El Constitucional que ha dado luz verde a Bildu es la palanca del Ejecutivo para salvar sus reformas de la legislatura. El TC es consciente de los reproches que recibiría si regresara la violencia de ETA. El Gobierno siempre quiso que no pudiera decirse que renunció a perseguir a Bildu.
El Gobierno quizás habría querido tenerlo a mano en la pasada legislatura, durante el debate del Estatut. El Tribunal Constitucional (TC) que la noche del jueves pasado dio luz verde a la coalición abertzale Bildu es una de las principales palancas con que cuenta el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para salvar algunas de las principales reformas de su etapa de gestión.
Desde la ley del aborto hasta la del matrimonio homosexual, pasando por otras cuestiones menos conocidas pero igualmente relevantes –como la posibilidad de salvar al juez Garzón de su juicio sobre el franquismo–, el TC es la válvula de seguridad en la que más confía el Gobierno para llegar al final de la legislatura sin graves reveses desde el ámbito de la justicia. El Ejecutivo ha negado ahora que presionara al Constitucional en el caso de Bildu. Pero no hacía ninguna falta.
No han sido las presiones –aunque ha habido muchas, y de signo contradictorio– el factor que ha inclinado al TC a favor de permitir la presencia electoral de la candidatura abertzale. Ha sido muy especialmente su temor a quedar desautorizado y a que España recibiera un varapalo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. En su resolución ha pesado también el recuperado sentido de la autoridad del Constitucional frente al Tribunal Supremo (TS), con el que no le ha importado añadir un nuevo motivo de discordancia y enfrentamiento. Y no será el último.
En el TS es mayoritaria la tendencia conservadora entre los jueces. Pero en el TC la mentalidad dominante es distinta. Así ha ocurrido tradicionalmente. Y así vuelve a ser ahora. Puede haber sorpresas en alguna cuestión concreta, pero en general el TC tiene más disponibilidad para encontrar salidas políticas bajo el ropaje de una mayor sensibilidad hacia las garantías de derechos y libertades. Quizá por ello ha habido más catedráticos que jueces al frente del TC, aunque ahora se da una excepción con su actual presidente, Pascual Sala, que lo fue antes del Supremo.
Sala, en todo caso, es un magistrado muy curtido, al que le hacen ya muy poca mella las críticas, por rotundas que sean. Se curtió precisamente al frente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, en los tiempos en que los procesos más notorios eran los de Filesa y los GAL. El tándem que ha formado con Eugeni Gay une dos sensibilidades y trayectorias complementarias. La cúpula del Constitucional es, pues, muy distinta a la que encarnaban María Emilia Casas y Guillermo Jiménez en la pasada legislatura, porque aquella era mucho más sensible a cualquier intento de influencia externa o ante las maniobras internas.
El Constitucional se da cuenta de la alta responsabilidad que ha contraído. Lo que se debatía en el caso de Bildu es la credibilidad de la izquierda abertzale, la confianza que cabe tener en que su renuncia a la violencia es definitiva. Los magistrados son conscientes de que si ETA reaparece, es muy posible que tengan que soportar fuertes reproches. Pero han querido correr ese riesgo. Bien es cierto que no todos. La aprobación de las listas de Bildu por seis a cinco no ha sorprendido al Gobierno. Lo esperaba. Ni lo temía ni lo deseaba fervientemente, pero no le parecía una mala salida. El Ejecutivo podrá decir que intentó cerrar el paso a Bildu, y que fueron los jueces los que primero acordaron una cosa y luego la contraria.
Hubo un dato de última hora que refleja bien esa postura del Gobierno, de la Abogacía del Estado y la Fiscalía. En puertas de la decisión del TC, estas instancias enviaron a los magistrados un último informe de la Guardia Civil sobre reuniones de Eusko Alkartasuna (EA) y ETA. Lo hicieron porque no se quisieron guardar carta alguna en la manga, en parte para que nadie pudiera decir luego que se habían hurtado pruebas, aunque ya se suponía que esta última iba a tener nula influencia en la decisión del TC.
Ahora, lo que más teme el Gobierno es que el PP continúe con su presión, porque la ley permite mantener una estricta vigilancia sobre los partidos bajo sospecha, a los que se les puede cerrar el paso a las urnas en cualquier momento. Y junto a ese temor, el Ejecutivo alberga el de que la izquierda abertzale cometa errores imperdonables. Por ejemplo, el de que cualquiera de sus actos registre intervenciones o irrupciones de los que pueda deducirse algún tipo de apoyo e identificación con la violencia o con quienes la han respaldado o practicado. Si no sucede así, el Gobierno está convencido de que los primeros perjudicados van a ser el PNV y Aralar, porque Bildu conseguirá buenos resultados electorales. “Lo que les beneficiaba –decía ayer una fuente del TC– era pedir que se presenten, no que lo hayan conseguido”.
José María Brunet, LA VANGUARDIA, 7/5/2011