En lugar de haberle afeado a Mertxe Aizpurua que el partido legatario de ETA se proclame guardián de «los derechos y libertades de toda la ciudadanía» frente a «los espacios del fascismo en todas sus formas», Pedro Sánchez ha secundado parte de su discurso sobre la memoria democrática.

La portavoz de Bildu le ha exigido al presidente en la Sesión de Control de este miércoles «medidas firmes» contra los actos de «exaltación fascista». Y Sánchez, que no iba a dejar escapar la oportunidad de reavivar uno de sus comodines guerracivilistas predilectos, ha aprovechado para avanzar que el Gobierno acelerará la retirada de símbolos franquistas.

La impostura que entraña la crítica de Aizpurua a la «total impunidad» con la que actúan las «organizaciones franquistas» es manifiesta. Y con razón ha provocado la airada reacción de gran parte del hemiciclo y de la portavoz del PP, que ha manifestado su «asco» ante la connivencia de Sánchez con la bildutarra.

Porque Aizpurua es la portavoz de un partido que (a diferencia del PP con respecto al franquismo) nunca ha condenado expresamente los crímenes etarras ni ha abjurado de su pasado terrorista. Y que pese a ello no sólo sigue actuando en la vida política española con impunidad, sino cada vez con mayor protagonismo.

Pero resulta aún más sangrante que quien haya hecho este llamamiento a un «compromiso antifascista» contra la exaltación del franquismo sea la propia Mertxe Aizpurua, condenada a un año de prisión en 1984 por apología del terrorismo.

La misma Aizpurua que dirigió durante los años de plomo de ETA el periódico Egin, en el que los terroristas publicaban sus editoriales y amenazaban de muerte a sus víctimas. Que arengaba a los «necesarios gudaris». Y que entrevistó para el diario Gara a dos miembros encapuchados de la cúpula de la banda.

¿Con qué autoridad execran los abertzales la «exaltación» de la violencia política, cuando en País Vasco y Navarra siguen produciéndose centenares de actos de homenaje a presos etarras en el espacio público, muchos de ellos facilitados oficialmente por los propios ayuntamientos gobernados por Bildu?

¿Qué credibilidad tiene a la hora de reclamar la prohibición de partidos políticos la portavoz de una coalición integrada por Sortu, sucesor de la ilegalizada Batasuna?

La misma que tenían los albaceas de los pistoleros cuando se declararon en contra de la «carrera armamentística» y la guerra durante el debate sobre el incremento del gasto en Defensa del pasado abril.

La misma que tienen al denunciar el «genocidio» de Israel los que comparten el ideario de quienes cometieron una matanza masiva para purgar el País Vasco de todo el que abominara de su «lucha armada».

La misma que tiene el condenado a seis años de prisión por pertenencia a banda armada Arnaldo Otegi al erigirse en embajador del pacifismo y la defensa de los derechos humanos.

Sánchez ha respaldado la exigencia de Aizpurua de «aplicar el compromiso antifascista para impedir el acceso de los ultras al Gobierno».

Pero no parece causarle problema alguno el acceso del radicalismo abertzale a la gobernabilidad del Estado, a quien, pese a su credo declaradamente anticonstitucional, ha convertido en el socio más fiel de su mayoría de investidura.

La concurrencia entre los relatos del PSOE y Bildu para combatir las rémoras del franquismo ofrece la última entrega de la aberrante política de normalización que ha seguido este Gobierno con los independentistas vascos.

Aunque no supone una novedad estricta, dado que Bildu ya tuvo un papel protagonista en la redacción de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que se aprobó gracias a un pacto con el PSOE para extender el ámbito temporal de vulneraciones de derechos humanos hasta el primer año del gobierno de Felipe González. Y así incluir a ciertos militantes de ETA entre los indemnizables por su defensa de los «valores democráticos».

Es una desfachatez que un partido que ha querido borrar la memoria más reciente de las víctimas del terrorismo en el País Vasco dictamine la memoria sobre las víctimas de la dictadura. Pero es inaceptable que Sánchez no haya desautorizado a la exportavoz de los etarras.

Al contrario, María Jesús Montero ha abundado en la defensa de Aizpurua pidiendo «respeto a la democracia»

Y es cierto que también los diputados de Bildu han sido «elegidos legítimamente». Pero eso es compatible con la aplicación por el resto de fuerzas parlamentarias de un innegociable cordón sanitario. Precisamente el que les ha levantado Pedro Sánchez.