ALBERTO AYALA-EL CORREO

PSOE y PNV son, como saben, los dos partidos más antiguos de España. Distintos y distantes en lo ideológico, ambos tienen muy claro que las elecciones se ganan controlando el centro y ocupando el mayor espacio posible.

Si los jeltzales son hoy de largo la primera fuerza política vasca es porque les votan autonomistas e independentistas, empresarios y asalariados, moderados y socialdemócratas. Algo que no está al alcance de nadie más.

El PSOE ha tenido etapas, como la Segunda República, en la que compartían militancia líderes templados como Indalecio Prieto con otros abiertamente radicales como Francisco Largo Caballero. Hoy no existen esas diferencias ideológicas tan acusadas.

En lo que ningún presidente de Gobierno socialista, ni González ni Zapatero ni Sánchez, ha tenido dudas es en el perfil de sus ministros económicos. Miguel Boyer, Carlos Solchaga, Pedro Solbes, Elena Salgado y, ahora, Nadia Calviño pertenecen al sector más moderado de la socialdemocracia y todos ellos han tenido o tienen excelentes relaciones con los grandes poderes económicos. Ellos desarrollaron políticas que permitieron la modernización del país, pero en muchos casos a costa de incrementar el paro y precarizar el empleo.

Pero hay ‘curiosas’ coincidencias. El ministro navarro, desde hace años empresario de éxito, aumentó de 10 a 15 años el tiempo de cotización necesario para cobrar una pensión. Con Zapatero en la Moncloa, en plena recesión y por exigencia alemana, Salgado elevó la edad de jubilación de 65 a 67 años, y amplió el período de cómputo de 15 a 25 años.

A punto de que los Presupuestos del Estado para 2021 reciban la próxima semana el plácet final del Parlamento, sigue la bronca interna en el Gobierno entre un PSOE que se mantiene, según las encuestas pero con un PP cada día más cercano, y un Podemos que sigue su cuesta abajo. Los desahucios y la subida del salario mínimo enfrentan en este momento a Calviño e Iglesias, pero también a la vicepresidenta con algunos ministros del PSOE. Aun así es del todo improbable que la coalición salte por los aires. Sánchez no tiene modo de conformar una mayoría alternativa para seguir en La Moncloa.

Pero queda por librar la que puede ser la madre de todas las batallas: la eventual reforma de la Ley de Pensiones. Objetivo, reducir el multimillonario déficit actual a costa de que los futuros pensionistas cobren bastante menos. El ministro Escrivá ya ha presentado un plan para elevar de 25 a 35 años el periodo de cómputo. Unidas Podemos y los sindicatos han puesto pie en pared.

Macron acaba de frenar este mismo debate en Francia hasta que pasemos la pandemia y vayamos saliendo de la crisis. ¿Lo hará Sánchez? ¿Puede hacerlo? ¿Ha condicionado Europa su generosa ayuda a que sí o sí se haga ya este ajuste? Suena extraño el movimiento de Escrivá cuando apenas han transcurrido unas semanas desde que se aprobaron las genéricas recomendaciones del Pacto de Toledo. Si Sánchez ordena seguir adelante es harto improbable un acuerdo entre los socios. Para Podemos sería una oportunidad para recuperar votos. Atentos pues. Este es el gran debate político de los próximos tiempos.