Yolanda Díaz se ha desmarcado de la posición oficial del Gobierno con respecto al ERE anunciado por Telefónica, que había defendido respetar la autonomía de la negociación tutelada por los sindicatos.

La ministra de Trabajo ha calificado de «indecente» que se acometa un expediente de regulación de empleo en una empresa que tiene beneficios y que está participada por el Estado. Y ha aducido que «el dinero público no está para despedir a nadie».

La primera pata de este argumento es tramposa. Porque sólo se puede considerar que Telefónica ha tenido beneficios si se descuenta la venta de varias de sus filiales en América Latina. Como grupo, Telefónica ha registrado a nivel global unas pérdidas netas de 1.080 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025.

Igualmente falaz es la segunda afirmación. Porque difícilmente puede considerarse propiedad «de los ciudadanos españoles» a una empresa privada en la que el Estado sólo posee, a través de la SEPI, una participación del 10%, que es la misma que tienen los otros dos principales accionistas privados, CriteriaCaixa y Stc.

La impostura de la reprobación de Yolanda Díaz al ERE de Telefónica queda de manifiesto tan pronto como se recuerda que fue el Gobierno quien decidió entrar en el accionariado de Telefónica tras el movimiento del grupo saudí, y que lo hizo con pleno conocimiento de que estos ajustes de plantilla son periódicos en la operadora.

El Ejecutivo era consciente cuando entró en ella de que la compañía sigue estando superdotada de personal con respecto a sus homólogos europeos, y que por eso no podía sino seguir redimensionando la estructura obsoleta heredada de la época de la privatización de Aznar. El total de las 6.088 salidas propuestas ahora para siete de sus principales filiales en España se orienta en esa misma dirección.

Sería en todo caso razonable que la ministra de Trabajo se preocupase de garantizar que el despido colectivo no se haga en términos desventajosos para los trabajadores.

Pero esto no es lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, cuando siempre se han ofrecido condiciones dignas. Todas las salidas de empleados hasta la fecha se han producido de forma voluntaria, mediante prejubilaciones y con la aprobación de los sindicatos.

También esta vez los despidos han sido pactados con los sindicatos. Y por tanto no se explica (salvo por el interés partidista en buscar un espacio político propio) la pretensión de Díaz de sabotear un acuerdo bueno para Telefónica y para sus trabajadores.

La vicepresidenta no puede ahora afectar indignación, cuando, además, el presidente de Telefónica ya había advertido de que su plan estratégico incluiría tomar «decisiones difíciles», revirtiendo la aversión a asumirlas que, a juicio de Marc Murtra, había imperado durante el mandato de sus predecesores.

Esas decisiones difíciles son precisamente las que está ejecutando Murtra en su plan Transform & Grow, y que incluyen también el recorte del dividendo a la mitad para controlar la deuda.

El plan estratégico que está poniendo en marcha Murtra proyecta simplificar el grupo y sus operaciones para hacerlo más eficiente y poder enfocarse en las oportunidades de crecimiento de la compañía en sus principales mercados.

El objetivo de la nueva hoja de ruta es la necesaria adaptación de Telefónica para afrontar los retos tecnológicos y comerciales de los próximos años, creando una empresa más sostenible financieramente y capaz de competir con otras empresas europeas.

Lo que está intentando Murtra es solucionar uno de los grandes problemas que arrastra Telefónica desde hace años: el insatisfactorio rendimiento de sus cotizaciones bursátiles.

En el contexto de un mercado europeo muy fragmentado, consolidar a Telefónica como una operadora global de referencia dentro de las telecomunicaciones contribuirá a aliviar la situación de este sector, muy penalizado en bolsa por su dificultad para competir con las grandes tecnológicas.

En ese sentido, Yolanda Díaz, como vicepresidenta segunda del Gobierno, debería estar interesada en que a Telefónica le vaya lo mejor posible, permitiendo que pueda obtener beneficios el año que viene.

Porque cuanto más aumente su rentabilidad, más dividendos podrá repartir. Y en ese caso, si la SEPI se decidiera eventualmente a salir de la compañía, también el Estado obtendría más provecho que si la empresa sufriera unas dificultades como las que afrontaba cuando era pública y no daba beneficios ni cotizaba.

Efectivamente, los recursos públicos no están para hacer despidos. Están para emplearse en las empresas estratégicas de manera provechosa y para procurar que las compañías participadas por el Estado sean lo más rentables posible.