«1980»

ABC 09/12/14
IGNACIO ASTARLOA, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

· «El director de cine Iñaki Arteta, comprometido siempre con las víctimas y con el empeño de que no se olvide lo que no debe ser olvidado, ha estrenado “1980”, el último de sus impresionantes documentales, centrado en uno de aquellos “años de plomo” en los que la banda criminal liquidaba vidas humanas a mansalva y la sociedad enterraba a las víctimas por la puerta de atrás del cementerio»

LOS pistoleros de ETA mataron en 1980 casi a un centenar de personas. Un funeral cada tres días y decenas de heridos, en uno de los años más duros de esta inconcebible historia de terror y de i nf a mia que hemos padecido hasta hace bien pocas fechas. Historia que todavía padecemos, de hecho, hasta que no se cierre con todas las consecuencias que le son debidas.

El director de cine Iñaki Arteta, comprometido siempre con las víctimas y con el empeño de que no se olvide lo que no debe ser olvidado, ha estrenado «1980», el último de sus impresionantes documentales, centrado en uno de aquellos «años de plomo» en los que la banda criminal liquidaba vidas humanas a mansalva y la sociedad enterraba a las víctimas por la puerta de atrás del cementerio. A los que hemos tenido la desgracia de vivirlo nos recuerda la crueldad infinita e injusta de aquellos angustiosos días de sobresalto y luto permanente. A los más jóvenes les permite entender lo que no vivieron y que no debe repetirse jamás.

Encarezco humildemente a los lectores a que vean la película, aun a sabiendas de la dureza de esas imágenes y de esos recuerdos. No solo porque dejan memoria imborrable del daño causado a personas concretas que no merecen quedar en el olvido y también de lo que hemos sufrido todos los españoles, por inconcebible que parezca en una sociedad de finales del siglo XX. Al mismo tiempo porque, como manifestó el propio Arteta al presentar este alegato gráfico, hay películas que hablan del pasado pero iluminan el presente.

Viendo las imágenes de «1980» con mirada de hoy, podemos sentirnos orgullosos de la fortaleza cívica y democrática con que la sociedad española ha superado el envite del terror y lo ha combatido hasta acorralarlo. Con extremo dolor, con miles de víctimas inocentes que han padecido por la libertad de todos, pero también con la determinación inquebrantable de defender los valores de nuestra convivencia democrática frente a la barbarie terrorista y su pretensión de obtener finalidades políticas con el chantaje de la violencia.

Esta sociedad española que ha resistido cuatro décadas los tiros y las bombas de quienes desde aquellos años de la Transición han pretendido impedir el proyecto de concordia que perfiló la Constitución no puede obviar lo que ha costado llegar hasta aquí, ni malbaratar ahora el edificio de convivencia, de bienestar y de paz –inédito en la compleja historia moderna de España– que tanto sacrificio y tanto sufrimiento ha supuesto construir.

Quienes hoy desafían la ley y la paz civil o quienes pretendan hacerlo en el futuro deben saber –y percibir nítidamente– que este gran país, la inmensa mayoría de sus ciudadanos, seguimos firmemente dispuestos a defender el respeto a la ley, la Constitución y la convivencia pacífica, frente a la segregación, la división, la discordia y la imposición (violenta o no). Con la misma determinación con la que hemos evitado durante cuarenta años, en las más trágicas condiciones, rendirnos ante el terror y el crimen. Y con más energía y convicción, si cabe, porque hemos constatado que cuando hemos resistido hemos ganado; con la incontestable legitimidad y potencia del Estado democrático de Derecho.

Al mismo tiempo, la película de Arteta trae también al presente que la de ETA no es una ve-xa ta qua estio definitivamente resuelta, como estamos constatando una vez más, con incredulidad, estas últimas horas. El hecho de que hoy estén calladas las armas no oculta que quedan importantes asignaturas pendientes. La primera, tan evidente que ya ni se menciona en medio de esta bruma de creciente desmemoria, que las armas no solo guarden silencio, sino que se entierren para siempre y que con ellas se sepulte la banda criminal misma.

Millones de personas han salido no hace tanto tiempo a las calles, reiteradamente, exigiendo además para las víctimas memoria, dignidad y justicia. Nada más, pero tampoco nada menos. Esas víctimas que, como en la película, tienen nombre y rostro y también unas familias desgarradas. Hay, por tanto, que hacer cumplir las leyes; sin que nadie anteponga a ellas decisiones políticas o judiciales de supuesta conveniencia. Y hay que ser muy exigentes antes de regalar respetabilidad y normalización a quienes defienden un proyecto por el que han estado matando a los demás y no se han arrepentido, ni pedido perdón ni condenado la violencia que desplegaron. Del mismo modo que tampoco procede facilitar –por muchos escaños que acumulen, y este no ha sido el menos grave de los errores que han propiciado algunos– que sean precisamente ellos los que saquen provecho del falso espejismo de que el cese de los asesinatos es precisamente un mérito de los asesinos.

Ha de actuarse, en fin, con una perseverancia muy exigente, para evitar lo que hoy constituye un riesgo especialmente grave, en el que están empeñando todas sus capacidades –y para el que no les faltan compañeros de viaje–: que se imponga un relato de la tragedia que hemos vivido que falsee y haga olvidar la verdad del espanto y la aflicción que generaron y que desde ese escenario injusto de desmemoria y confusión en el que, como todo se mezcla, todo tiene justificación, consigan sin matar el proyecto por el que mataron, reconociéndose así que el terror tuvo sentido y culminó con éxito su tarea.

Basta con visionar una minúscula parte del archivo gráfico del horror sufrido para constatar que nos queda todavía mucho y muy relevante trabajo por hacer. Para evitar, obviamente, que se les ocurra volver a utilizar las pistolas que conservan. Para no permitir que se incumplan las leyes (menos aún por quienes deberían hacerlas cumplir). Para promover que la convivencia futura no se asiente débilmente en una inmensa impostura. Y para proteger la dignidad inviolable de las personas a las que han matado o herido, que es al tiempo la dignidad de toda la Nación y, como enuncia la propia Constitución, el fundamento de nuestro orden político y de la paz social.