EL MUNDO 03/07/14
Víctimas del terrorismo e intelectuales suscribieron ayer un manifiesto, abierto a la sociedad, para unirse contra la impunidad de ETA, exigir una política penitenciaria con los reclusos de la banda «sin atajos» y lograr un final de la organización basado en la dignidad. La iniciativa corresponde al colectivo de víctimas del terrorismo de Euskadi, Covite, que puso así el broche final a unas jornadas de tres días de debate sobre El fin de ETA y la recuperación de la dignidad y la libertad en el País Vasco: temas pendientes.
Asociaciones de víctimas de Italia y Francia y de comunidades como Cataluña, Extremadura, Canarias y Murcia; el filósofo Fernando Savater, la académica Carmen Iglesias, el escritor Jon Juaristi, el teólogo y sociólogo Joseba Arregi, y el escritor y director de cine Jorge Martínez Reverte, son algunos de los que han suscrito el texto, al que pueden adherirse los ciudadanos a través de la página web www.manifiestodignidad.com.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, presentó esta iniciativa, que ante todo quiere ser un «no» al proyecto político de ETA y a un terrorismo que, según los firmantes, pretende la imposición de unos objetivos políticos nacionalistas. El manifiesto insiste en que el Estado, el Gobierno y los partidos han de evitar la «impunidad política, histórica y moral derivada de la presencia en las instituciones democráticas de formaciones que no condenan los asesinatos de sus conciudadanos».
«No a la banalización» es el segundo de los epígrafes de este manifiesto, que advierte del peligro de «descontextualizar y de asumir progresivamente la perspectiva de las palabras del mundo de ETA», porque puede llevar a la «relativización de los grandes principios democráticos». Los firmantes recuerdan que los presos de ETA no son prisioneros políticos, sino «terroristas que han asesinado y perseguido por una motivación política totalitaria y etnicista».
Las víctimas, que han criticado la dejación del Estado de Derecho para hacer justicia, consideran imprescindible que se establezca como prioridad la resolución de los crímenes no enjuiciados, «incluso si éstos han prescrito». Los firmantes expresan su deseo de que la política penitenciaria no se convierta en «una política de gracia» y aseguran que la excarcelación anticipada, «enmascarándola en una aplicación tramposa de la ley, supone una forma de impunidad».
Exigen la colaboración de los reclusos para el esclarecimiento de los crímenes sin resolver.