Muerte política

Laura Mintegi, la portavoz en el Parlamento vasco de EH Bildu –el partido preferido de ETA, a cuya campaña electoral contribuyó esta organización terrorista–, proclamó hace unos días que la de mi hermano –Fernando Buesa– fue una «muerte por causa política», como si ésta fuera una nueva categoría a añadir a la lista de los noventa y nueve diagnósticos con los que del doctor Jacques Bertillon clasificó en 1893 los diferentes tipos de enfermedades, dando lugar a la primera codificación internacional de las causas de defunción. Pero no nos engañemos, no fue ésta la intención de la escritora y lingüista, ahora metida a política, que da voz, en la Cámara de Vitoria, al Movimiento de Liberación Nacional Vasco –esa organización que, al decir del Colectivo J. Agirre, reúne a «grupos, movimientos populares, sujetos individuales y nacionales cuya pertenencia al múltiple [o sea, al MLNV] se deriva de la fidelidad al acontecimiento fundador [que no es otro que el de la constitución de ETA el día de San Ignacio de Loyola de 1959]» o, si se prefiere, de la comunión ideológica con ETA–. No, lo suyo fue simplemente un nuevo ensayo de legitimación del terrorismo, pues inmediatamente aclaró que, según su particular visión, las muertes políticas son «todas evitables» porque tienen «un origen político que depende de la sociedad, de las personas y de los políticos», para añadir que la receta contra ellas no es otra que el «diálogo» –palabra ésta que, en el singular lenguaje acuñado por el MLNV, no tiene otro significado que el de darle la razón a ETA–. Mintegi dijo así, en resumen, que el asesinato de mi hermano no fue culpa de ETA sino de los políticos españoles –entre ellos, él mismo, pues Fernando Buesa era un dirigente socialista–, por no haber hecho las concesiones que reclamaba, y sigue reclamando, ETA.

La apelación a la política para justificar el crimen, tal como ha hecho Laura Mintegi, forma parte de la tradición inveterada de los partidarios de ETA. Lo ha recordado este mismo fin de semana Pernando Barrena –el otrora dirigente de Batasuna ahora travestido, gracias a la prostitución de los principios democráticos propiciada por el Tribunal Constitucional, en portavoz de Sortu– al declarar que los cometidos por ETA son «delitos de clara motivación política». No seré yo el que le niegue su naturaleza política al terrorismo; pero inmediatamente añadiré que ésta en nada atenúa la gravedad de los crímenes que se han cometido en su nombre. Un asesinato no lo es menos por el hecho de que su autor quiera apoyarse sobre él para lograr sus fines políticos. Esto ya lo dejó claro en 1554, en su Contra libellum Calvini, Sebastián Castellio cuando, para condenar la ejecución en Ginebra de Miguel Servet, acusado de herejía, le espetó a Juan Calvino: «Matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre. Cuando los ginebrinos ejecutaron a Servet, no defendieron una doctrina, mataron a un hombre». Y de la misma manera, cuando Diego Ugarte, Asier Carrera y Luis Mariñelarena, siguiendo las órdenes recibidas de Francisco Javier García Gaztelu, asesinaron a Fernando Buesa, no apoyaron una aspiración política sino que sacrificaron a un hombre.

Por ello, cuando Laura Mintegi sostiene el concepto de muerte política, lo que hace es establecer que el asesinato es un valor, un procedimiento aceptable en la arena política, que legitima el pasado de ETA y hace de sus crímenes acontecimientos inevitables cuya responsabilidad se transfiere a quienes no quisieron acordar con esta organización terrorista la manera de dar paso a sus pretensiones independentistas y socialistas. Laura Mintegi se ha presentado así como una colaboracionista y sus palabras debieran, por eso, ser estudiadas por el fiscal general del Estado, pues sigue vigente la figura penal del enaltecimiento del terrorismo –ese delito cuyo reconocimiento mi recordado Antonio Beristain, en la que fue la última de sus obras, consideró como «in tenebris, lux: la esperanza (que) emerge de la victimación»– y los diputados autonómicos, aunque cuenten con una cierta inmunidad, no gozan de impunidad.

La proclama de Mintegi suscitó variadas reacciones de los portavoces políticos. Los del PP reaccionaron desde su bancada con expresiones de protesta que Arantza Quiroga resumió sentenciando que «siguen justificando los asesinatos». Más comedida, pero no menos contundente, la vicepresidenta del Gobierno la calificó de «intolerable» e «inaceptable», para seguidamente apelar a la actuación de la Fiscalía del Estado. En el PNV se recurrió a la claridad –Joseba Egibar sentenció: «Cuando es muerte es muerte, pero cuando es asesinato es asesinato»– y al pragmatismo –y en su virtud la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejería, suspendió sine die la constitución de la Ponencia de Paz y Convivencia, a la vez que recordaba que la Cámara es «el lugar para el debate y para el encuentro» y llamaba a los grupos políticos a hacer «un esfuerzo de respeto mutuo»–. Pero en el PSE-EE, lejos de toda cordura, se justificó a la portavoz bildutarra; y de esta manera José Antonio Pastor se limitó a comentar, como si fuera el entomólogo que pacientemente clasifica sus insectos: «Este tipo de reflexiones forman parte aún del subconsciente de la izquierda abertzale«. No exigió ninguna rectificación ni amenazó con romper los ya numerosos lazos que políticamente unen a los socialistas con los herederos de Batasuna. No, simplemente los dirigentes del PSOE vasco se reunieron discretamente con los de Bildu y Sortu para seguir hablando de sus cosas, vislumbrando ya el futuro en el que puedan gobernar juntos como si la historia de violencia que envuelve a sus interlocutores careciera de la menor importancia. Este olvido deliberado ya lo practicaron el mes pasado cuando extendieron la alfombra roja para que se paseara sobre ella Laura Mintegi en el vergonzoso homenaje que organizaron, en los salones del Parlamento vasco, a Fernando Buesa Parece como si dijeran, mientras pisotean la memoria del muerto: «¡Pelillos a la mar!».