MIQUEL ESCUDERO-EL CORREO
El Gobierno ha celebrado este viernes su anunciado Consejo de Ministros en Barcelona. Un año después de las elecciones autonómicas que convocó Rajoy, tras aplicar el artículo 155 de la Constitución. Cabe recordar que las ganó Inés Arrimadas, pero que no pudo sumar los votos precisos para ser presidenta de la Generalitat. ¿Era preciso hacer esta reunión en Barcelona este día? Es evidente que no. Creo que hubiera sido mejor no organizarla. Pero es indudable que el Gobierno tiene derecho a reunirse donde quiera y como quiera. Sólo faltaría que tuviera que pedir permiso. ¿A quién?
En el enésimo ejemplo de que sólo se puede esperar de los separatistas una insatisfacción permanente, y que con nada se van a contentar, han acusado a Sánchez de ir a provocar. ¿Cuál es el balance de este día, y qué dicen al respecto los ciudadanos catalanes en sus conversaciones privadas?
En la víspera se produjo un encuentro de Sánchez y Torra, tras «intensas negociaciones» (señal indudable de postureo para lograr fotos e impresionar a los incautos, que son legión), que concluyó con un comunicado que se podían haber ahorrado. Vean las expresiones: «apuesta por un diálogo efectivo», «la vía del diálogo requerirá del esfuerzo de todas las instituciones», «coinciden en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña». Se evita mencionar la Constitución, calificada día tras día por Torra como antidemocrática; quien promueve leyes dictatoriales sí tiene derecho a decir disparates.
Se volvieron a encontrar en una cena convocada por Foment, la gran patronal catalana. Torra no se quedó a la entrega de premios. Se fue corriendo a otro acto, relacionado con los políticos presos (ya abandonada la huelga de hambre, tras una petición conjunta de los expresidentes de la Generalitat). A este acto le acompañó una ‘consellera’ investigada por irregularidades en su gestión anterior, y que hace una semanas soltó por radio que el ‘conseller’ de Interior le había dicho que los Mossos d’Esquadra no la investigaban, sino la Policía Judicial. Esto es improcedente dado que los agentes de la policía autonómica actuaban bajo secreto de sumario como policía judicial. Hubo desmentidos y luego olvido. ¡Qué nivel!
Destacan dos decisiones ministeriales de este viernes, en clave catalana: el aeropuerto de El Prat pasa a denominarse ‘Josep Tarradellas’ (¡si éste levantara la cabeza!) y, en gesto dirigido a ERC, una declaración de condena del consejo de guerra que sentenció a muerte a Lluís Companys; el Gobierno no tiene potestad de anular su juicio. Muy pobre balance, ciertamente, tras un despliegue de 9.000 policías para proteger a un Gobierno asediado. Una penosa escenificación de que tanto Sánchez como Torra se necesitan; debe recordarse que en la moción de censura a Rajoy, aquel afirmó su intención de convocar enseguida elecciones, pero las palabras se las lleva el viento, aunque consten en acta. Prima el objetivo del poder a toda costa.
Unas medidas de seguridad excepcionales no han impedido la ocupación de carreteras y de calles. Muchos ciudadanos, conscientes de la total impunidad que gozan los elementos CDR, han modificado sus planes de transporte para no verse gravemente entorpecidos en estos días prenavideños. Se ha instalado entre ellos una ‘psicosis’ preocupante. ¿No se siente responsable Sánchez de este desamparo, de esta degradación democrática? Parece que no.
En el momento en que escribo se habla de 43 heridos en los enfrentamientos urbanos entre los Mossos d’Esquadra y los manifestantes, de los cuales 28 son policías. Sobran comentarios. Es de destacar la surrealista actuación de unos bomberos como mediadores entra las fuerzas del orden y las fuerzas de choque de Torra (a quienes públicamente pidió: «apretad»).
No quiero dejar de consignar la brutal agresión a Cake Minuesa. Tras levantarse del suelo el periodista, sangrando: una mujer dijo que era un montaje, otro ultra se quejó de que fuera a provocar: «gracias a nosotros no han seguido (golpeándote). Otra señora ‘amarilla’ le regaló un croissant «en senyal de pau». Aunque no parecía ir de coña, quizá creyese que el golpe monumental era disculpable.
La política democrática y liberal requiere atender la realidad de la calle. Es una necesidad que no se atiende lo suficiente. Pero otra cosa es la política callejera, que desatiende la resolución de los problemas concretos y promueve la algarada en la calle. ¿Hasta cuándo?