La unidad es necesaria ante la eventualidad de la vuelta a los asesinatos por parte de ETA: sirve para evitar que los asesinatos conviertan las discrepancias entre los partidos en crisis de la convivencia. Es algo de lo que deberían tomar buena nota los partidos, a tenor de las reiteradas advertencias que viene haciendo el ministro de Interior.
Los diarios contraponían ayer las declaraciones del presidente del Gobierno y el líder de la oposición: Zapatero reclamaba la unidad de los partidos para levantar un muro frente a ETA, mientras Rajoy exigía la ilegalización de ANV. No hay, sin embargo, en las palabras de ambos tanta contradicción como parece a primera vista. La muralla que quiere el presidente frente a ETA no es otra que la Ley (de Partidos en este caso), un remedio adecuado para hacer frente a la anfibología característica de las organizaciones terroristas, que les da una ventaja notable al combatir al sistema con un partido intramuros.
Pocos serán los afiliados y votantes de los partidos que dirigen ambos que no estén de acuerdo en este punto: la ilegalización de Batasuna fue una de las medidas más positivas adoptadas en la lucha contra el terrorismo. Pocos serán también los que discutan la conveniencia de que todos los partidos democráticos, y muy especialmente los dos grandes partidos nacionales, deben afrontar el problema del terrorismo desde la unidad.
Pero, ¿qué entendemos por unidad de los partidos? Es un concepto que casi siempre se invoca refiriéndose sólo a uno de sus aspectos. He aquí una aproximación a una definición más compleja: se trata de un acuerdo por el que el Gobierno dirige una política que ha sido previamente pactada con el resto de los partidos y que debe observar dos reglas básicas: el Ejecutivo debe mantener un cauce de información con el resto de las fuerzas políticas en un ámbito de discreción y lealtad y, a ser posible, ningún partido de la oposición mantendrá tratos con los terroristas o sus cómplices a espaldas del Gobierno, tal como han hecho en anteriores legislaturas el PNV y EA, Esquerra Republicana de Catalunya y el PSE-PSOE.
En rigor, la unidad así concebida se ha dado de manera muy esporádica en nuestro pasado político: sí se dio en un periodo de tiempo tras el Pacto de Ajuria Enea y, entre los dos grandes partidos, durante el breve lapso que transcurrió entre la firma del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo y el comienzo de las conversaciones entre Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi. Fuera de estas dos excepciones, sólo ha habido una coincidencia para componer un gesto adecuado después de los atentados a la espera del alivio de luto que solía llegar al cabo de pocos días.
La unidad de los partidos es un elemento muy conveniente en la estrategia de la lucha contra ETA, aunque no puede decirse que sea estrictamente necesario. Los factores imprescindibles en la estrategia de la derrota son: la eficacia policial, el trabajo de los jueces y la colaboración internacional.
Es, en cambio, absolutamente necesaria si el Gobierno ha optado por negociar con los terroristas. La exclusión del consenso del principal partido de la oposición, pongamos por caso, es un factor de debilidad del Gobierno en la mesa negociadora, como ha tenido ocasión de comprobar Zapatero durante el último año y medio. El interlocutor sabe que su vuelta a los asesinatos pondrá en dificultades a su antagonista y ese será un factor objetivo para el fracaso del proceso: aumentará la fortaleza de los terroristas y el nivel de sus exigencias en la mesa de la negociación. Paralelamente, hará que los propios terroristas tengan menos interés en alcanzar una solución definitiva, si el partido que pudiera llegar a gobernar el día de mañana no asume los compromisos.
La unidad es necesaria ante la eventualidad de la vuelta a los asesinatos por parte de ETA, una vez fracasada la masacre que intentaban en Durango: sirve para evitar que los asesinatos conviertan las discrepancias entre los partidos en crisis de la convivencia. Es algo de lo que deberían tomar buena nota los partidos, a tenor de las reiteradas advertencias que viene haciendo el ministro de Interior al respecto.
También sería muy conveniente que todos hicieran un repaso a los errores cometidos, empezando por quien más responsabilidad tiene ante los ciudadanos, que es el Gobierno. No parece adecuado que la primera referencia del presidente del Gobierno a un atentado como el de Durango sea hecha con un día de retraso y en un mitin de partido. Por ejemplo.
No hay, por otra parte, razones para esperar que la propuesta de Rajoy germine en los jardines de La Moncloa. La vicepresidenta del Gobierno estuvo enérgica contra ANV, al tachar de «indecente» su actitud de no condenar el atentado, el mismo adjetivo que ha venido usando con largueza para calificar las actitudes o declaraciones del principal partido de la oposición. Tanto ella como el ministro de Justicia y el de Interior han coincidido en que la no condena de los atentados no puede ser la condición para ilegalizar a un partido.
Esto es probablemente así, pero es necesario concluir que el Gobierno cometió un error al permitir la legalización de ANV, una medida que iba a ser difícilmente reversible tras el fin de la tregua. Otra concesión sin vuelta atrás es la legitimidad adquirida por ETA y Batasuna al llevar la negociación al Congreso de los Diputados y al Parlamento europeo. Una consecuencia práctica: el mediador profesional Jimmy Carter, que en 1998 había considerado «innecesaria la mediación internacional», ahora ofrece sus servicios para mediar entre el Gobierno de España y lo que él calificó como «los miembros responsables de la comunidad vasca que están buscando un cierto nivel de autonomía».
Santiago González, EL CORREO, 27/8/2007