El Congreso va a aprobar mañana casi con toda seguridad la toma en consideración de una proposición de ley del PNV que pretende revertir la reforma exprés del Tribunal Constitucional (TC) que aprobó el PP en solitario el año pasado y que ha concedido nuevos medios al Alto Tribunal para conseguir que sus resoluciones se cumplan, incluyendo la suspensión cautelar de los cargos que desobedezcan sentencias.
La reforma legal se elaboró con la vista puesta en el proceso independentista catalán y en cargos de máxima relevancia, como el de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, actualmente investigada precisamente por desobediencia. Contó por ello con la oposición frontal de los independentistas catalanes y también de los nacionalistas vascos, que ya en su momento recurrieron sin éxito la reforma ante el propio Tribunal Constitucional.
Ahora, el intento de revertir la reforma llega a la Cámara Baja, que empezaría la tramitación de este cambio legislativo mañana mismo si el PSOE vota finalmente a favor en el Pleno, como parece que hará y apuntan distintas fuentes parlamentarias. Si los socialistas apoyan la toma en consideración de la proposición de ley se sumarán a Podemos, a ERC, al Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT, la antigua Convergència) y al PNV. El PP y Ciudadanos se quedarían solos votando en contra y perderían.
El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, explicó ayer en Madrid que «aquella reforma no tenía sentido ni en el fondo ni en la forma, por lo que hay que ver la forma de revertirla». Los socialistas no apoyarán la tramitación de la proposición de ley que ha presentado el PDeCAT en el mismo sentido, sino sólo la del PNV, a pesar de que son muy parecidas. Jiménez aseguró ayer que «la posición del PNV encaja más» con la de los socialistas.
Fuentes parlamentarias afirmaron que esta decisión «suena a excusa» para que «nadie pueda acusar al PSOE de apoyar una propuesta de un partido independentista catalán, aunque esté de acuerdo con ella». Las mismas fuentes añadieron que el PSOE gobierna el País Vasco con el PNV y le es mucho más cómodo votar a favor de la toma en consideración de la proposición vasca.
Según la propuesta del PNV, la posibilidad de suspensión de autoridades y empleados públicos convierte «dicha facultad en una auténtica sanción que vulnera el artículo 161 de la Constitución Española».
En su iniciativa, el PNV propone también derogar el recurso previo de inconstitucionalidad de los estatutos de autonomía, una reforma también de 2015 pero que sí fue pactada entre el PP y el PSOE. Los socialistas pedirán al Grupo Vasco la votación separada de los dos puntos para poder votar a favor de la derogación de la reforma del TC y en contra de la supresión de los recursos.
El PNV entiende que el recurso previo de inconstitucionalidad supone «un auténtico veto político» y «un control a priori y de carácter preventivo». PP y PSOE pactaron esta reforma para impedir que volviera a ocurrir lo que pasó con el Estatut, que fue aprobado por el Parlament, pasó el tamiz del Congreso y se votó en referéndum, pero en el que luego el TC introdujo cambios.