Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 26/9/12
Hay, sin duda, jueces que abusan del gran poder jurídico que tienen conferido y que hacen -o no hacen- cosas que se traducen en una lesión de los derechos de quienes quedan sujetos a su jurisdicción. Hay también, ¿cómo negarlo?, policías negligentes o corruptos, que se exceden o no llegan en el cumplimiento de sus funciones para la persecución de los delitos. Y hay, en fin, es evidente, medios de comunicación que mal utilizan la gran influencia de que gozan en las modernas sociedades de la información y que, bien por interés particular o por sectarismo político, producen daños a personas e instituciones que resultan en ocasiones difícilmente reparables.
Es verdad, por ello, que cuando jueces, policías o medios de comunicación actúan de un modo torcido -ya no digamos torticero- en relación con la política y con quienes la protagonizan, todos ellos contribuyen injustamente a denigrar la primera y a desprestigiar a los segundos.
Tan verdad como que esos casos son en nuestra sociedad excepcionales, de modo que, en realidad, si la valoración de la política y los políticos está en España -como en otros países de Occidente- por los suelos, ello es debido sobre todo no a la acción injusta o inadecuada de jueces, policías y medios de comunicación, sino a la sucesión ininterrumpida de escándalos que la democracia española no ha sido a lo largo de tres décadas capaz de erradicar: cohechos, sobornos, prevaricaciones, apropiaciones indebidas, falsedad en documentos? el elenco de delitos es realmente interminable, como lo es también la lista de personas procesadas y condenadas por aquellos.
Han sido, pues, los implicados en los casos Filesa y Naseiro o ERE y Gürtel, por mencionar ejemplos del pasado y del presente que han afectado, respectivamente, a los dos grandes partidos del país (aunque de la implicación en actos delictivos no se salven, por supuesto, CiU, PNV, IU o el BNG, cuyos escándalos son proporcionales en importancia a la del poder que han desempeñado), los principales y directos responsables de un hartazgo social hacia la actividad pública que amenaza, por momentos, los cimientos mismos del sistema democrático.
Pese a sus ocasionales excesos, sin jueces, policías y medios de comunicación nada podría hacerse para luchar contra la corrupción que acompaña a la política desde la noche de los tiempos. Aunque no llega con eso: también los partidos, protagonistas muy fundamentales de la vida democrática, tienen una decisiva responsabilidad en el combate contra quienes están en política para llenarse los bolsillos. Pero para contribuir a ese combate indispensable los miembros y dirigentes de los partidos han de cambiar el orden de sus actuales lealtades: han de anteponer la lealtad al cumplimiento de la ley a la lealtad al partido al que cada uno pertenece.
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 26/9/12