LIBERTAD DIGITAL 21/04/13
EDUARDO GOLIGORSKY
En el artículo «Artur y Cristina» intenté aportar pruebas de que el clima de crispación y fractura social que ha creado en Cataluña el discurso secesionista de Artur Mas y de su entorno sectario y mediático guarda semejanzas reveladoras con los frutos de la campaña demagógica, discriminatoria y maniqueísta que Cristina Fernández de Kirchner ha lanzado contra la prensa independiente y contra todo atisbo de oposición o mínima disidencia social o política, incluida la que surge de su propio partido y de los círculos que hasta ayer la acompañaron incondicionalmente.
«Vamos por todo» es la consigna de las huestes kirchneristas, cuya nueva bestia negra es el Poder Judicial. Al que pretenden laminar valiéndose de un torticero… ¡derecho a decidir! Allá lo llaman «democratización de la Justicia». Escribe el editorialista del diario argentino La Nación (14/4):
Bajo el declamado propósito «democratizador» se propugna sujetar la elección de los representantes de los jueces, académicos y abogados de la matrícula federal [en el Consejo de la Magistratura] al proceso eleccionario de autoridades electivas nacionales, por lo que los candidatos deberán integrar listas propuestas por los partidos políticos, circunstancia que indudablemente condicionará su actuación a la pertenencia a un determinado partido político, coartando así su independencia de criterio.
El Consejo de la Magistratura es una pieza clave del sistema constitucional: equivale al Consejo General del Poder Judicial español y tiene entre sus funciones la de designar y destituir a los jueces, y lo que se propone el oficialismo es convertirlo en otro apéndice del poder político. El paso siguiente del «Vamos por todo» consiste en avasallar al Tribunal Supremo, compuesto por una mayoría de jueces insobornables.
Privilegios dinásticos
Los secesionistas catalanes también «van por todo» empujados por la ambición de poner la sociedad patas arriba y empezar desde cero. El Consejo Asesor de la Transición Nacional ha sido creado y puesto en funciones por la Generalitat para elaborar informes sobre «el Estado propio», entre los cuales se cuenta uno dedicado exclusivamente a la organización de la consulta inconstitucional, y otros sobre estructuras de Estado específicas como una agencia tributaria, un banco central, una administración electoral o un servicio exterior. También abordará lo relacionado con la defensa del nuevo Estado, tarea que resultará harto difícil si Mas cumple su promesa preelectoral de no crear un ejército catalán.
La analogía con el proyecto kirchnerista queda patente en el apartado sobre la creación de un Poder Judicial propio. No hay que forzar la imaginación para entender cuántas sentencias adversas del Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional y, sobre todo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al que no se le pueden atribuir servidumbres externas, se ahorrarían los secesionistas si pudieran exigir a los jueces que subordinaran la aplicación de las leyes a la solidaridad identitaria y endogámica.
Con el agravante de que los secesionistas interpretan dicha solidaridad como una coartada para saltarse las leyes a la torera, mezclando, además, conflictos sociales con privilegios dinásticos. Esto fue lo que hizo Artur Mas (LV, 14/4):
Denunció ayer que el Estado español ha emprendido una campaña de descrédito contra símbolos de referencia catalanes, como Jordi Pujol y la lengua, con el objeto de romper la cohesión social de Catalunya, y alertó «que cuando los símbolos se desgastan, la sociedad se hace añicos». (…) Citó al ex president Jordi Pujol, «que ha sido un símbolo con el que se ha identificado mucha gente de este país durante mucho tiempo, y por eso se le está intentando desgastar».
La noticia no deja dudas acerca de las segundas intenciones de la apelación al símbolo Pujol. Estas palabras en defensa de la figura de Jordi Pujol
fueron acogidas con especial emotividad por los asistentes a un consejo nacional en el que el hijo del ex president, Oriol Pujol, explicó –a puerta cerrada– su decisión de apartarse de la dirección y de delegar su cargo de secretario general tras ser imputado por el caso de las ITV. Explicaciones que, según apuntó Mas, fueron recompensadas con un «largo y sentido aplauso».
Arengas totalitarias
Mas no se conformó con reivindicar un derecho feudal a la inmunidad hereditaria, ni con sentenciar que la sociedad a la que adjudica vigencia milenaria puede «hacerse añicos» si se «desgastan los símbolos» encarnados en personajes de efímera trayectoria, que comparten con los demás mortales las debilidades propias de la naturaleza humana. Tanta fragilidad debe de ser casi una blasfemia para quienes creen en los valores eternos de esa sociedad. Ya transportado por el fanatismo tildó, en la misma asamblea, de «nuevo lerrouxismo» la actitud de los partidos de la oposición que maltratan a esos ídolos con «una sobredosis de mala educación y grosería». Cristina Fernández de Kirchner no lo habría dicho con más contundencia a pesar de ser una especialista en arengas totalitarias. Sólo habría sustituido el para ella exótico «lerrouxismo» por el agraviante «antipatria», típico de los nacionalistas argentinos. Es que unos y otros, secesionistas y kirchneristas, «van por todo» y abominan de las disidencias y las heterodoxias. Y unos y otros exigen obediencias ciegas y monolíticas porque «está en juego el país» (Mas dixit, LV, 4/4). ¿El país? Más bien, sus intereses.
Antoni Puigverd, que deja caer perlas de lucidez en la charca de su argumentario nacionalista, pareció anticiparse, supongo que involuntariamente, a este embrollo, cuando escribió (LV, 28/1) que una de las raíces culturales de la corrupción es
el amiguismo: familia, grupo, influencias, enchufes, entorno. Partiendo de estas raíces, ha fraguado con naturalidad esta idea: un partido es un feudo. Todas las instituciones lo son. Al frente del feudo está el señor, rodeado de todo tipo de fieles militantes, funcionarios a dedo, asesores, propagandistas. La función de los siervos es defender al señor a capa y espada, pues él les compensará con canonjías y prebendas. También puede castigarles quitándoles arbitrariamente el puesto. Así funciona el país, así se depredan sus estructuras públicas (y, generalmente, también las privadas): sean políticas, judiciales, económicas o culturales. La idea de fondo es muy simple: la democracia es sólo para mí y los míos.
Mas se ocupó, en la asamblea arriba citada, del otro símbolo que considera amenazado: realizó una defensa apasionada de la lengua catalana y calificó de «absurdo» el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Tampoco estuvo solo en esta defensa. El secretario general de la «moderada» y «dialogante» UDC, Josep M. Pelegrí, afirmó (LV, 14/4):
Si anulan nuestra lengua están anulando el nervio fundamental de nuestra identidad. ¡Por aquí no pasaremos! Unió no pasará. Pondremos todos los instrumentos a nuestro alcance para que no suceda.
El somatén mediático tergiversó descaradamente el contenido de dicho auto del TSJC, convirtiéndolo en un pretexto para que los secesionistas redoblaran sus amenazas de insumisión. A Francesc de Carreras le bastaron pocas palabras para desenmascararlos (LV, 13/4):
La resolución judicial no dice, como han manipulado los medios de comunicación, que si un alumno lo pide toda la clase debe ser impartida en castellano. Lo que dice, simplemente, es que deben usarse ambas lenguas: lo dice el auto porque lo dice la ley.
Un papelón mayúsculo
Ahora, los capos del secesionismo corren dando vueltas por el escenario de la política española y catalana como pollos decapitados. Un papelón mayúsculo. El consejero de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó, quien le había ratificado a Jordi Barbeta que no habría marcha atrás en la consulta (LV, 24/3), confesó luego (LV, 16/4) que veía imposible la consulta sin un acuerdo previo con Madrid, oído lo cual Francesc Homs, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, lo contradijo (LV, 17/4):
Declaraciones hay muchas, pero el guión del Govern son todos los acuerdos firmados, el programa electoral de CiU, el pacto de legislatura con ERC, y las dos declaraciones del Parlament, y de aquí no nos moveremos (…) La idea de que la consulta se hará sí o sí se mantiene plenamente vigente.
Quienes hicieron de la fragmentación de la sociedad española y de la sociedad catalana su catecismo diario se intoxican ahora con su propio veneno: no pueden imponer la disciplina en sus filas porque hicieron de la insumisión contra las leyes su razón de ser. La confusión es tan grande que el somatén mediático presenta al talibán Felip Puig como un «soberanista pragmático» (¡más respeto con el pragmatismo!) y al beligerante contra la enseñanza bilingüe Josep Maria Pelegrí como un «pactista» (LV, 18/4).
Como hemos visto, Artur Mas denunció que «la sociedad se hace añicos» cuando se desgastan símbolos como Jordi Pujol (¿y su dinastía?) y la lengua. Nada más falso. Quienes están haciendo añicos la sociedad son quienes se han abrazado a símbolos ficticios para ir por todo y conquistar las prebendas del poder hegemónico. Y esto vale tanto para la corte de Cristina como para la corte de Artur.