Transcurrida una semana, el Gobierno aún no ha podido dar una explicación sobre las causas del histórico apagón del pasado lunes.

La ministra del ramo, Sara Aagesen, pretexta que harán falta «muchos días» de estudio y «análisis de miles de datos», porque se trata de un «sistema muy complejo». Pero, al mismo tiempo, el Gobierno mantiene viva la hipótesis del ciberataque (descartada ya por Red Eléctrica) y alienta la del fallo de los «operadores privados».

Se impone por tanto la sensación de que el Gobierno en realidad no está interesado en conocer la causa del apagón, sino en distribuir una narrativa al abrigo de la cual el Ejecutivo pueda exigir responsabilidades a otros en lugar de depurar las suyas propias.

Esta desconfianza la comparten las principales compañías eléctricas, que temen que el Gobierno pacte las conclusiones con Red Eléctrica, el «principal sospechoso» del fallo operativo del 28-A. Por eso, como informa hoy EL ESPAÑOL, las energéticas han pedido formar parte de la comisión creada para dilucidar el origen del cero absoluto del lunes.

Pedro Sánchez ha dejado claro que pretende hacer del apagón, virtud, con su habitual metodología de reconvertir crisis políticas en oportunidades para excitar la polarización que le da sustento.

Impuestos y factura barata

En esta ocasión, el enemigo que ha encontrado son las eléctricas, que en realidad siempre han estado en el punto de mira de su política fiscal. Y, a la vez, el Partido Popular, al que el Gobierno ha acusado de ser un «lobista» de estas empresas.

Pero la narrativa de un Feijóo que «trabaja directamente» para las eléctricas, como dijo Óscar Puente, hace aguas desde el momento en el que se recuerda que las principales cargas fiscales recayeron sobre el sector en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy. Y, sobre todo, es un bote de humo para ocultar el verdadero núcleo del problema.

Que es, en esencia, la obstinación en hacer de la energía un manantial recaudatorio para el Estado al mismo tiempo que se mantiene un recibo de la luz barato. Así se explica la obsesión del Gobierno por incrementar a toda costa el peso de las renovables en el mix energético, lo cual permite bajar los costes al precio de hacerlo más inestable.

Pero lo razonable sería que el Gobierno redujera la larga lista de impuestos y costes adicionales que encarecen la factura de la luz, en lugar tensionar la red eléctrica con un exceso de renovables que no dan firmeza ni inercia a un sistema de transporte y distribución que, además, no se ha modernizado para adaptarse a la transición ecológica.

Porque, aunque Aagesen afirme que señalar a las renovables como causa del gran apagón es «irresponsable y simplista», la práctica totalidad de los expertos coinciden en que lo sucedido responde a un exceso en el mix eléctrico de energía procedente de las renovables, asíncronas, no acumulables y que no dan tensión sostenida.

Además de invertir en las infraestructuras eléctricas, lo que ayudaría a evitar nuevos apagones sería mantener entre las tecnologías de respaldo una fuente de generación firme como la energía nuclear.

Antes gas que nucleares

Y, sin embargo, Sánchez, lejos de revisar su ideológico calendario de cierre de las nucleares, parece haberse ratificado en él después de esta crisis. Como explica hoy este periódico, el discurso demonizador de la energía nuclear que utilizó en su comparecencia del martes ha dado al traste con la posibilidad de prolongar la vida útil de la central de Almaraz.

Y su cierre hará inviables a todas las demás. Porque siendo ya muy elevada la llamada Tasa Enresa, destinada a cubrir el coste presente y futuro del almacenamiento de los residuos nucleares, restar una central más al sistema convertiría la producción de energía nuclear en algo estructuralmente deficitario.

Por este camino, España se quedará sola dentro de Europa, donde casi todos nuestros socios están apostando por mantener o reforzar la nuclear. Sánchez aboca a España a depender, como tecnología de respaldo, de la otra de las dos únicas fuentes que no dependen de la meteorología: los ciclos combinados con gas.

Es decir, una energía más cara de producir, necesitada de una materia prima para cuyo suministro España depende de otros países (lo que dejaría su precio al albur de la política internacional), y más contaminante. Con la ironía de que el Gobierno estaría erosionando el horizonte de la descarbonización.

Pero Sánchez ha dejado claro que prefiere encontrar un chivo expiatorio con el que antagonizar antes que castigar al responsable del apagón y encontrar una política energética que garantice la estabilidad de su propia apuesta por la electrificación.