Editorial-El Español

  • Sánchez le hace los Presupuestos a Feijóo después de cuatro años sin presentarlos

No contento con ostentar la plusmarca en la aprobación de decretos-leyes en Democracia (casi 200 durante sus ocho años en la Moncloa), el Gobierno de Pedro Sánchez se está aplicando desde que comenzó la campaña a un inaudito frenesí normativo.

El Ejecutivo ha duplicado los Consejos de Ministros convocados hasta el día de las elecciones, para dar salida precipitadamente a distintas partidas de gasto público que permanecían sin tramitar.

Tal abuso de una herramienta contemplada para casos de extrema y urgente necesidad denota el reincidente desdén de Sánchez hacia las convenciones democráticas y el proceso legislativo ordinario. Sánchez se está apoyando en la Diputación Permanente del Congreso para aprobar en segunda vuelta las leyes que el Congreso le había negado.

Pero este derroche de gasto social supone, ante todo, un uso fraudulento del Palacio de la Moncloa con fines electoralistas. Una malversación por la que el Ejecutivo ha sido repetidamente amonestado por la Junta Electoral Central cada vez que ha usado la Presidencia del Gobierno como un instrumento de campaña más.

A falta de otras dos reuniones del gabinete antes del 29-N, Moncloa ya ha tramitado de urgencia el decreto para subir las pensiones en 2027. Y este martes ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional y el alza salarial de los funcionarios.

A menos de dos semanas para los comicios del 29 de noviembre, el Gobierno factura obscenamente al BOE su compra de favores con que garantizarse el apoyo de los pensionistas, los funcionarios y las clases subvencionadas.

Aunque sus efectos no se vayan a dejar sentir inmediatamente, esta manipulación de la economía por decreto compromete seriamente el futuro, en primer lugar, de las cuentas públicas y el tejido productivo.

Según ha calculado EL ESPAÑOL, financiar las promesas electorales anunciadas por Sánchez desde la Moncloa supondrá un desembolso de casi 40.000 millones de euros.

Y ello en un contexto en el que Bruselas ha avisado de que las políticas expansivas deben moderarse. Desde que Sánchez es presidente, por el contrario, la deuda pública de las Administraciones se ha disparado un 51%, hasta registrar el máximo histórico de 1,8 billones de euros.

En ese mismo periodo, el Salario Mínimo Interprofesional (que ya se sitúa en 1.286 euros) ha crecido un 75%, mientras el salario medio sólo lo ha hecho un 32%. También la pensión media, que se ha incrementado un 44,5%, supera al salario medio.

En un escenario de espiral inflacionaria, subidas caprichosas como las aprobadas este martes sólo contribuirán a encarecer los costes laborales, condenando a España a empleos de baja calidad.

Tanto la AIRef como el Banco de España han advertido de que subir el suelo salarial sin una correspondiente mejora en la productividad tiene un impacto negativo en el empleo, con el resultado de decenas de miles de puestos de trabajo no creados o perdidos.

No hay economía real que pueda sostener este maquillaje propagandístico y subsidiado. Pero mucho menos la española, cuyo crecimiento se sustenta casi en exclusiva, como ha advertido la Comisión Europea, en el incremento del consumo interno traccionado por la inmigración, y no en la mejora de la productividad.

La cara oculta de ese elevado crecimiento económico del que tanto presume el Gobierno es una de las tasas medias de inflación más altas de la UE y el desempleo más elevado de Europa, sólo por detrás de Finlandia.

Pero estos decretazos clientelistas condicionan también el margen de acción del próximo Gobierno.

Dado que las subidas no se han decretado con el año vencido, sino que se han programado para ser aplicadas en 2027, se le impondrán como obligaciones contraídas al Ejecutivo salido de las urnas el próximo 29-N. Y a estas partidas se le añaden todo el resto de compromisos adquiridos a lo largo de la legislatura en materia de gasto militar, inversiones o gasto en infraestructuras.

En caso de que Sánchez no logre la reelección, podrá al menos obligar a su sustituto a la ingrata tarea de recortar gastos, o limitar su capacidad para bajar impuestos.

Resulta irónico que Sánchez se haya encargado de elaborarle a Feijóo su proyecto de Presupuestos después de cuatro años sin haber presentado el suyo.

La inadmisible trampa que encierra que un Gobierno pueda disponer discrecionalmente del dinero público para invertirlo en campaña obliga a una reforma de la ley electoral.

La LOREG tiene que ser revisada para declarar al Gobierno automáticamente en funciones desde el momento en que se convoquen los comicios, a fin de impedirle aprobar decretos de contenido presupuestario durante el periodo electoral.

En su defecto, debe al menos limitar la arbitrariedad del Ejecutivo durante este lapso de interinidad en el que el manejo del erario reporta a quien lo detenta una ventaja inicua sobre el resto de contendientes.