«No acataremos nada que venga del TC», dijo ayer el diputado de la formación independentista radical, Benet Salellas, en directa alusión a la posibilidad de que el Constitucional opte por inhabilitar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o a alguno de los diputados implicados en la votación secesionista que había prohibido explícitamente el Alto Tribunal.
«¿Hay inhabilitaciones? Afrontaremos inhabilitaciones ¿Hay multas? Multas», manifestó rotundo Salellas. Para el diputado de la CUP, el proyecto independentista «es tan importante que las decisiones del TC ni dan miedo, ni sirven para parar este embate».
En lugar defender la votación soberanista del pasado miércoles en el Parlament como un acto de soberanía, Salellas prefirió describirlo como un acto de rebeldía, «de no acatamiento y no subordinación a los mandatos de un tribunal ilegítimo y desprestigiado» que los cuperos no reconocen.
Salellas se mostró ayer convencido de que su postura es compartida por un gran número de catalanes, que estarían dispuestos a responder de forma «muy clara y muy masiva» en la calle si el Tribunal Constitucional optara por inhabilitar a algún parlamentario catalán o activar la vía penal contra Forcadell.
La presidenta del Parlament conocerá hoy la respuesta del Tribunal Constitucional, que se reúne en pleno a las 12.30 horas para decidir qué medidas adopta para garantizar el cumplimiento de la sentencia en la que declaró inconstitucional y nulo el denominado «proceso de desconexión» aprobado por el Parlament.
En paralelo, la CUP y el Partit Demòcrata Català se enzarzaron ayer después de que los antisistema exigieran un referéndum unilateral en 2017 para respaldar la cuestión de confianza a Carles Puigdemont. La coordinadora de la nueva Convergència, Marta Pascal, avisó a los cuperos de que «nadie está en disposición de poner condiciones».