüedad. Sí puedo echar de menos que esas manifestaciones las hubiera hecho el Consejo del Poder Judicial, nuestro representante ‘político’. Los jueces no escribimos en papel pautado. Lo que escribimos es el discurso de los valores constitucionales y de las pruebas. Una vez que la sentencia está dictada, viene la ejecución de la pena, y ahí sigue habiendo un protagonismo, como plasma la Constitución, del Poder Judicial. Ese ‘ejecutar lo juzgado’ está matizado por el Derecho Penitenciario. Igual que se produce una individualización de la pena cuando se dicta la sentencia, hay luego una individualización penitenciaria de esa pena. Y el sistema penitenciario es progresivo, hay posibilidades de avance en función de los sentimientos críticos o autocríticos que se hayan verificado en los internos con respecto al delito cometido.
– ETA y la izquierda abertzale han reclamado siempre soluciones colectivas para la totalidad de los presos. ¿Caben una amnistía, medidas penales extensivas?
-Esto solo forma parte de un imaginario utópico. Hay que negar la mayor: esa posibilidad es inexistente. Es que con nuestro ordenamiento no solo no cabe una amnistía, sino tampoco un indulto colectivo. Las únicas posibilidades están en la modulación en la fase penitenciaria, que se hace con todos. Con un tratamiento absolutamente individualizado. En otros delitos, como las agresiones sexuales, no se pone el acento en la conducta en la cárcel, que puede ser ejemplar, sino en si los internos han desarrollado postura crítica, autocrítica, hacia el delito por el que han sido condenados. Esto es más importante. En el caso de los presos de ETA, también hay que poner más el acento en si han desarrollado conductas autocríticas, de una manera individualizada y constatable. El artículo 90 del Código Penal, por ejemplo, exige para la libertad condicional signos inequívocos de abandono de la violencia, colaboración activa con las autoridades, expresa petición de perdón a las víctimas e informes técnicos que acrediten que todo eso es cierto.
-Esos requisitos de la libertad condicional son más exigentes con los condenados por terrorismo. ¿Debe mantenerse ese rigor?
-Esta es la legalidad que hay ahora, la cual proviene de la reforma para el cumplimiento íntegro de las penas. De igual manera, es susceptible de cambio. Pero también es cierto que, aun con esta legalidad, cabe la posibilidad de la respuesta individualizada a través de indultos particulares, que hasta ahora no se ha dado.
-¿Los eventuales beneficios penitenciarios seguirán siendo, por tanto, individuales y requerirán de arrepentimiento y petición de perdón? ¿Son dos condiciones que van a continuar ahí?
-Sí, efectivamente. Esto exige un estudio preso a preso, uno a uno. Los presos de ETA están en dos fases: hay unos, los que están en Nanclares, en Zuera., que han iniciado ese proceso de reinserción con anterioridad; y luego están todos los demás. El sistema penal no va a sufrir ningún terremoto jurídico por la nueva situación. Hay que decirlo con toda claridad, la única modulación que cabe es en la fase penitenciaria. En cuanto al reconocimiento del daño causado, hay dos niveles. Uno, el más íntimo, que es el de la persona concernida y en un ámbito privado. Y otro es el reconocimiento colectivo del daño causado por quien ha sido el representante político, entre comillas, de ETA. Que es esa falta de compasión a la que me refería antes y que deberá ser subsanada con declaraciones solemnes que, quizá por inmadurez, no se han hecho. Junto a este reconocimiento ‘oficial’ está el más individualizado y concreto de las personas presas. Sería deseable que se produjera ante una batería de micrófonos, pero tampoco hay que desear lo que no es imaginable. El perdón es fundamental, la gran asignatura pendiente; el reencuentro entre la sociedad vasca que ha sido la ‘macrovíctima’ del terrorismo y aquella parte de la sociedad que aplaudía la acción del terrorismo. Tienen que reencontrarse y aceptarse, reconciliarse unos con otros, no en plano de igualdad, porque nunca se puede considerar igual a la víctima que al verdugo. Solo el diálogo entre las dos partes de ese drama que es el delito permite la reconciliación. Porque claro que se puede conceder el perdón, pero el presupuesto es que hay que pedirlo. Y eso se tendrá que escenificar, no sé cuándo ni cómo, en un plano social y en el individual.
«Moros o cristianos»
-¿Es factible una reinserción efectiva de los presos sin el reconocimiento del año causado?
-Eso requiere tiempo, maduración. El tiempo es bálsamo, como se ha demostrado en Irlanda. Nosotros los años los tenemos que convertir en semanas. Y habrá que tragarse algún sapo, también. A la víctima tampoco se le puede obligar a que perdone, eso es una decisión absolutamente individual. Por eso hablaba de un ‘nivel social’, en el que entiendo que la reconciliación pasa por el reconocimiento del daño causado por aquellos que han estado aplaudiendo ese daño. Lo inmaduro es no reconocerlo.
-¿Es injusta la dispersión?
-Si buceamos en la hemeroteca, habrá escritos míos en contra de esa política. Pero ha tenido efectos positivos, porque hay presos de ETA y prisioneros de ETA, de su discurso. Lo que era más que irónico es que ETA siguiera ejerciendo su poder sobre sus miembros también dentro de la cárcel. Al disidente hay que permitirle que siga fortaleciéndose en su decisión personal. ETA siempre ha defendido que aquí no hay soluciones personales, que todos moros o todos cristianos. Pues no, el derecho de autodeterminación del pueblo empieza por el derecho de autodeterminación de cada ciudadano de ese pueblo. No obstante, ha habido dispersiones de presos en Canarias, en Ceuta. que yo ya veía que eran muy poco presentables. En este momento -y en todo caso la decisión no compete a los jueces- hay que reflexionar y redimensionar esa política. De igual forma que se han ido excarcelando a presos enfermos.
-Decía antes que habrá que tragar sapos. Las víctimas cifran en 300 los asesinatos aún sin esclarecer.
-Igual la expresión no ha sido muy feliz. Una víctima a la que le han cercenado la vida tiene todo el derecho a exigir lo que considere. Hay que respetarlo. Pero la vida truncada no se va a resolver, aunque haya bálsamos. Se le revolverán las entrañas cuando, transcurridos los plazos penitenciarios, el condenado esté en la calle. Esto va a pasar. Desde el dolor y el protagonismo que deben tener las víctimas, no pueden decidir la política criminal de un país, que es una cuestión de Estado.
-¿Una paz justa implica aclarar esos 300 casos?
-No sé cuántos son. Pero si ha transcurrido el plazo de la prescripción, sería inútil tratar de esclarecerlos; cuando una causa ha prescrito, ha prescrito. Ya sé que la legalidad en vigor dice que los delitos de terrorismo con resultado de muerte son imprescriptibles, pero eso opera para el futuro, no hacia atrás. Y claro que puede ser doloroso para las víctimas.
-El PP ha incluido en su programa electoral «la pena de prisión permanente revisable». Es decir, la cadena perpetua.
-Es un discurso hueco. En estos momentos, España tiene la pena de prisión más larga de la UE. De acuerdo a la doctrina Parot, son 40 años sobre 40 años. En las legislaciones donde hay cadena perpetua revisable, como tan pomposamente se le llama, el máximo es de 20-25 años. ¿Se quiere satisfacer dialécticamente ese ansia de venganza institucional desde la infinitud del dolor? Pues que se tenga bien claro que hoy la máxima pena por terrorismo son 40 años. Es decir, que un condenado a los 30 sale a los 70. Y la pregunta del millón, ¿es la misma persona que la que entró? ¿Qué se ha hecho en esos años por esa persona? ¿Ha podido pensar, ha podido evolucionar?
-A la luz del cese de ETA, ¿lo previsibles es que el Constitucional derogue la doctrina Parot y proceda a la legalización de Sortu?
-Por respeto a ese Tribunal, que tan poco respetado ha sido por tirios y troyanos, no voy a hacer ningún comentario salvo uno objetivo: yo voté en contra de la ‘doctrina Parot’ porque creo que no es procedente jurídicamente. Ahora, la decisión es del Constitucional. Dejémosle.
-Como magistrado del Supremo, que deberá decidir sobre el recurso de Arnaldo Otegi contra su condena por el caso Bateragune, ¿se sienten interpelados?
-Por respeto a los compañeros y al buen quehacer profesional, no debo pronunciarme. La casación penal no está tanto para salvar sentencias como para verificar que la persona condenada está bien condenada; si su culpabilidad está acreditada más allá de toda duda razonable y si la pena impuesta es la correcta. Esto es lo que hacemos todos los días y lo que vamos a hacer en este caso. Punto. Sin tener en cuenta el momento político.
DIARIO VASCO, 2/10/11