Permitirles tomar posesión de la Diputación guipuzcoana supondría dejar en sus manos un presupuesto de gestión de 840 millones de euros, de un total de ingresos que ascenderá este año a 4.200, y, sobre todo -esto es algo que se piensa y se habla, pero no se dice en público-, toda la documentación fiscal de las empresas y de los ciudadanos que guarda la Hacienda pública de Guipúzcoa.
El regreso triunfal de Batasuna-Bildu ha generado un buen número de incógnitas y algunas sombras de inquietud que gravitan particularmente sobre los futuros gobiernos del Ayuntamiento de San Sebastián y de la Diputación de Guipúzcoa, las dos grandes piezas institucionales que puede reclamar con derecho propio por su condición de lista más votada. ¿No chirría un alcalde de Bildu en la ciudad que, tras dos décadas de gobierno del socialista Odón Elorza, pretendía caracterizarse como espacio de paz, concepto sobre el que se articula su candidatura a capital cultural europea del 2016? ¿Un Ayuntamiento en manos del hasta hace poco considerado brazo político de ETA podrá honrar y cultivar la Casa de la Paz y el Parque de la Memoria de las víctimas inaugurados recientemente o prestará la ciudad para los homenajes a los etarras excarcelados? ¿No emborronaría con su estética borroka y la visión ramplona y folclórica de lo vasco la imagen de una capital de vocación cosmopolita, liberal, abierta, que vive en buena medida del turismo, de los congresos profesionales, de su gastronomía y de su pátina de elegancia y distinción?
En su candidatura donostiarra, Bildu apenas ha ido más allá de reivindicar una ciudad participativa, euskaldun, paritaria en los géneros y respetuosa con el medio ambiente. Pero es sabido que Batasuna rechaza proyectos como el del metro, la incineradora, la pasarela de Monpás (prolongación del paseo del litoral urbano) y la llegada del AVE vasco. ¿Respetaría el modelo de bilingüismo actual o aplicaría su idea de hacer del euskara la única lengua «nacional, oficial y prioritaria», que reza en su programa? ¿Se aventuraría a poner en marcha en San Sebastián su modelo de recogida de basuras puerta a puerta, tachado de engorroso y caro, que contra viento y marea está imponiendo en los municipios donde gobierna?
Estos y otros interrogantes, extensibles al resto de Ayuntamientos a su alcance, adquieren mayor trascendencia en el caso de la Diputación de una provincia, Guipúzcoa, en la que Bildu ha cosechado uno de cada tres votos. ¿Qué pasaría con los grandes proyectos estratégicos como la construcción del puerto exterior de Pasaia, la ampliación del aeropuerto de Hondarribia o el propio AVE vasco que Batasuna rechaza. Confiar en que EA o Alternativa ejerzan de elemento corrector en estas materias es un ejercicio voluntarista porque Bildu no deja de ser una carcasa electoral dominada por Batasuna por medio de los denominados «independientes». Permitirles tomar posesión de la Diputación guipuzcoana supondría dejar en sus manos un presupuesto de gestión de 840 millones de euros, de un total de ingresos que ascenderá este año a 4.200, y, sobre todo -esto es algo que se piensa y se habla, pero no se dice en público-, toda la documentación fiscal de las empresas y de los ciudadanos que guarda la Hacienda pública de Guipúzcoa.
Aunque Batasuna se ha deslindado de la violencia y ya no ejerce de brazo político de ETA, la falta de un grado de confianza básico persiste y persistirá, seguramente, mientras «los otros» (ETA), la amenaza, continúen latentes, sin disolverse, a la espera de una negociación con el Gobierno. ¿Habría que cerrar el paso a Bildu como medida preventiva? Es la pregunta que se hacen estos días muchos vascos. De la mano de un partido (EA) que parecía condenado al desahucio y de un grupúsculo (Alternativa) escindido de la equivalente vasca de IU, Batasuna, que sí es una verdadera formación, cohesionada, disciplinada y poderosa, ha vuelto montada sobre la poderosa ola de Bildu para desbaratar las correlaciones de fuerzas, echar un primer suelo institucional y apoderarse de esa cuarta parte del espacio electoral dominado por el independentismo.
Ha vuelto sin autocrítica por el pasado y reivindicando, incluso, su vinculación afectiva a ETA -muchos de sus interventores y militantes estuvieron en las urnas con la pegatina que reclama el agrupamiento de los presos de la organización terrorista-, pero con el marchamo legal del Tribunal Constitucional, requerida por el conjunto del nacionalismo y con la aquiescencia final de los altos dirigentes socialistas. ¿Tiene lógica oponer, ahora, un cordón sanitario, ¿democrático?, en torno a Bildu cuando se ha sostenido la idea de que su regreso a las instituciones favorece precisamente la desaparición de ETA y que su ausencia menoscababa la democracia? En las Juntas Generales de Guipúzcoa, Parlamento que decide el Gobierno de la Diputación, Bilbu ha obtenido 22 escaños frente los 14 del PNV, la segunda fuerza. Una alianza PNV-PSE permitiría a los primeros mantener la Diputación guipuzcoana y a los segundos la alcaldía donostiarra, pero, así las cosas, para lo bueno y para lo malo, ¿no ha llegado el momento de situar a Batasuna y a sus electores ante su responsabilidad en el campo de pruebas de la gestión institucional, de forzarles a abandonar el reducto del no, su permanente condición victimaria, y a tener que homologarse al resto de siglas? Es el dilema al que se enfrenta la política vasca.
José Luis Barbería, EL PAÍS, 29/5/2011