¿Alcanzará a Otegi la infamia del Constitucional?

Poco han tardado los partidarios de la legalización del brazo político de ETA en destacar la innegable contradicción que supone la sentencia del Tribunal Constitucional a favor de Sortu y la permanencia en prisión de Arnaldo Otegi por –según sentencia del Supremo– tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna a través de la plataforma Bateragune. De hecho, esa contradicción ya era manifiesta desde la sentencia que, no menos bochornosamente, legalizó a Bildu y la manifiesta permisividad institucional ante Amaiur, y fue la razón por la que editorialmente calificamos de «farsa» el juicio que condenó a Otegi tanto como a Díaz Usabiaga a seis años y medio de prisión.

Ni que decir tiene que si calificamos de «farsa» aquel juicio no fue porque considerásemos a los condenados inocentes o porque nos pareciese elevada la pena a la que habían sido castigados. Todo lo contrario. Éramos perfectamente conscientes de que ETA, con la plataforma Bateragune, había hecho entre 2007 y 2008 un intento de reconstituir su ilegalizado brazo político a través de esa plataforma y de la participación que en ese intento habían tenido los condenados. Pero éramos no menos conscientes de que esa «marca electoral» había sido posteriormente abandonada a favor de nuevas siglas que, a diferencia de Bateragune, sí lograron burlar, gracias a la complicidad del Constitucional, la Ley de Partidos. De hecho era a Bildu, y no a Beratagune, a la que Otegi se refería en julio de 2011 cuando se jactaba con aquel «empezamos siendo tres o cuatro y ya somos 313.000». Tambien era Bildu la formación a la que la propia ETA, poco después y en comunicado público, se refería al celebrar el «haber ganado la batalla de la ilegalización».

La sentencia que ahora ha legalizado a Sortu no viene sino a consolidar esa victoria que ETA ya celebrara con ocasión de la de Bildu, y que ahora le permite conservar su presencia electoral sin tener ni siquiera que disimular con caras menos conocidas del mundo proetarra como tuvo que hacer, como plan B, con Bildu o Amaiur. Ahora los históricos proetarras que impulsaron públicamente a Sortu, como Pernach, Eugenio Echeveste, alias Antxon, Rufi Echebarria, Pernando Barrena, Tasio Erquicia, Jon Petricorena, o el propio condenado Díaz Usabiaga, podrán tomar las riendas de un brazo político que ETA en realidad no ha dejado de tener nunca metido en las instituciones.

Ni que decir tiene que para salvar tan innegable contradicción la solución no pasa por excarcelar a Otegi o a Díaz Usabiaga, sino por conseguir que el Tribunal Constitucional deje de ser un órgano político que convierte en papel mojado la Ley de Partidos y que constituye la principal herramienta con la que la condescendencia de nuestra clase política está  derrumbando nuestra Nación entendida como Estado de Derecho.