Santiago González, EL MUNDO, 21/5/12
Hace ya unos meses que el presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, anunció su intención de impulsar una iniciativa para que los ciudadanos que se vieron obligados a marchar a otros lugares de España por la presión del terrorismo puedan votar en las elecciones autonómicas vascas.
El ministro del Interior confirmó en Bilbao la información que ayer publicaba EL MUNDO: su Ministerio ha organizado un seminario en el que expertos en Derecho Constitucional y otros juristas reputados debatirán la reforma necesaria de la Loreg para materializar esta posibilidad.
La Ley de Say (cada oferta crea su propia demanda) tiene aplicación más allá de la Economía. Una víctima del terrorismo, Ramona Garrido, se va a reunir con los grupos parlamentarios entre hoy y el jueves para crear una comisión de investigación sobre las personas perseguidas y desplazadas fuera del País Vasco «mediante la intimidación y la violencia».
Devolver el derecho al voto que ETA les quitó sería un razonable primer paso. Es curioso que esta elemental justicia reparadora no haya sido reivindicada con más fuerza hasta el momento. Recuerden cuántas protestas hemos oído con el argumento falaz de que la Ley de Partidos negaba el derecho a voto a 200.000 vascos: a batasunos y afines, nacionalismo vasco en general, y hasta a un fiscal general del Estado, que clamó contra «el Guantánamo electoral».
No era cierto; sólo se les prohibía votar unas siglas manchadas con el crimen. Nada les impedía apoyar otras opciones de izquierdas o independentistas. Los desterrados por la amenaza etarra, en cambio, sí se vieron privados de su derecho al voto en su tierra.
El consejero de Interior dijo ayer mismo que no es partidario, porque abriría un debate inoportuno e indeseable con los nacionalistas. Rodolfo Ares debería recordar que un presidente socialista del Gobierno impulsó un Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior (Ley 40/2006 de 14 de diciembre) para que los hijos y nietos de emigrantes españoles, y particularmente de republicanos exiliados, pudieran votar en las elecciones españolas.
Devolver el derecho al voto a quienes se vieron obligados a marcharse por presión de ETA sería un razonable primer paso
¿Y dice el Gobierno vasco y socialista que el derecho que reconoció un Gobierno de España socialista a argentinos o mexicanos, hijos de argentinos o mexicanos, con abuelos españoles, no es oportuno reconocérselo a un señor de Eibar que se tuvo que ir con su familia (no su padre ni su abuelo) a vivir a Toledo por no pagar el impuesto? Parece una broma.
El Gobierno vasco es más bien partidario de ayudar a la vuelta de los desterrados que lo deseen. No está mal, pero es lo que los taurinos llaman un brindis al sol.
¿Por qué cree nadie que personas que sufrieron el desarraigo y tuvieron que rehacer su vida en otras tierras y rodeadas de otras gentes, estén dispuestas a un nuevo desarraigo 20 o 30 años después? ¿Buscar otro trabajo, otra casa, separarse de los hijos que crecieron, crearon su propia familia y se instalaron en la tierra de acogida? ¿Para ir a vivir a territorio Bildu?
El asunto me ha recordado cómo anunció ETB una encuesta del euskobarómetro en la era Ibarretxe: «El 85% de los vascos no se iría a vivir a otra parte aunque les garantizaran el mismo sueldo». La anomalía estaba en el 15% que sí estaba dispuesto a cambiar de casa, de ciudad, de amigos, de colegio de los niños para, total, ganar lo mismo. ¿Qué es normalización?, me preguntas. ¡Nacionalismo, qué dulce embeleso!
Santiago González, EL MUNDO, 21/5/12