Natalia Cristóbal-El Debate
Han pasado 14 años de aquel 20 de octubre en el que ETA anunció que dejaba las armas, después de más de cuatro décadas de terror en España, el asesinato de más de 850 personas, más de 2.600 heridos, secuestros, amenazas y extorsiones que provocaron que 180.000 vascos se vieran obligados a salir de su tierra. Dos años antes había perpetrado su último atentado mortal en España, contra los dos guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada en Palmanova, Mallorca, y casi un año después de este, cometería su último asesinato, al policía francés Jean-Serge Nérin.
Más de una década después todavía hay 379 casos que siguen sin resolverse, es decir, casi la mitad de los crímenes cometidos por la banda terrorista. El mes pasado desde Leiza, municipio navarro gobernado por Bildu, se oía el desgarrador discurso de la viuda del cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro, María José Rama, que es uno de esos cientos de asesinatos no resueltos: «Yo no puedo más. De verdad que me siento ridícula con la palabra Justicia en mi boca», expresaba. «El sumario se ha vuelto a cerrar, se ha vuelto a archivar este año el caso, con lo cual yo no voy a ver juicio, no voy a ver sentencia y no van a cumplir la pena que tienen (los asesinos)».
Hace cuatro años tuvo que venir a España una delegación de ocho eurodiputados para tratar de arrojar luz al respecto. Entre las recomendaciones que los europarlamentarios plantearon en su informe se encontraba por ejemplo que se considerasen los asesinatos de ETA como crímenes de lesa humanidad; que los beneficios penitenciarios a los etarras se otorgaran en la medida en que colaborasen para esclarecer los atentados, o que se prohibieran los homenajes públicos a etarras, que suponen lo que se conoce como «victimización secundaria» o «revictimización» además de una humillación para las víctimas del terrorismo, reivindicaciones de las asociaciones de víctimas durante todo este tiempo.
El pasado agosto, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, documentó hasta 135 actos de apoyo a ETA solo en las fiestas patronales de este verano. En junio, registró casi 170 en lo que llevábamos de 2025, la gran mayoría, según denunció, organizados por Sortu y por Bildu o sus «organizaciones satélite», como Sare.
Es algo recurrente, en el País Vasco y en Navarra, y así lo vienen denunciando las asociaciones de víctimas y los partidos de la oposición, ver manifestaciones pidiendo la excarcelación de los presos o declaraciones en su apoyo -como muestra reciente, UPN denunció este verano al concejal de Convivencia de Pamplona por decir en un festival en favor de los presos de ETA: «Hasta que todos estén en casa. Viva nosotros. Vivan los nuestros. Viva Hatortxu»-, así como pancartas o actos en los que se homenajea a etarras.
Fin de la política de dispersión y un centenar de terceros grados
El Gobierno de Pedro Sánchez ha ido siguiendo al pie de la letra el guion marcado por Arnaldo Otegi, que puso sobre la mesa aquello de «presos por presupuestos»: «Tenemos 200 presos en la cárcel y, si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues los votamos», dijo en 2021 el dirigente de Bildu, socio indispensable del PSOE, con el que pactó entre otras cosas la ley de Memoria Democrática y al que regaló la Alcaldía de Pamplona.
Dos años después de aquello, en marzo de 2023, el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, anunciaba el acercamiento de los últimos cinco presos de ETA que quedaban por trasladar al País Vasco. Este mes de octubre, se conocía que el Gobierno Vasco, al que el Ejecutivo central transfirió la competencia de la gestión de prisiones en 2021, ya ha concedido 111 terceros grados a presos de ETA.
El caso más reciente ha sido la concesión del tercer grado a uno de los etarras más sanguinarios, Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi‘ -un asesino en serie que acabó con la vida de 15 personas-, que ha sido recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.