El asesinato del gendarme Jean-Serge Nèrin dan a los de Otegi la oportunidad de decirle claramente a ETA lo que hasta el momento han evitado plantear: que la igualdad de oportunidades que reclaman exige que nadie tema ser asesinado por no compartir los ideales de ETA; es decir, que esa organización debe renunciar a la violencia para que la izquierda abertzale pueda hacer política en igualdad de condiciones.
«Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, podemos decir que el proceso de paz, tan denostado, hizo mucho daño a ETA y mucho bien a la democracia», dijo Zapatero en su entrevista por televisión del día 8; y añadió: «ETA ya no tiene quien le escuche». La conclusión era que estamos mejor ahora que antes de ese proceso, y más cerca que nunca del final de la banda.
Esto es cierto, pero conviene precisar que ello es consecuencia no sólo del proceso de paz, sino de la combinación entre ese proceso (que rompió ETA) y lo que siguió después: 465 detenciones hasta ayer. Y de algo más: la negativa del Gobierno, con el apoyo de la oposición, a reemprender, o a no dar por definitivamente cerrada, la vía de la negociación política, como le reclaman periódicamente mediadores varios.
Las detenciones han debilitado a ETA, pero el efecto no es, como se vio anteayer cerca de París, que no pueda matar, sino que hacerlo ya no le sirve para hacer avanzar sus objetivos: ni para que la izquierda abertzale recupere la legalidad ni para configurar un polo soberanista a través del cual participar en las elecciones ni, sobre todo, para forzar una negociación política, eje de su estrategia desde hace 30 años.
Sobre esto último hay declaraciones de políticos de todos los colores, incluyendo los de sus propias filas. Txema Matanzas, abogado en prisión por su pertenencia a Ekin, columna vertebral del entramado, advertía a los suyos en una carta intervenida por la policía el pasado verano de que «el Estado no va a volver a negociar»; les recomendaba abandonar la ilusión de pensar que «eso dicen, pero por debajo están deseando que les llamemos a la puerta»; y añadía: «No es que yo lo intuya, es que Rubalcaba y compañía lo tienen más claro que el agua».
De revelaciones conocidas estos últimos días se deduce que durante la vigencia del alto el fuego de 2006 el Gobierno trataba de convencer a ETA y a Batasuna de su buena disposición para llegar a un acuerdo: que intentaría evitar detenciones, aminorar los efectos de sumarios abiertos contra su rama juvenil, facilitar la legalización y participación de la izquierda abertzale en las elecciones de 2007. A partir de un momento dado, cuando había ya fuertes evidencias de las intenciones de ETA, el Gobierno pareció interesado en dejar claro que si había ruptura no sería por su culpa.
Ese objetivo fue alcanzado, aunque pagando un cierto precio. Con el resultado de que todos los partidos, incluyendo los nacionalistas, asumieron que la vía de la tregua había quedado invalidada para el futuro por la propia ETA. De ahí que, inversamente a lo ocurrido en 2006, ahora parezca ser Otegi quien intenta convencer al Gobierno (y a los nacionalistas) de que va en serio. Inicialmente, también de que contaba con el asentimiento de ETA. En diciembre se filtró al diario Deia una carta suya a otro preso en la que afirmaba que quien rechaza el planteamiento de la ponencia oficial de Batasuna, plasmada en la declaración de Alsasua (en la que no se nombra para nada a ETA, aunque se habla de «proceso sin violencia ni injerencias») o no está en sus cabales o «trabaja para el enemigo».
La carta no fue tomada muy en serio (sobre todo por las evidencias de que ETA estaba en otra cosa), como tampoco tuvo mayor eco la difusión, en febrero, de la resolución basada en esa ponencia, cuyo planteamiento de fondo viene a ser que la condición para el abandono de la estrategia político militar es un cambio negociado del actual marco político en favor de uno en el que todas las opciones puedan materializarse «en igualdad de condiciones».
Posteriormente se ha publicado (El Mundo, 14-3-2010) una conversación grabada en la cárcel de Soto del Real el pasado día 2 en la que de una manera más explícita, y a sabiendas de estar siendo escuchado, Otegi critica las posiciones de ETA favorables al mantenimiento de la violencia, algo que él considera «suicida». Y argumenta que si hay un atentado y los de la «foto de Alsasua» no dicen nada serían éstos quienes se suicidarían porque «daría la impresión de que todo es un paripé».
Ese momento ha llegado. El asalto al almacén de coches de las afueras de París, seguramente en una operación previa a la realización de un atentado, y el asesinato del gendarme Jean-Serge Nèrin dan a los de Otegi la oportunidad de decirle claramente a ETA lo que hasta el momento han evitado plantear: que la igualdad de oportunidades que reclaman exige que nadie tema ser asesinado por no compartir los ideales de ETA; es decir, que esa organización debe renunciar a la violencia para que la izquierda abertzale pueda hacer política en igualdad de condiciones y no con el refuerzo de un grupo armado que amenaza y mata a sus rivales políticos.
Patxo Unzueta, EL PAÍS, 18/3/2010