Editorial-El País
Nada más conocerse los resultados de las elecciones, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, que con el 43% de los votos han logrado sumar 66 escaños (sobre un total de 135), se han proclamado vencedores y reclamado para sí el derecho a gobernar Cataluña.
Editoriales anteriores sobre el 21-D Agrupamos aquí los editoriales sobre las elecciones en Cataluña Están en su derecho de intentar formar gobierno. Otra cosa es que puedan conseguir llegar a la investidura con un proyecto viable, el candidato que ellos quieren y el respaldo mayoritario del Parlament. O que el día después de la investidura puedan garantizar un Gobierno estable y capaz. Especialmente si deciden completar esa mayoría relativa con los cuatro escaños de la CUP, esa capacidad estará en entredicho desde el minuto uno.
En la euforia del día siguiente, el expresident Puigdemont, cabeza de lista de JxC, ha afirmado la derrota de la Monarquía, la abolición del artículo 155, recordado que la República ya está proclamada, interpretado la elección del jueves 21 como una ratificación del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre y llamado a Rajoy a reunirse con él en el extranjero para negociar bilateralmente.
Ninguna de esas afirmaciones, tomadas de forma individual o conjuntamente, allana el camino de Puigdemont, su partido o el bloque independentista hacia la Generalitat. Al contrario, lo alejan de ella pues demuestran que el expresident no ha entendido que las elecciones celebradas el 21-D tenían como objetivo principal restaurar el autogobierno mediante el juego democrático normal dentro los límites marcados por la Constitución y el Estatut.
Hay que lamentar por esa razón que las fuerzas políticas del independentismo hayan decidido ignorar tan alegremente el hecho de que la fuerza más votada ha sido Ciudadanos —a cuya líder, Inés Arrimadas, no han tenido la cortesía de nombrar ni felicitar, como si no existieran ni ella ni sus votantes—. Y que hayan omitido el hecho de que los tres partidos (PP, PSOE y Ciudadanos) que respaldaron el artículo 155, al que dicen haber derrotado, han logrado el respaldo de casi 1.900.000 catalanes, esto es el 43,5% de los votos y un importantísimo número de escaños (57).
Las elecciones no han hecho sino confirmar lo necesario y acertado que fue aplicar el artículo 155: en una sociedad tan profundamente dividida, la imposición de una secesión unilateral y no pactada era un proyecto profundamente antidemocrático. De ahí que restaurar la legalidad y las instituciones fuera un paso imprescindible para volver a la normalidad.
Se trataba entonces de defender la democracia y la convivencia. Y de eso se sigue tratando.Por eso, no conviene dejarse llevar por el desánimo: aunque los partidos constitucionalistas no hayan logrado un resultado que les permita formar gobierno, han logrado, además de una importantísima victoria moral, hacer visible su existencia y fortaleza. Ellos y sus votantes tienen garantías plenas de que el Estado de derecho, la Constitución y el autogobierno seguirán funcionando y que los intentos de ruptura no prosperarán. Los independentistas han logrado un resultado notable (sorprendente, según se observe la realidad catalana). Pero son ellos los que tienen que convertirlo en un Gobierno estatutario viable. Veremos si son capaces.