Para el autor del reportaje, la cuestión clave es la participación de Batasuna en las próximas elecciones municipales. En caso contrario, ETA volverá a matar.
Medio siglo de presión policial y las condenas de los tribunales han dejado al grupo separatista ETA reducido, maltrecho y conmocionado por las disputas internas, con los representantes del grupo político luchando por el liderazgo. Esta división interna se puso de relieve el pasado 12 de septiembre, cuando los combatientes de ETA pidieron una mediación internacional que les ayudara a poner fin a su violencia. España ha estado ahí antes, y el enfrentamiento siempre ha vuelto. Pero esta vez, la disputa entre ETA y su brazo político Batasuna está levantando la esperanza de que el terrorismo vasco, la lucha armada más prolongada de occidente, esté llegando a su fin.
En su declaración de la semana pasada, ETA dijo que estaba dispuesta a aceptar la mediación de los firmantes de la Declaración de Bruselas, un grupo que incluye a cuatro premios Nobel de la Paz, la Fundación Nelson Mandela y a la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson. Este llamamiento es continuación de la Declaración de Bruselas firmada en marzo para que ETA declarara un alto el fuego permanente y verificable y para que el gobierno español iniciara negociaciones de paz que terminen con los más de 50 años de violenta lucha a favor de la independencia que ha matado a más de 825 personas.
En repuesta al comunicado de ETA del 12 de septiembre, los líderes de los partidos políticos descartaron una mediación internacional, reiterando la insistencia del gobierno de que la única opción es un incondicional y permanente final de la violencia de ETA. “No hay atajos” dijo el lunes la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, refiriéndose a la ampliamente aceptada creencia de que ETA sólo trata de ganar tiempo mientras trata de reorganizarse.
Desde su nacimiento en 2001, Batasuna ha apoyado la lucha armada a favor de la independencia. Tanto la Unión europea como los Estados Unidos la consideran una organización terrorista y el Tribunal Supremo de España la prohibió en 2003. Pero recientemente, Batasuna se ha mostrado más firme levantándose en contra del brazo rebelde, especialmente desde que en diciembre de 2006 los militantes de ETA rompieron la tregua unilateralmente atentando contra el aparcamiento inaugurado recientemente en la terminal del aeropuerto de Madrid y mataron a dos personas. El atentado sólo sirvió para socavar la credibilidad de ETA y exponer a Batasuna a la hostilidad de la comunidad vasca ya cansada del terrorismo en su nombre.
Según los analistas, el hecho de que Batasuna esté ahora del lado del gobierno en la cuestión del desarme de ETA –incluso arriesgándose a que los militantes vuelvan a la violencia – es un signo de que el grupo puede estar demasiado fracturado como para resistir mucho tiempo. “En esta ocasión, la diferencia es que la decisión de renunciar a la lucha armada ha sido adoptada por Batasuna y ha decidido seguir adelante sin importarle las consecuencias”, dice Jon Abril, vicecoordinador del grupo político independentista Aralar, que en 2001 rompió filas con ETA. “Incluso si no puede convencer a ETA para que se desarme, parece claro que Batasuna seguirá el mismo camino que Aralar” aislando así al grupo incluso de sus más cercanos seguidores. El martes, el máximo dirigente de Batasuna, Txelui Moreno, dijo que el partido está comprometido con “el proceso democrático basado exclusivamente en medios políticos y democráticos” y añadió que cualquier otra acción iría contra la orden del grupo “que todos deben obedecer”, un mensaje encubierto para los militantes de ETA.
Muchos se están preguntando ahora cuánto tiempo tardará ETA en renunciar su lucha armada. Según el experto en terrorismo Ignacio Sánchez Cuenca, el gobierno necesita negociar con ETA – lo que requeriría que el grupo declarara un incondicional y permanente alto el fuego. Si esto sucediera, Batasuna y ETA tratarían de negociar conjuntamente su participación en el juego político del país, la salida de prisión de los miembros de ETA y un incremento del ya alto grado de autonomía del que goza el País Vasco gracias a la Constitución española. “Los estados deben alternar los palos y las zanahorias” dice Sánchez-Cuenca. “Pero España tiene políticas esquizofrénicas con ETA. Hay palos con pequeñas dosis de zanahorias”.
Hasta ahora el gobierno no ha dado muestras de estar dispuesto a negociar. Y no tiene ningún aliciente para ello. Los españoles se oponen de forma abrumadora a hacer ninguna concesión a ETA después de que el grupo haya traicionado en varias ocasiones los esfuerzos de paz con imprevistos atentados mortales, mientras el apoyo a ETA en el País Vasco ha caído desde el 12% en 1981 al 3% en 2010. Batasuna espera poder convencer a ETA de su desarme. Si no, es probable que el partido se distancie de sus bases para conseguir una solución política, que prolongaría la lenta, sangrienta derrota de ETA – el informe de 2010 sobre el terrorismo mundial del departamento de Estado de los Estados Unidos de considera que ETA todavía tiene unos 300 militantes activos; en sus mejores momentos, eran miles. Pero independientemente de lo que pase, coinciden los analistas, ETA parece estar perdida. “Si los gobiernos no dejan de presionar, en uno o dos años ETA terminará por rendirse y disolverse” dice Mikel Buesa –experto en finanzas del terrorismo de la Universidad Complutense de Madrid cuyo hermano fue asesinado por ETA en 2000.
En el futuro más próximo, la cuestión clave es si los tribunales españoles autorizan o no a Batasuna a participar en las elecciones municipales de mayo. Hasta ahora las probabilidades están en su contra. Incluso para ser estimada, Batasuna tendría que reagruparse con un nombre diferente y no sólo tendría que renunciar a la violencia, sino condenarla rotundamente, algo a lo que hasta ahora se ha negado. “Si el estado o los jueces no autorizan a Batasuna a participar en las próximas elecciones, ETA romperá la tregua. Creo que sería inevitable” dice Sánchez Cuenca. “ETA volverá a matar, pero su muerte es ya irreversible. La cuestión es si el gobierno acelera el proceso”.
Andrés Cala, TIME (Estados Unidos), 24 de septiembre de 2010