El Ejecutivo cambió de socios en 2005, al firmar con los nacionalistas y el resto de grupos una resolución parlamentaria, ya inútil tras un proceso fracasado. Si quiere mostrar su firmeza frente a ETA, debe retirarla. No puede ser que se incumplan las condiciones, fracase el proceso de paz y se mantenga el artefacto porque la próxima vez no se dejarán engañar por los terroristas.
Veinticuatro horas después del asesinato de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero, Batasuna convocaba una manifestación en Bilbao por la detención de los procesados en el sumario 18/98. Fue la manifestación más numerosa que ha convocado en los últimos tiempos. Los partidos parlamentarios y las organizaciones empresariales y sindicales convocaron dos días más tarde la concentración contra el crimen que habían acordado el mismo día de los hechos.
Por fin, una convocatoria unitaria contra el terrorismo. Todo el Congreso y las fuerzas sociales movilizaron menos gente en Madrid que las marcas de Batasuna en Bilbao. ¿Recuerdan los pronósticos gubernamentales sobre la profunda crisis interna que se iba a abrir en la izquierda abertzale, deserciones en ANV, dimisión de concejales y alcaldes en masa si ETA volvía a asesinar? No era más que otro error de diagnóstico.
La explicación de que los ciudadanos han desoído a unos dirigentes políticos divididos es tan piadosa como incierta. En realidad se trata de una refutación de otro lugar común que se ha repetido mucho durante lo que llevamos de legislatura: la crispación está en los partidos, no entre los ciudadanos. Pues no. Parece más bien que la fina lluvia del rencor ha empapado a conciencia el huerto; ésta es la razón de que hoy no sea posible juntar al PSOE y al PP en una misma protesta contra la banda terrorista que ha asesinado a dos jóvenes guardias en este caso y a personas de ambos partidos en tantos otros anteriores.
La unidad debe ser algo más consistente que la patética concentración de la Puerta de Alcalá. La unidad «es coincidir, pero la coincidencia debe basarse en posiciones asumibles por todos, no en planteamientos hechos por unos y seguidos por otros. Esa no sería forma de llegar a un auténtico consenso.» (Joaquín Almunia, secretario general del PSOE, 1 de octubre de 1998.)
¿Y qué debe hacer la oposición? Lo suyo: preparar la alternativa y controlar al Ejecutivo para evitar que cometa desmanes o, simplemente, errores. Acojámonos al supuesto que más beneficia al Gobierno en su fracasado ‘proceso de paz’: no hubo malevolencia, sino errores de apreciación. El presidente fue mal informado sobre la disposición de ETA a dejar las armas sin precio político. Los verificadores pecaron de ingenuidad al observar voluntad de paz donde no la había en absoluto. Aceptemos incluso que Eguiguren estuvo negociando con Batasuna porque no tuvo conocimiento al empezar (año 2002) de que el Pacto Antiterrorista de 2000 se lo prohibía. Admitamos que el presidente del PSE es hombre dotado de proverbial laconismo guipuzcoano y que no contó nada de sus conversaciones con Otegi al secretario general del PSOE. Esto explicaría que Zapatero, ya como presidente del Gobierno, negara sin mentir que los suyos hubieran dialogado jamás con Batasuna. Simplemente no lo sabía: «El partido socialista no ha mantenido ninguna relación con personas que puedan representar a la extinta Batasuna. No ha habido ni hay relación alguna, ningún diálogo». (J.L.R.Z., 24 de abril de 2005).
Aceptado el octópodo como animal de compañía, el Gobierno no puede reclamar la unidad como un cheque en blanco para hacer lo que estime oportuno sin dar cuentas después por lo actuado. Menos cuanto más grave es la materia.
Zapatero llegó al Gobierno con un pacto de unidad contra el terrorismo, el que propuso él mismo y le aceptó el Gobierno de Aznar el 8 de diciembre de 2000: 312 diputados lo avalaban. Un éxito que tuvo la radical oposición de los partidos nacionalistas.
El Ejecutivo cambió de socios el 17 de mayo de 2005, al firmar con los nacionalistas y el resto de los grupos una resolución parlamentaria con el respaldo de 202 diputados, incompatible con la anterior, dos no son mejor que una. Ésta ha quedado inútil tras un proceso fracasado. Si el Gobierno quiere mostrar su firmeza frente a ETA, lo primero que debería hacer es retirarla. Un protocolo para negociar el fin del terrorismo es por su propia naturaleza una disposición final. No puede ser que se incumplan las condiciones, fracase el proceso de paz y se mantenga el artefacto porque la próxima vez no se van a dejar engañar por los terroristas.
«No se dan las circunstancias», ha dicho el portavoz del PSE a la propuesta de una mesa de partidos sin exclusiones hecha por el nuevo presidente del PNV. ¿Cuántos meses tardarán en volver las circunstancias? ¿Cómo interpretarán los asesinos de Centeno y Trapero el mantenimiento de la resolución? ¿Creerán que se van a comer la perpetua o que, dentro de dos años, tras una docena de asesinatos, el Gobierno entrará al trapo en cuanto ETA o Batasuna vuelvan a enseñárselo? ¿Qué preferirán los asesinos: una prisión francesa o una cárcel de exterminio española?
Santiago González, EL CORREO, 10/12/2007