La segunda conclusión es igual de clara. Difícil tendrá el PSOE explicar a los españoles su rechazo a la investidura, si es que se mantiene en esta posición. Porque hasta 100 de las 150 medidas suscritas entre PP y Ciudadanos son calcadas del programa que en invierno pactaron Rivera y Pedro Sánchez en su intento de formar Gobierno. Frente a la reiterada acusación a los populares de inmovilismo, éstos han demostrado flexibilidad al aceptar las condiciones para combatir la corrupción y tantas medidas de regeneración.
Es indudable que el acuerdo sellado ayer añade presión al PSOE. Pero no ya sólo numérica –Rajoy se garantiza ahora el sí de 170 diputados, incluido el presumible voto a favor de CC–, sino también programática. Porque el PP asume muchas cuestiones de las que Sánchez hizo bandera en marzo: la paralización de la Lomce y un pacto de Estado de Educación, otro contra la violencia de género, la supresión del llamado impuesto al sol, el desarrollo pleno de la Ley de Dependencia, la dación en pago para saldar la deuda hipotecaria, un complemento salarial para las rentas más bajas… No parece razonable que los socialistas se opongan ahora a lo que entonces les parecían importantes avances para los españoles, ni resultaría creíble que despachen el acuerdo tachándolo simplemente de «continuista y conservador». Así pues, si en la reunión de hoy entre Rajoy y Sánchez éste se encastilla en el «no es no», creemos que buena parte de los españoles sólo verán partidismo en un bloqueo que no beneficia a nadie.
Pase lo que pase con la formación de Gobierno, Ciudadanos ha vuelto a demostrar una gran capacidad de iniciativa política. Y los de Rivera han conseguido también que el PP se comprometa a sentarse a una mesa multipartita para discutir la posible reforma de la Constitución. Es otro claro guiño al equipo de Pedro Sánchez, que considera fundamental esta cuestión. En el mismo sentido, los populares están abiertos a reformar el Senado en una dirección federalizante y a reducir el número de senadores. Son cuestiones que exigen el consenso de los dos principales partidos. Y se antoja incomprensible que el PSOE no aprovechara esta oportunidad cuando se viene pronunciando en este sentido en las últimas campañas.
Entre las 150 medidas, hay algunas sociales muy razonables. Además del mencionado complemento salarial, la ampliación de los permisos de maternidad y la igualación de los de paternidad, así como el compromiso de revertir los recortes en dependencia para volver a alcanzar al menos el mismo nivel que se había logrado antes de 2012. Es de justicia que en un momento en el que todos los indicadores señalan que se ha superado la crisis económica y España, como recalcó ayer Rajoy, crece más que ningún otro país de la Eurozona –un 0,8% el último trimestre frente al 0,3% medio del resto– el nuevo Gobierno dirija los mayores esfuerzos a incrementar el nivel de vida de los sectores más desfavorecidos.
Lo más criticable es que lo acordado supondría 29.000 millones de gasto público, con el compromiso explícito de no subir los impuestos. Dado que el cumplimiento del déficit con Bruselas es innegociable, hay que afinar mucho más cómo captaría recursos el Estado, y no cabe fiarlo todo a la lucha contra el fraude.
Altamente positiva es la promesa de que la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial dejarán de ser elegidos por los partidos. La despolitización de la Justicia es un asunto prioritario y, como dijo ayer Rivera, «Montesquieu debe volver a la política española». Igualmente, los compromisos de garantizar la enseñanza trilingüe en comunidades con lengua propia y la defensa inequívoca de la soberanía nacional en pleno desafío independentista en Cataluña debieran tener el respaldo de cualquier partido constitucionalista. Ayer se dio un paso más para la formación de Gobierno. La pelota está en el tejado del PSOE, que debe demostrar responsabilidad, pero ahora también coherencia con su propio programa.