Wilhelm Hofmeister-El País
La valoración de las infracciones de la Constitución y de las leyes por parte de Puigdemont y su gobierno debería dejarse en manos de los tribunales españoles
Cuando a comienzos del siglo que viene los historiadores vayan a describir el declive de la Unión Europea y los conflictos subsiguientes en el continente, seguramente seguirán en la tradición de Tucídides para buscar las causas verdaderas (próphasis) y las causas próximas (aitiai) para el reiterado desastre. No resulta difícil prever que el comportamiento en Alemania frente al separatismo catalán será reconocido como una de las causas próximas (aitiai)para el declive de la Unión Europea.
Entre otras, la Unión Europea se basa en la idea de que constituye una comunidad de democracias liberales en un marco de Estado de derecho. En estos momentos, en Alemania esta idea se pone seriamente en entredicho. No sólo por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein, por el que ha sido concedida la libertad provisional al líder separatista Carles Puigdemont, sino también por la reacción de políticos y medios de comunicación que niegan al Gobierno y a la Justicia de España la competencia para enjuiciar a los separatistas conforme a las reglas del Estado de derecho.
Para su decisión, el tribunal del land alemán estableció analogías con el Estado federal alemán. Aunque por una parte resulte comprensible, dado que el tribunal sólo puede tomar como referencia a su propio entorno, por otra parte, no obstante, parte de por sí de un principio erróneo, porque España no es ningún Estado federal y porque las CC AA en España tienen una posición constitucional muy diferente a la de los Estados federados alemanes. Los derechos autonómicos de Cataluña superan en muchos ámbitos el marco de competencias de los Estados federados alemanes.
Además, el consenso constitucional español es consecuencia de unos hechos históricos completamente diferentes a los que determinaron el orden constitucional en Alemania. A este consenso se le podría calificar de precario por lo que, entre otras razones, la reforma de la Constitución es mucho más complicada y lenta que en Alemania. Los padres de la Constitución Española lo acordaron así para no poner en riesgo de forma temeraria el consenso alcanzado hace 40 años cuando se redactó y refrendó la Constitución. Por esta razón, al haber infringido abiertamente la Constitución —como es el caso de Carles Puigdemont—, en el contexto nacional de España el peso de dichas infracciones es muy diferente a la percepción que se puede haber dado en el extremo norte de Alemania.
En lugar de concentrarse en las reglas básicas de la Orden de Detención Europea y de extraditar a Puigdemont a España, el Tribunal de Justicia de Schleswig-Holstein pretendió llevar a cabo en el plazo más corto posible una valoración cualificada de los hechos que rodeaban el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre, algo que ni se le había exigido y que excedía claramente las competencias de dicho tribunal.
La valoración de las infracciones de la Constitución y de las leyes por parte de Puigdemont y su Gobierno debería dejarse en manos de los tribunales españoles. La democracia liberal de España no sólo permite que personas (como Puigdemont y otros) puedan ser candidatas en las elecciones, a pesar de haberse sustraído a la justicia al huir al extranjero, sino también tenían la posibilidad de aceptar su mandato desde el extranjero e incluso de delegar su voto (¡además de cobrar también sus dietas!). En Alemania esto sería impensable. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que los separatistas inculpados vayan a tener un juicio justo y ordenado propio del Estado de derecho en España. Sus abogados tendrán la posibilidad de rebatir los diferentes puntos de la acusación, y el tribunal no estará obligado a atenerse al escrito de acusación, del mismo modo que el tribunal de Schleswig tampoco se atuvo a la petición de extradición de la fiscalía.
Del todo nefasto sería la propuesta de que la UE o incluso Alemania deban asumir un papel de mediadores para intermediar en el conflicto entre el Gobierno español y los nacionalistas catalanes. Aunque se lamente que el Gobierno español no haya puesto más interés en una solución política de la crisis al apostar en exceso por una solución jurídica, revalorizar ahora a Puigdemont mediante una iniciativa de mediación supondría que él se podría ver aún más cerca de alcanzar su objetivo. Por supuesto, él va a prometer todo para involucrar a la UE o a Alemania en el conflicto. En tal caso, él se convertiría en dueño del proceso y podría aumentar sin límite el precio a pagar para alcanzar un acuerdo. Los nacionalistas catalanes no buscan un mayor grado de autonomía, sino su objetivo es alcanzar la soberanía, es decir, la escisión de España para fundar un Estado propio. Esto es algo que la Unión Europea no debe y no puede propiciar si quiere evitar una de las causas de su futuro declive.
Wilhelm Hofmeister es director de la oficina de representación de la Fundación Konrad Adenauer en Madrid.