- «El español es la lengua oficial y común. Aseguraremos que en la legislación nacional se garantice el aprendizaje completo del español en todas las etapas del sistema educativo» Al no indicar cómo hacerlo, me pregunto ¿Con la misma indolencia e ineficacia de sus últimos gobiernos?
La descomunal degradación política e institucional que atraviesa España, no se arregla con una simple alternancia en el Gobierno. Si queremos preservar nuestra nación y el Estado de derecho, necesitamos que la sustitución del sanchismo sea acompañada de una catarsis mayúscula ¿Se atreverá el PP a protagonizarla? La ponencia aprobada en su reciente congreso da algunas pistas. Hagamos un breve repaso de su contenido.
Comienza el epígrafe «Nosotros, los españoles» con un análisis acertado de la situación –sin diagnóstico exacto no hay terapia correcta– «la combinación de degradación democrática, corrupción, polarización y pérdida de competitividad nos está conduciendo a la decadencia». A continuación afirma que las próximas citas electorales son «la última oportunidad para poner fin a una etapa disolvente». Y prosigue «en el PP estamos preparados para afrontar el reto». Totalmente de acuerdo, si el PSOE de Sánchez se mantiene en el poder, no habrá más ocasiones.
En el siguiente apartado aborda su compromiso con una nueva manera de hacer política, se titula «Principios y valores». Aquí aparecen las primeras dudas pues, aunque dice ser un partido de «centro-reformista», no apunta reforma alguna en relación con la disgregadora deriva de nuestra organización territorial. Dice «Creemos que el Estado de las autonomías, aún perfectible, es el que mejor se ajusta a la idiosincrasia de nuestra nación». Nada se especifica sobre la armonización o control del uso de aquellas competencias que, por ejemplo, en materia educativa, son utilizadas a diario como ariete contra la unidad de España.
En el capítulo titulado «política institucional» enfatiza «más nación y menos nacionalismo», y dice que el marco competencial «no puede ser un zoco en el que se compran mayorías parlamentarias» citando como «aspectos a preservar y reforzar la igualdad, la política exterior, la defensa, la inmigración, la administración de justicia o la seguridad social». Ignora de nuevo un elemento básico de igualdad y cohesión entre españoles ya mencionado: la educación. Se compromete al menos a recuperar el delito de sedición, ya veremos.
Hay en este capítulo una afirmación sorprendente «El Gobierno central no puede usar su poder para secuestrar los recursos que les corresponden a las comunidades, que deberán ser transferidos anual y automáticamente por ley» ¿Ah sí? ¿Aunque incumplan la Constitución y desafíen al Estado ejerciendo competencias que no les corresponden como el control de fronteras o la representación en el exterior? A continuación otra obviedad «El español es la lengua oficial y común. Aseguraremos que en la legislación nacional se garantice el aprendizaje completo del español en todas las etapas del sistema educativo» Al no indicar cómo hacerlo, me pregunto ¿Con la misma indolencia e ineficacia de sus últimos gobiernos?
Continúa con otra vaguedad «El PP aspira a obtener una mayoría suficiente que le permita gobernar aplicando su programa sobre la base de la Constitución y la defensa del interés general» ¡Faltaría más! pero ¿Si no tiene mayoría absoluta se compromete a no pactar la investidura con partidos golpistas y separatistas? ¿Por qué no aparece claramente por escrito como reclamó el presidente del PP en Cataluña? Le sigue una promesa clara «Derogaremos la mal llamada Ley de Memoria Democrática corredactada por Bildu» ¡Perfecto! ¿Cumplirán con este compromiso del mismo modo que Rajoy con la ley de memoria histórica?
Otro apartado capital es el dedicado al Poder Judicial «la independencia judicial es intocable y no puede estar sometida ni a los vaivenes políticos ni a las presiones de ningún Gobierno» ¡Enhorabuena! ¿No se repetirán los acuerdos alcanzados con el PSOE en octubre de 2021 para renovar el Tribunal Constitucional? ¿Nos olvidamos del pacto/reparto alcanzado en junio de 2024 para renovar el Consejo General del Poder Judicial? ¿Reformarán la Ley Orgánica del Poder Judicial –promesa incumplida del programa electoral de 2011– para que doce de los veinte vocales del CGPJ sean elegidos entre y por jueces y magistrados?
Termino, aunque esté acreditado el muy escaso valor de ponencias y programas electorales, conviene otorgar al PP –como a Vox– un voto de confianza, España no soportaría otra legislatura de Pedro Sánchez. Ojalá, cuando llegue el momento, el PP cumpla con su palabra y se atreva a conjugar, como los españoles merecemos, dos verbos capitales: derogar y reformar.
- Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco