Ignacio Camacho-ABC
- Con su caótica gestión del rebrote, Torra está pidiendo a voces que el Gobierno lo ponga en el sitio que le corresponde
Es de justicia destacar -no agradecer, porque era su obligación aunque no acostumbre a cumplirla- que Quim Torra se sumase ayer a la laica ceremonia de Estado en homenaje a las víctimas del Covid. (Y también de paso que Sánchez respetara el protagonismo del Rey sin solaparlo con una de sus homilías atosigantes, aunque luego se empotrase en la Familia Real durante el saludo a las autoridades). Al menos el presidente de la Generalitat ha tenido el detalle de poner a los muertos catalanes en pie de igualdad con los de otras comunidades. Estuvo en su sitio, no boicoteó la unidad nacional y hasta cumplimentó a Felipe VI con la inclinación de cabeza que establece el protocolo. Nos conformamos con
poco; cómo estarán las cosas que se ha convertido en noticia que no dé la nota. Pero formalidades aparte, su gestión de los rebrotes está pidiendo a voces que el Gobierno lo ponga cuanto antes en el lugar que le corresponde, que no es ni más ni menos que el del resto de los dirigentes autonómicos españoles. Sometido a la jurisdicción de los tribunales y obligado a cumplir y aplicar la ley sin privilegios ni exenciones.
Era obvio que la extinción del estado de alarma podía provocar un vacío jurídico y de poder al desaparecer los mecanismos de coordinación que había asumido -más mal que bien- el Ejecutivo. Las competencias de salud pública han vuelto a las autonomías y las medidas de emergencia contra el virus dependen del sentido de la responsabilidad y del compromiso de sus políticos. Cabe sospechar que la ausencia de un marco alternativo responda a la intención sanchista de reivindicar la necesidad de su intervención excepcional con cierto maquiavelismo; en todo caso se aproximan, con la movilidad poblacional del verano, episodios de crisis que pueden oscilar entre lo chusco y lo dramático. Y a Torra le ha tocado por ahora el primer desafío realmente delicado: una multiplicación exponencial de contagios. Como cabía esperar de un agitador consagrado en exclusiva a su delirio identitario, el problema ha derivado en un descomunal caos, un conflicto judicial y administrativo que ha puesto en vilo a decenas de miles de ciudadanos que ni siquiera saben si están o no confinados. Qué podía salir mal con semejante insensato al frente de un atolladero sanitario.
El Gobierno se ha puesto de perfil -también en Aragón- para evitar susceptibilidades políticas que tendrá que afrontar más pronto que tarde. No va a colar la excusa de que carece de herramientas legales: tiene la Ley General de Sanidad, la de Medidas Especiales de Salud, la de Protección Civil y hasta la de Seguridad Nacional a su alcance. Y tiene, lagarto, lagarto, el artículo 155 de la Constitución para tomar provisionalmente el mando de un territorio desobediente al Estado. No faltan instrumentos sino voluntad de utilizarlos. Con el independentismo hemos topado, amigo Sancho.