La disolución de ETA político-militar, que el 30 de septiembre cumple su 40º aniversario, marcó el primer eslabón en la lenta decadencia del terrorismo vasco. ETA-pm era la segunda organización terrorista vasca, tras ETA militar y delante de los Comandos Autónomos. Su disolución redujo sensiblemente los asesinatos etarras: de cerca del centenar en 1979 y 1980 a la mitad en los años ochenta sin que ningún polimili reincidiera. Lo posibilitó el clima integrador y tolerante de la Transición, así como el tratamiento del terrorismo como cuestión de Estado, hoy inexistentes.

La disolución de ETA-pm fue la primera fisura del terrorismo vasco en un país que vivía el dramatismo de la Transición con unas fuerzas de seguridad desprestigiadas por su papel en el franquismo, inadaptadas a la democracia y sin una hoja de ruta frente a la marca etarra, que contaba con un notable apoyo en Euskadi por su vitola antifranquista, con una guerra sucia rampante y Francia que no cooperaba con el Gobierno de UCD. El casi centenar de asesinatos anuales en 1979 y 1980 fue alarmante.

Estas causas determinaron que la disolución de ETA-pm resultara de un pacto singular. Lo negociaron tres políticos hoy fallecidos: el ministro del Interior del Gobierno de UCD, Juan José Rosón, y los dirigentes de Euskadiko Ezkerra —entonces brazo político de ETA-pm— Mario Onaindia y Juan María Bandrés. Fue un acuerdo de paz por presos sin contrapartidas políticas. Tras la disolución, en dos años y medio 300 polimilis fueron excarcelados o regresaron del exilio. Sus atentados, entre ellos 16 asesinatos cometidos entre la amnistía de 1977 y la tregua de febrero de 1981, previa a su disolución, fueron archivados para que desapareciera la segunda organización terrorista.

Si la necesidad de evitar otra guerra civil condicionó el pacto de la Transición, el terrorismo condicionó el acuerdo Rosón-Onaindia para disolver ETA-pm. Era prioridad nacional. Onaindia, Bandrés y los reinsertados sufrieron el acoso de ETA-m y su entorno por asumir el Estatuto de Autonomía y la reinserción porque la debilitaron. Dolores González Cataráin, Yoyes, exdirigente mili reinsertada, pagó con su vida.

Rosón no pagó un precio en su entorno del centroderecha. Su Gobierno, de UCD, la trató como una cuestión de Estado, lo que facilitó la disolución. La colaboración del PSOE, el PCE y Alianza Popular propició el compromiso de fiscales, jueces y los principales medios de comunicación. Felipe González relevó a Leopoldo Calvo Sotelo, tras las elecciones de 1982, y firmó 44 indultos entre 1983 y 1984. Los medios evitaron el sensacionalismo, y los exetarras excarcelados escondieron su entusiasmo para no herir a las víctimas, que fueron las sacrificadas al perder su derecho a la justicia.

Pero la reinserción fue un éxito. Retiró a 300 etarras, debilitó a ETA-m, redujo los asesinatos a la mitad y fijó una hoja de ruta. En el otoño de 1984, Rosón y Onaindia se reencontraron en unas jornadas sobre terrorismo y, basados en la disolución de ETA-pm, lograron que los principales partidos vascos pactaran un texto. Fue el embrión del Pacto de Ajuria Enea de 1988, la unidad democrática contra ETA, referente en el final del terrorismo en 2011.

Recordar esta historia en España suena a quimera. Hoy, las instituciones deberían reconocer unitariamente el primer hito del fin de ETA, a sus víctimas entonces olvidadas y a sus principales protagonistas —Rosón, Onaindia y Bandrés—, héroes de la retirada como los califica Gaizka Fernández Soldevilla, jefe de investigación del Memorial de Víctimas del Terrorismo, en su reciente libro.

No será posible porque desbarata la estrategia del PP. ¿Cómo puede asumir la disolución de ETA-pm, con indultos y sobreseimientos de causas, pese a las graves circunstancias de la Transición, cuando hoy, desaparecido el terrorismo, califica de traición el acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas, aconsejado por la legislación penitenciaria y los organismos internacionales? Su incomodidad fue manifiesta cuando RTVE, controlada por el Gobierno de Rajoy, censuró la miniserie dedicada a Onaindia y a la disolución polimili, pese a cofinanciarla. Tuvo que irse Rajoy para que se estrenase.

El PP no quiere reconocer la victoria democrática sobre el terrorismo por electoralismo. Su coartada es la presencia parlamentaria de Bildu, a la que equipara con ETA. Olvida deliberadamente que el fin del terrorismo etarra en 2011 fue unilateral, sin concesiones políticas, que sus presos cumplen sus condenas y que Bildu es legal porque sus estatutos rechazan el terrorismo. Incumple los pactos antiterroristas que firmó el PP en 2000 y AP en 1988.

La derecha ha involucionado respecto a UCD. Intolerante y sectaria desde que Aznar sacó el terrorismo del pacto de Estado, lo usó a su conveniencia —dialogó con ETA y acercó presos cuando le interesó— y lo convirtió en arma de confrontación contra los gobiernos socialistas sin escrúpulos en utilizar a las víctimas. Ha ignorado la lección de Rosón en la disolución polimili de valorar la inteligencia política, la convivencia y el pacto en cuestiones de Estado como el terrorismo.