Kepa Aulestia, EL CORREO 08/12/12
La expresión más irritante de la soberbia del poder es que pretenda convencer al público de que ‘nada es lo que parece’.
La política educativa continúa siendo la reserva ideológica de la confrontación partidaria en España. No se ha producido un consenso duradero en la materia porque la alternancia en el gobierno entre la derecha y la izquierda recurre a esa reserva para marcar el respectivo territorio. La reforma impulsada por el ministro Wert responde a esa dinámica bipolar más que ninguna anterior. Revertir el proceso autonómico dando la razón a las acusaciones de recentralización, promover la competición más que la competencia entre centros y entre alumnos mediante ‘tests de estrés’, derivar el fracaso escolar hacia itinerarios no suficientemente consolidados y conceder a la iglesia católica lo que se supone sería de Dios aceptando que es su única representante. Y todo eso mediante una ley ‘omnicomprensiva’ cuya defensa dificulta su discusión pormenorizada para propiciar puntos de encuentro.
Si en algo coinciden quienes hacen de la educación su reserva ideológica es en conceder al boletín oficial atributos que no posee para moldear la sociedad a través del sistema de enseñanza. En la política ideológica la ley aparece no como el marco para la realización del interés común sino como la palanca que transforma la sociedad y da paso al ‘hombre nuevo’. Esta concepción utópica no es privativa de la izquierda del pasado siglo. Es algo a lo que se viene aferrando en los últimos quince años una parte muy influyente de la derecha española. De manera que lo liberal-conservador se transforma en una actuación ambivalente, desreguladora e intervencionista a la vez, dependiendo de qué se trate. Pero lo más chocante del caso es que la promulgación de la ‘ley ómnibus’ para la mejora de la calidad de la educación no asegura ni el cumplimiento de sus propósitos más loables –como acabar con el fracaso escolar– ni la realización de sus objetivos más discutibles –como la impostada réplica a la inmersión lingüística–. El fin no puede justificar todos los medios propuestos, y algunos de estos últimos contradicen la meta final.
La ‘reforma Wert’ se enfrenta a una sociedad madura y desprejuiciada. Dentro de cuatro o de ocho años los ciudadanos de este país pensarán y sentirán de forma muy similar a como lo hacen ahora. En esta legislatura, en la próxima y en la siguiente la oferta de enseñanza seguirá teniendo más o menos las mismas virtudes y defectos que hoy. Si hubiera que valorar el peso relativo de cada uno de los factores que concurren en el dibujo del mañana educativo, convendría situar el boletín oficial en un plano más bien accesorio e incluso residual. Lo que importa es el alumnado, el profesorado y los padres. Eso que se denomina comunidad educativa y que no siempre funciona como tal. Importa el docente, aunque su criterio se ponga en tela de juicio mediante pruebas externas. Importa la ejemplaridad en el hogar. Importan la buena amistad y la cooperación en el aula. E importa que la dotación presupuestaria para garantizar el derecho a la educación no sufra más merma.
Seguro que el ministro lo sabe, y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría demostró ayer ser consciente de ello. Entonces ¿a qué viene tanto empeño legislativo? Resultaría simple concluir que es para desviar la atención respecto a problemas más acuciantes para el ejecutivo del PP. Se trata de un acto de poder que, tras alentar durante años miradas tan prejuiciosas como evasivas hacia la realidad de la educación, desemboca en una pose cuya eficacia es lo de menos. Pero cuando quienes ostentan el poder político recurren a la admonición, amplificando con una presunta superioridad moral su representatividad electoral, cabe preguntarse si no les empuja la necesidad de ocultar algo. Imaginemos por un momento que los evaluadores fuesen evaluados mediante pruebas añadidas al escrutinio electoral. El gobierno Rajoy puede justificar la inexorabilidad de los recortes presupuestarios y hacer valer su mayoría absoluta para aplicarlos como crea conveniente. Pero la petulancia de diseñar sistemas pretendidamente más eficientes removiendo los cimientos de lo que existe sin otro plan que una mezcla de lugares comunes, improvisación y sobrecarga ideológica debe obedecer a la necesidad de los gobernantes de sentirse moralmente superiores, esforzados y comprometidos frente al desistimiento y la dependencia en la que se movería el vulgo.
La expresión más irritante de la soberbia ‘popular’ es que pretenda convencer al público de que ‘nada es lo que parece’. Cuando Esperanza Aguirre anunció su retirada formal del primer plano de la política se generó un vacío que distintos nombres del PP se aprestaron a ocupar mostrándose excesivos. Seguro que se debió a una reacción instintiva más que a una estrategia deliberada. Pero lo cierto es que los ‘populares’ excesivos se han multiplicado desde entonces, como si todos ellos tratasen de emular a la ausente presente que –no hay que olvidarlo– fue ministra de Educación en el primer gobierno Aznar y auspició su propia reforma.
Con Esperanza Aguirre en primera línea los excesos parecían acotados en el PP de Rajoy. Hoy irradian más allá del Madrid institucional, dotado de un plácet para refundar la democracia y el estado del bienestar. La abierta contestación de 576 jefes de servicio de más de veinte hospitales madrileños debe ser poca cosa para el gobierno de González y Lasquetty, que cuentan con la inestimable bendición de la verdad sanitaria.
Kepa Aulestia, EL CORREO 08/12/12