Hace más de dos siglos, en el décimo aniversario de la doceañista Constitución de Cádiz, al que el impostor Cándido Conde-Pumpido homenajeó recientemente acercándose al Oratorio de San Felipe Neri, el gran liberal sevillano Alberto Lista advertía que «nada hay más peligroso que salirse de la letra de la Constitución y eludir el rigor de sus artículos a pretexto de circunstancias extraordinarias» porque ese día se finiquita la libertad. A su juicio, si se permite que «una mano atrevida arranque una sola piedra del edificio constitucional, tras la primera arrancará la segunda, y tras ésta, otra» desmoronándose.

Justo esto es lo que propicia el presidente del Tribunal Constitucional —¡fuera máscaras!— como autor intelectual del autogolpe contra la legalidad constitucional al amnistiar a los sediciosos que proclamaron la «suspendencia» en Cataluña. Basta leer el borrador de ponencia firmado por su vicepresidenta, «Maculada» Montalbán, una vez que el «In» lo perdió brindando su indulto solapado a los ladrones de los ERE andaluces que apadrinaron su carrera y que la galardonaron. No le arredró allanar las competencias del Tribunal Supremo.

Para ello, con menos vergüenza que un gato en una matanza, Pumpido y su soviet del TC no preservan ni la apariencia de imparcialidad lo que transmuta a la Corte de Garantías en una extensión del régimen bolivariano de Maduro. Si su primer presidente fue un exiliado en la democracia venezolana de entonces, Manuel García-Pelayo, ahora su degeneración la arrastra a proceder como aquella satrapía. No podía esperarse otra cosa con un Pumpido que emporcó su toga de fiscal general para facilitar los tejemanejes de Zapatero con los terroristas de ETA y que hoy enfanga su ropón para blindar a Sánchez.

Así, ha transitado de cuando el etarra Otegui, hoy jefe de EH-Bildu, reclamaba en la antesala del juez Marlaska y hoy ministro del Interior: «¿Pero esto lo conoce el fiscal general del Estado?», a cocinarle la amnistía que Sánchez adeuda por ser presidente en un acto de simonía que lo deslegitima. En suma, mientras progresa y con él su familia, Pumpido actúa con la obsequiosidad de «agradaor» de Héctor Cámpora, su ayudante de cámara, con Perón. Si al inquirirle éste: «Camporita, che. ¿Qué hora tenés?, aquel respondía servil: «La que vos querés, mi general», otro tanto Pumpido para justificar en Derecho, pero sin rectitud, los abusos de Sánchez.

A este propósito, Pumpido hace de la necesidad (política) de Sánchez virtud (constitucional) trenzando una ponencia sin rigor jurídico y con trazas de pasquín. Todo para verificar por «razones de partido» una medida de gracia que contraviene la Ley de Leyes, como argüía Sánchez, pero a la que Casa Pumpido le da la vuelta como un calcetín para presentar como interés general su adeudo al prófugo Puigdemont. Milagrosamente, Sánchez no vio la luz de la amnistía hasta que supo que, de no saltarse la Constitución, como en 2017 los golpistas, debía apearse del poder. Y es que, en efecto, si la Carta Magna veta expresamente los indultos generales, también una medida de gracia más amplia que no sólo anula las penas, sino que borra los delitos. Imposibilitando lo menos, no puede admitirse lo más.

Por eso, luego de asegurar que «los juicios de oportunidad política quedan a extramuros de nuestro control» y de desligar la amnistía de las «transacciones políticas», la ponencia de «Maculada» Montalbán no abandona los derroteros políticos que refuta falsamente. Cúmplese el adagio latino: Excusatio non petita accusatio manifesta («Quien se excusa, se acusa»). Ejemplifica que lo que distingue a un ciego de un fanático es que el primero sabe que no ve y el otro cree que ve por anteponer el egoísmo de partido sobre la verdad y la justicia. Como subrayó Madame de Stäel, a quien Napoleón tenía como máxima enemiga junto con Prusia, Rusia e Inglaterra, «el espíritu de partido es la pasión que convierte en una virtud la aniquilación de las demás virtudes».

Como consecuencia, el TC se ha viciado con peones de partido y se ha enviciado con fallos que dictan desde fuera aquellos a quienes deben las puñetas. Por esta abyecta vía, el TC se dispone a refrendar la ilegal amnistía merced a la cual Sánchez detenta, que no ostenta, la Presidencia. Pero es que, además, al convalidar tamaña arbitrariedad, habilita el ejercicio despótico del poder de aquel al que todo le será consentido. En realidad, dando por cumplida su deuda con Puigdemont, quien deberá esperar el escollo de la malversación a que se pronuncie el Tribunal de Justicia Europeo, Sánchez se fortifica con esta autoamnistía. Ya no sería un primus inter pares, sino un primus supra pares, por la gracia de Pumpido, como Berlusconi pretendió en Italia impidiéndoselo la Corte de Garantías trasalpina.

Más cuando, según el boceto de sentencia, «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente». Ello contraviene el principio cardinal de que el gobernante, al revés que el ciudadano, sólo puede hacer lo que fije el orden legal porque, de lo contrario, fenece la libertad. «Mientras que el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial no marchen libremente por la senda respectiva de sus atribuciones —avisaba hace dos centurias Alberto Lista—, la Constitución no existe por más que blasonemos de amarla».

A tenor de ello, no le falta un ápice de razón al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando manifiesta que «se nos intenta convencer de que comprar un gobierno con privilegios es legal». Ello obliga a actuar en coherencia y no reincidir en el nefando error de su antecesor de votar a Pumpido como magistrado constitucional cuando podía intuirse que a los bulos de Sánchez sumaría sus bulas. Como opinaba Bonaparte, si se pone una uña ante una bola de nieve, ésta se derrite al instante; si se la deja rodar, puede que aplaste al indolente. Así, con astucia de hombre de partido, el primer recurso que Pumpido ha puesto sobre la mesa ha sido el del PP, habiendo una veintena, a fin de que su aberración jurídica se diluya en porfía partidista en esta España polarizada y cuele de matute cómo socava del Estado de derecho y la igualdad entre ciudadanos. A resultas de ello, un Gran Inquisidor dicta sentencias de parte desde un TC del que hace su casa particular.