SARA HIDALGO GARCÍA DE ORELLÁN Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo-EL CORREO

  • El histórico acuerdo por el que una de las ramas de la organización terrorista dejó de matar tuvo un reverso oscuro: el no reconocimiento de las víctimas

Durante la Transición, el terrorismo acabó con la vida de 498 personas e hirió a otras 450 en España. Aproximadamente dos tercios de tales crímenes llevaban la firma del nacionalismo vasco radical, sobre todo de ETA militar, la banda más letal. Aunque en menor medida, ETA político-militar también dejó un largo reguero de víctimas: cometió 24 asesinatos, a los que se han de sumar dos de los Komando Bereziak en 1977 y otros dos de ETApm VIII Asamblea.

Una de las últimas campañas de los ‘polimilis’, que trataban de recuperar el protagonismo perdido, se dirigió contra UCD. El 29 de septiembre de 1980 un comando secuestró a uno de los líderes alaveses, el perito industrial Ignacio Ustarán. Su cadáver fue encontrado al lado de la sede de aquel partido. El 31 de octubre pistoleros de ETA-pm mataron a Juan de Dios Doval, miembro de la dirección de la UCD guipuzcoana, que ejercía como profesor universitario.

Dichos asesinatos tuvieron un desenlace inesperado: conmocionaron a las bases del partido EIA y de la coalición Euskadiko Ezkerra, íntimamente ligados a ETApm, que hasta entonces habían sido bastante comprensivas con los atentados. Por primera vez sintieron empatía hacia quienes sufrían los efectos de la violencia. Mario Onaindia admitió en sus memorias que el asesinato de Ustarán fue «el día más importante de la historia de EE». Aquella «revolución de los sentimientos» creó un contexto favorable para las conversaciones que el propio Onaindia estaba manteniendo con el ministro de Interior Juan José Rosón, a iniciativa de este último. Desembocarían en un acuerdo sin precedentes.

Como resultado, en febrero de 1981 ETA-pm declaró una tregua. Durante las negociaciones con el Gobierno, la organización se rompió en dos. El 30 de septiembre de 1982 el sector fiel a EE, ETA-pm VII Asamblea, dio su última rueda de prensa para anunciar su autodisolución. La contrapartida fue la reinserción de entre 250 y 300 ex ‘polimilis’ (incluyendo a militantes de otras ramas de ETA). A los que estaban detenidos (pendientes de juicio) se les concedió la libertad provisional bajo fianza. Ulteriormente fueron absueltos o su causa sobreseída. Quienes cumplían su condena en la cárcel fueron indultados. Los ‘exiliados’ fueron trasladados en los coches particulares de abogados ligados a Euskadiko Ezkerra desde Francia a Madrid. Una vez ante el juez de la Audiencia Nacional, se declaraban inocentes de todos los cargos por los que estaban imputados y se sobreseían las causas judiciales.

No cabe duda de que la disolución de ETA-pm fue una operación singular en nuestra reciente democracia y una buena noticia, pues significó que una de las ramas de ETA dejaba de matar, ahorrando muertes y sufrimiento, contribuyendo a rebajar el nivel de violencia terrorista y garantizando el éxito de la Transición democrática. El histórico acuerdo, no obstante, tuvo un reverso oscuro: el no reconocimiento de las víctimas. La amnistía encubierta dejó un sentimiento de injusticia y desamparo institucional a las familias de las personas extorsionadas, secuestradas, heridas y asesinadas por ETA-pm y sus escisiones.

Es importante recordar los nombres de sus víctimas mortales: Jerónimo Vera, Luis Santos, Argimiro García, José Díez, José Ramón Morán, Ovidio Díaz, Manuel López, Ángel Berazadi, José Luis Martínez, Jesús María González, Manuel Orcera, Javier de Ybarra, Alfonso Estevas-Gilmain, José María Maderal, Juan Luna, Dionisio Gonzalo, Jesús Emilio Pérez, Guadalupe Redondo, Dorotea Fertig, José Manuel Juan, José Manuel Amaya, Luis Hergueta, Mario González, Basilio Altuna, José Ignacio Ustarán, Juan de Dios Doval, Luis Manuel Allende y Alberto Martín. Como sus causas judiciales fueron amnistiadas o sobreseídas, la mayoría de los perpetradores no pagaron por sus delitos. Por ello, como mínima compensación, debemos a las familias de las víctimas tanto una justicia restaurativa como el derecho a la verdad.

La historiografía y otras ciencias sociales están trabajando para un mayor conocimiento de lo que fue el terrorismo de ETA, de cómo impactó tanto a nivel individual, en las víctimas, como a nivel colectivo, en la sociedad. También se está intentando dilucidar qué hacer con la compleja memoria que hemos heredado. La efeméride, los 40 años desde el fin de ETA-pm VII Asamblea, nos sirve para reflexionar sobre la violencia política, sus víctimas y las luces y sombras que arroja la disolución de una banda terrorista, algunas de las cuales debemos evitar que se repitan.

Gaizka Fernández y Sara Hidalgo son historiadores y coordinan la obra colectiva ‘Héroes de la retirada. La disolución de eta político-militar’ (Tecnos)