Uno de los grandes riesgos de cualquier programa de transferencias estatales es que se emplee el dinero público en crear redes clientelares, es decir, en comprar votos. Como es bien sabido, cualquier político que usara su propio patrimonio para comprar votos estaría delinquiendo, pero en cambio si esa adquisición de votos se articula indirectamente a través del presupuesto público, entonces puede terminar siendo perfectamente legal (salvo cuando quepa imputar malversación de caudales públicos, lo que no suele resultar sencillo).

Ahora bien, en contra de lo que muchas veces suele suponerse, la creación de redes clientelares no va necesariamente dirigida hacia las rentas más bajas. Los políticos despliegan su actividad de compra de votos hacia aquellos colectivos sociales que son más numerosos: lo que se busca es el granero de electores, no necesariamente que esos electores sean pobres (es verdad que el populismo bolivariano y peronista ha concentrado históricamente gran parte de sus esfuerzos clientelizadores en los estratos más pobres de la sociedad, pero porque en esos países buena parte de los votos se concentra ahí).

Hace ya décadas, el economista Aaron Director sintetizó este principio para los países desarrollados en lo que posteriormente se ha denominado la ley de Director: en las democracias occidentales, la redistribución de la renta no va desde ricos a pobres, sino desde ricos y pobres hacia las clases medias. ¿Y por qué hacia las clases medias? Pues porque allí está el grueso de los votos. Y lo que buscan los políticos es justamente eso: los votos. 

Durante los últimos días, el Gobierno de España ha puesto en práctica del modo más bochornoso posible esta ley de Director. Conforme ha ido desgranando el contenido del anteproyecto de presupuestos para 2022, hemos ido conociendo las muy diversas y muy caras maneras en que pretende comprar votos: indexar las pensiones al IPC conllevará este año un coste cercano a los 5.000 millones de euros; elevar un 2% el salario de los empleados públicos costará 3.000 millones de euros; el bono de acceso a la vivienda para jóvenes supondrá un sobregasto de 200 millones de euros, y, por último, el bono cultural para quienes cumplan 18 años (la mayoría de edad y también la edad en que se adquiere el derecho al voto) supondrá unos desembolsos extra de 200 millones de euros. En total, pues, el gasto público se incrementará permanentemente en 8.500 millones de euros anuales.

¿De cuánto dinero estamos hablando? Desde una perspectiva liberal, podemos ponerlo en relación con la exacción tributaria que padecen los contribuyentes: 8.500 millones de euros rondan el 10% de la recaudación anual por IRPF. O dicho de otro modo, como alternativa a esas nuevas partidas de gasto, podríamos reintegrarle a la población el equivalente al 10% del IRPF (en realidad no, porque tenemos un gigantesco déficit público y, por tanto, sin recortes enérgicos del gasto no hay margen para bajar impuestos). Desde una perspectiva socialdemócrata, podemos poner esa suma en relación con las transferencias que sí reciben específicamente aquellos hogares con una renta más baja: por ejemplo, en relación con el ingreso mínimo vital. El coste de esta partida asciende a 3.000 millones de euros: es decir, que con 8.500 millones de euros adicionales podríamos haber más que triplicado el monto del IMV que sí va específicamente dirigido a los hogares más desfavorecidos.

¿Por qué entonces PSOE y Podemos, partidos de supuesta orientación socialdemócrata, han priorizado redistribuir la renta hacia las clases medias en lugar de hacia los hogares más desfavorecidos? Pues porque lo que realmente ambicionan es maximizar votos, y la mayor bolsa de votantes se halla en las clases medias: casi 10 millones de pensionistas, 3,3 millones de empleados públicos y alrededor de un millón de jóvenes agraciados por los nuevos bonos ‘sociales’. Por tanto, más de 14 millones de electores a los que PSOE y Podemos mimarán crematísticamente antes de los nuevos comicios de 2023. ¿Para qué concentrar alternativamente todo ese dinero en apenas 336.000 hogares (los actuales beneficiarios del IMV)? No es el interés general lo que buscan, sino su interés personal y partidista de mantenerse en el poder.